Muestra de fotografía ferroviaria

Atlas de Hierro
Fotogalería 2008, convocada por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Facultad de cencias sociales, sede Ramos Mejía.

A.R.S. ASTILLERO RIO SANTIAGO

Sábado 5 de julio a las 18hs por Canal 7

Video documental de 1 hora de duracion. Cuenta la Historia del Astillero mas grande de latinoamerica y la lucha de sus trabajadores para mantenerlo en funcionamiento y Estatal. Este documental intenta reivindicar el rol del trabajador y su producción artesanal en contraposición a la especulación financiera y la "derrota cultural" que nos hace pensar que lo importado es mejor que la industria nacional y que lo estatal es peor que las empresas privadas. Realizada por Ivan Gotthold y estrenada en el 19º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2004.

Por un Campo productivo al servicio de la Nación y nuestro Pueblo

Frente a la decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso de la Nación el tratamiento de las retenciones móviles, Movimiento Proyecto Sur expresa su posición ante la "cuestión agraria", considerando que no estamos frente a una problemática sectorial sino nacional, puesto que se compromete el interés de todos los argentinos, en especial el de los sectores de más bajos recursos.

A 100 días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsabilidad central del gobierno, quien con una medida desacertada aglutinó a los diversos sectores del campo a pesar de la diversidad de sus intereses. También es un deber mencionar la responsabilidad de las entidades gremiales agrarias, históricamente representativas de muy distintos intereses, pero hoy abroqueladas. Para nosotros, no es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dictaduras y al saqueo de la nación, que quienes nacieron del "Grito de Alcorta". A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoyados en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes multinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.
Por último, también marcamos el lamentable papel que ha jugando parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pretenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al gobierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de "golpe" para cerrar filas e impedir el debate que nos debemos.

Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gradualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería, que incluso goza de exenciones impositivas y subsidios. Política que también beneficia a las corporaciones petroleras y a la actividad itícola.
Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal – Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria. Es el caso de los pools de siembra y arrendatarios; los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de 10 has. cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblaciones. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.

Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino, exige atender el reclamo de las dos terceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto actual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones (Mocafor, Mocase, Frente Nacional Campesino, entre otros). No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Central 50.000 millones de dólares de reservas, existen regiones del país - como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco- con 50% de desnutrición, con más de 2,8 millones argentinos en estado de indigencia y más 5 millones en la pobreza?

Por estas razones, Proyecto Sur propicia:
Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.
Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evolución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad (en contraposición al monocultivo sojero), todo ello garantizado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.
Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa (de Soros, con 600.000 hectáreas) estén exentos del impuesto a la ganancia; el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con "mesas de concertación" por producto agrícola; una equitativa coparticipación federal; limitación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la producción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como herramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las Universidades Nacionales en la cuestión agraria; desarrollo de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multinacionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.
Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la iniciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones necesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la resolución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores de las enunciadas, (22% al 27%), mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no sólo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sector más concentrado.

Se puede. Sólo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la defensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la alimentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispensable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.
Desde sus inicios Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse sin no se recuperan para la Nación, los recursos naturales. Hoy volvemos a reiterarlo.

Por PROYECTO SUR: Fernando "Pino" Solanas – Alcira Argumedo – Luis Brunati - Claudio Lozano - Jorge Cardelli - Rubén Ruiz – Mario Mazzitelli – Jorge Selser – Carlos Del Frade
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La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta

Luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el referente de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas aseguró que "el debate que hoy queda abierto es cuáles son las rentas excepcionales que tiene la Argentina para acabar con la indigencia y la pobreza" y agregó: "¿Cuánto significa la renta de hidrocarburos?, ¿cuánto la de la minería, la de los pooles sojeros exentos del pago al impuesto a las ganancias, la de las multinacionales de exportación de granos y las pesqueras?"

Además, Solanas dijo que "el envío del proyecto de ley sobre las retenciones al Congreso debe permitir un amplio debate y no un paquete cerrado que impida la discusión sobre el tema. La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta, y que no son sólo las del agro. Esto merece un debate, además de discutir el modelo impositivo que arrastramos desde antes de Menem".

El Gobierno demostró tener menos cintura que un pavo al esperar
más de 90 días para que intervenga el Congreso en un tema tan conflictivo
El referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas se refirió a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agregó:

Por otro lado, la apreciación de la presidenta respecto a los principios democráticos es compartida por el referente de Proyecto Sur, quien aseguró: "nosotros recibimos con beneplácito la reafirmación de los principios democráticos y republicanos del cual el país no puede apartarse." "Las retenciones no pueden cuestionarse, pero el uso de este instrumento debe ampliarse a sectores donde se ponen en juego riquezas argentinas de mayor magnitud. Lo hemos dicho desde el primer momento: las retenciones móviles y bien segmentadas son legítimas y necesarias y no se justifica la continuidad del paro rural o los cortes de rutas", sostuvo Solanas y continuó: "el Gobierno sigue teniendo doble discurso porque las retenciones móviles también deben aplicarse al petróleo que en los últimos cien meses duplicó su precio. La disputa por los 800 millones que aportan las nuevas retenciones rurales es mucho menor que lo que podría haberse obtenido con el aumento de las retenciones petroleras".
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¿Es necesario que un obispo se crucifique en La Quiaca para que los gobiernos se enteren de que hay desnutrición y desocupados?

El obispo Jesús Olmedo junto a otros diez parroquianos representaron su crucifixión en La Quiaca y tres mil personas cortaron y ocuparon el puente internacional denunciando la gran emergencia social en que se encuentra el norte de Jujuy. Al respecto, el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas expresó: "¿Es necesario que un obispo se crucifique en La Quiaca para que los gobiernos se enteren de que el 50% de la población está desnutrida y el 60% desocupada?". "La presidenta habla de enfrentar la pobreza pero ¿qué explicación puede darnos teniendo cincuenta mil millones de dólares en el banco y habiendo recaudado miles de millones de las retenciones del campo?", agregó.

Solanas finalizó: ¿Cuántos más deberán crucificarse para movilizar la opinión pública? ¿Y el Gobierno cuándo seguirá teniendo tres millones y medio de indigentes y hambrientos mientras se producen en el país ciento treinta y cuatro millones de toneladas de alimentos?

Imitando lo de Cerro Dragón
Ahora Neuquén prorroga las concesiones petroleras
El Gobierno de Neuquén anunció que renegociará los contratos con las empresas petroleras
El referente de Proyecto Sur y Presidente del Grupo MORENO, Fernando "Pino" Solanas, se refirió al nuevo anuncio: "Imitando lo de Cerro Dragón, ahora es en Neuquén donde el gobernador Jorge Sapag prorroga las concesiones petroleras 10 años antes de lo que marca la ley, entregando una vez más, nuestro recursos estratégicos"."Como consecuencia de la transferencia que Kirchner hizo de los yacimientos a las provincias, el Gobierno de Sapag (como el de Das Neves en Chubut) pretende prorrogar las concesiones por 20 ó 30 años, 10 años antes de su vencimiento", añadió Solanas.Respecto a la falta de gas, el referente de Proyecto Sur expresó que "nos han chupado las reservas que teníamos y nuestro gas y petróleo se va al exterior mientras aquí falta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que saqueen nuestros recursos, que le pertenecen no sólo a nuestra generación sino a la de nuestros hijos y nietos?"

Coalición por una Radiodifusión Democrática

INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Los 21 puntos
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.