El núcleo esencial

Por Alcira Argumedo

Si quiero replicar declaraciones de Alberto Lapolla en una entrevista realizada por Página/12 el 22 de julio, bajo el título “Lozano no tendría que haber votado en contra”, se debe a que, por encima de algunas facetas menores, señala tres temas que considero pueden aportar al debate sobre el conflicto “del campo” en un ambiente de menores tensiones.
El entrevistado afirma que el voto de Claudio Lozano no respetó la propuesta programática de Proyecto Sur y jugó a favor de la Sociedad Rural y que, en mi caso, habría señalado que “la Sociedad Rural no era la misma de antes”. Tal vez por dificultades de comprensión conceptual, o debido al apuro por informar acerca de mis opiniones, Lapolla no captó el núcleo esencial del tema. Por una parte, la heterogénea composición del sector agropecuario actual, donde juegan nuevos grupos de poder, como los pools de siembra y las grandes exportadoras transnacionales de granos y oleaginosas, junto a una recomposición social derivada de la pérdida de cientos de miles de pequeñas y medianas propiedades por parte de productores, víctimas de las políticas catastróficas del menemismo, junto al fortalecimiento de sectores medianos y nuevos grandes terratenientes beneficiados con la entrega de tierras fiscales especialmente en ciertas provincias. Además de los pequeños campesinos y las comunidades indígenas acosadas por los desalojos y desmontes con destino a la soja.

La simplificación de la “contradicción principal” entre el gobierno “nacional y popular” y “el campo” que caracterizara a la estrategia de confrontación kirchnerista permitió meter en la misma bolsa a sectores muy diferentes entre sí, y de este modo otorgó bases de movilización a la Sociedad Rural que jamás hubiera tenido de haberse planteado de entrada una política clara de correctas retenciones móviles y claramente segmentadas en función de la capacidad productiva de cada uno de ellos: allí estaba el dato acerca de la existencia de un 20 por ciento de los empresarios que controlaban el 80 por ciento de la producción. Con los estudios y evaluaciones rigurosas del caso, la aplicación correcta de una medida correcta podría haber evitado la movilización de miles de ruralistas: los medianos y pequeños de la Federación Agraria –que, aunque algunos tengan 500 hectáreas, no es lo mismo que poseer las más de 10 mil o 20 mil hectáreas de los grandes en serio– y por supuesto tampoco a los autoconvocados de los pueblos del interior, que protagonizaron el grueso de las movilizaciones, más allá de las acciones incorrectas de favorecer el desabastecimiento. Advirtamos que este error restó consenso a las medidas gubernamentales y al propio Gobierno, al plantearse la paradoja de que esa oposición se sustentaba en miles de personas que habían votado al Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales y ahora lo repudiaban: el caso de Las Parejas en Santa Fe fue tal vez el paradigma.

La presencia de otros grupos de poder en el sector llevó a situaciones paradojales: llama la atención el persistente silencio de intelectuales y militantes que apoyan al Gobierno sobre la existencia de un negociado cuyo monto supera los 1100 millones de dólares –denunciado en su discurso por Claudio Lozano, en función de la investigación realizada por Ricardo Monner Sans y Mario Cafiero– en favor de las exportadoras transnacionales de granos y oleaginosas. Gracias al tratamiento que el Gobierno dio a la Resolución 125 durante casi cuatro meses y contando con la complicidad de funcionarios distraídos, exportadoras como Bunge Argentina, Cargill, Nidera, Aceitera General Deheza y otras se apropiaron de esa suma mientras las fuerzas populares combatían con “el campo”. En ese marco, pareciera más fácil acusar a Lozano de estar con la oligarquía y así eludir cualquier tipo de cuestionamiento sobre ese negociado, planteando espurias polarizaciones que tienden a silenciarlos; porque supuestamente esa denuncia era desestabilizadora y favorecía el golpe de derecha. La negativa de los diputados gubernamentales a incorporar en su proyecto una comisión encargada de investigar ese hecho de corrupción fue la causa de la presentación de un proyecto propio en minoría y el consiguiente voto negativo al proyecto gubernamental: aceptar los términos de este proyecto hubiera significado una complicidad con negocios corruptos a favor de las corporaciones transnacionales. Esta ha sido una posición pública tanto mía como de Proyecto Sur.

Con referencia a la “vocación de helicóptero”, también hice pública mi opinión en un artículo de Página/12, publicado el 22 de agosto de 2006, bajo el título “Superpoderes” . Allí se advertía sobre el peligro de pretender controlar la suma del poder público. Cito textual: “Los superpoderes (se vinculan) más bien con el síndrome de pequeñas monarquías absolutas que se han conformado en la historia de algunas provincias chicas de nuestro país. En ellas el gobierno se ejerce controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, la posibilidad de dar empleos o subsidios, de amedrentar o silenciar a los opositores, de ejercer un poder precisamente absoluto y en la mayoría de los casos de modo vitalicio, gracias a las reformas constitucionales acomodadas al respecto (...) Pero cuando se trata del conjunto de la Argentina, es diferente ejercer un poder absoluto: en 1995 Menem controlaba el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; tenía el apoyo del FMI, del Banco Mundial, de Estados Unidos, de los grupos económico-financiero s locales y extranjeros, de un sector de la Iglesia y de la mitad de los electores; meses más tarde, ese poder se había disuelto. Luis XIV ejerció una monarquía absoluta; Luis XVI y María Antonieta, también”. La vocación de helicóptero se relaciona con esta tendencia a la conducción política basada en un reducido grupo de toma de decisiones, que pretende imponerlas sin buscar consensos previos y bajo condiciones de enfrentamientos exacerbados. Esto se escribió años antes del “conflicto del campo”, desde una mirada de análisis estratégico y sin complicidades golpistas. Por eso la derrota en este conflicto debe ser un llamado de atención; y en vez de las acusaciones de gorilas, golpistas o miembros de la “nueva derecha” a quienes criticamos los errores del Gobierno, conviene evaluar los propios errores y las modalidades de conducción política.

En cuanto al “odio visceral”, no debe confundirse con críticas duras. Aunque confieso que, más allá de las políticas favorables a las petroleras, la minería, Techint, las grandes exportadoras y otros integrantes del bloque de poder dominante, sí me despertó un odio visceral –que también hice público– la medida anunciada en un acto en el Salón Sur de la Casa Rosada el 23 de febrero de 2007, sobre el aumento de los montos de ayuda del Programa Familia, en beneficio de más de un millón de chicos carenciados. Se trata de una ayuda a hogares de madres solas, con baja educación y uno o más hijos: bajo toda evidencia, la situación más endeble de un hogar. Si la madre beneficiada tiene un solo hijo, el incremento pasaba de 150 pesos a 155 pesos y así sucesivamente a un valor de 5 pesos mensuales por chico: el equivalente a poco más de 15 centavos por día. Cito textual parte de la nota publicada en la revista El Grito de los Excluidos, de marzo de 2007: “No se necesita demasiada suspicacia para saber que de ese millón procede una parte mayor de los chicos de la calle, de los que trabajan, se prostituyen, mendigan o roban –y para afrontar la dureza de su vida aspiran pegamento o consumen paco– porque sólo así pueden sobrevivir y ayudar a sus madres y hermanos menores; también pueblan las cárceles y correccionales” . Subsidios que contrastan con los otorgados al sector de las corporaciones privadas, que ese año fueron del orden de 37.841 millones de pesos. Si esto es vocación por redistribuir la riqueza, estamos mal. En síntesis, consideramos que es imprescindible bajar los decibeles y afrontar un debate profundo acerca de un proyecto de país justo en un proceso de integración latinoamericana autónoma, capaz de superar en serio las secuelas de la dictadura militar y de las políticas neoliberales. Es extraño, pero el espíritu de la entrevista de Lapolla me evoca al genial Alberto Olmedo y su programa No Toca Botón en Canal 9.