Bloque de prensa regional.(*)

Apuntes para una construcción colectiva.

Somos periodistas.
Ejercemos el oficio en distintos medios regionales del sur de la provincia de Santa Fe.
Un oficio en el que nos desempeñamos por fuera de las estructuras habituales de la profesión.
Distintas modalidades nos cobijan: somos monotributistas, empleados en negro, colaboradores, adscriptos, redactores ad-honorem, columnistas, productores de propia publicidad, editores de revistas de cuatro ejemplares, y ciento una gambetas más a la hora de sortear las limitaciones para ejercer este oficio maravilloso.
Sin contención de sindicatos, en soledad muchas veces, casi siempre con otro laburo donde arañar un mango que permita contar la crónica de la llegada a fin de mes, robando tiempo y abrazos a nuestras familias, gastando suelas y pilas prestadas, enfrentando muchas veces las censuras sutiles y la censuras abiertas armados solamente con una fe inquebrantable en la palabra, nos juntamos.
Nos sabemos parte de una historia escrita con los fuegos de Mariano Moreno y Manuel Belgrano, con las rabias de Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo, con las furias de Miguel Hernández, con las increíbles inteligencias de Raúl Scalabrini Ortiz y Roberto Arlt; con las humoradas certeras de Arturo Jauretche y Osvaldo Soriano, con la métrica decisión de Rodolfo Walsh, con las insobornables convicciones de Haroldo Conti y Francisco Urondo, con las precisiones de los queridos Osvaldo Bayer y Juan Gelman.
En el polvo de esos caminos queremos gastar estas suelas.Sabemos, y decimos, que el periodismo es un oficio. Que producimos -que construimos- noticias.
Que en algún tiempo de esta historia, noticia significó conocimiento del pueblo. Sabemos y decimos que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo tiene que ser investigativo por definición. Sabemos y decimos entonces que si al concepto de noticia sumamos el origen de la palabra investigar como sinónimo de descubrir, el periodismo se transforma en un trabajo que tiene como objetivo descubrir todo aquello que se le quiere ocultar a los que son más, a los que somos más.Sabemos y decimos que somos parte de las mayorías de este tiempo y este lugar. Que la noticia es también la manera de contar lo que sucede.Que la noticia es una mirada y un relato del hecho, una forma de ver y describir la realidad.Sabemos y decimos que contamos los hechos desde donde los miramos, pero que esta subjetividad presente en el relato, presente en la elaboración de la nota periodística, no debe nunca modificar la realidad del hecho que se cuenta.
Que la premisa básica del oficio es que las miradas pueden variar, pero los hechos son sagrados. Sabemos y decimos también que nos corresponde, muchas veces, decir lo que, estando a la vista de todos, nadie muestra, nadie ve. Que nos toca muchas veces entonces decir, como en aquel cuento clásico de la literatura infantil: el rey esta desnudo. Sabemos y decimos que lo inamovible, más allá de ideas y conceptos, más allá incluso de las condiciones laborales en las que nos toca desempeñar este oficio, abrazar este oficio, lo imperecedero es que se puede decir como se quiera, con la condición que el periodista sepa en su conciencia, y a ciencia cierta, que lo que escribe es verdad.
Sur de Santa Fe, noviembre 2008

Bloque de prensa regional. Carina Barbuscia, diseñadora gráfica y periodista / Jorge Cadús, periodista / Ariel Palacios, Licenciado en Comunicación Social y periodista / Pablo Álvarez, periodista / Facundo Toscanini, periodista / Daniel de San Benito, docente de periodismo y periodista / Jorge Contrera, reportero gráfico / Emanuel Rossi, periodista / Mariano Carreras, escritor y periodista / Andrés Sarlengo, periodista / siguen las firmas

(*) El Bloque de Prensa Regional se presentará el próximo viernes 28 de noviembre, desde las 20:00 horas, en la Biblioteca Popular Nosotros, Colón 920, Firmat, en una charla abierta "Por una nueva ley de medios. Noticias negocios y vida cotidiana".Panel:- Sergio Medviginer. Asesor del ComFeR (Comité Federal de Radiodifusión)- Claudia Saldaña. Diputada provincial. Presidenta de la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
- Mariano Carreras. Periodista. Miembro del Bloque de Prensa Regional.

Entrada Libre y gratuita.

Coalición por una Radiodifusión Democrática

INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Los 21 puntos
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

El kirchnerismo: ¿mitos o cambios reales?

El proyecto del tren bala es inadmisible. La polarización entre el “Gobierno” y el “campo” es tan falsa como la anunciada argentinización de YPF. El modelo económico favorece el desguace y la privatización. Es atendible el plan oficial para modificar la Ley de Radiodifusión que rige desde la dictadura.

El actual modelo de país encabezado por la pareja Kirchner puede ser sostenido sólo sobre la base de la construcción de ciertos mitos. No pueden ser discutidos determinados avances que se han dado, pero tampoco podemos dejar de remarcar que los discursos acerca de la “ruptura neoliberal”, el “modelo de desarrollo inclusivo”, el “desendeudamiento”, la “reconstrucción del Estado”, entre otros, son mitos políticos, es decir, no existen como tales en la realidad.

Recientemente se abrió el debate sobre la comunicación en el país. Esto implica poner bajo la lupa el rol de las grandes empresas monopólicas que se benefician con la vigente Ley de Radiodifusión de la dictadura, que les permite controlar la información que circula en diferentes canales. Este esquema de control privado constituye un obstáculo para el verdadero ejercicio democrático. A pesar de las benéficas concesiones hechas por Kirchner al Grupo Clarín, resulta bienvenida la nueva iniciativa, siempre que la democratización sea real según los criterios del debate nacional.

Pero la supuesta intención de democratizar la comunicación se contradice con la decisión de imponer a la sociedad el proyecto del tren bala. A espaldas del pueblo argentino, y desoyendo las numerosas críticas provenientes de todo el espectro político, el gobierno nacional firmó el contrato para realizar el faraónico proyecto del tren de alta velocidad que recorrerá el tramo Buenos Aires- Rosario-Córdoba. Para la presidenta Cristina Fernández, la obra es un “salto a la modernidad”. Pero ¿quiénes darán ese “salto a la modernidad”? ¿Puede ser considerado “popular” un medio de transporte cuyo boleto será inaccesible para la mayoría de los argentinos y que lo pagarán con los subsidios del Estado aunque no viajen en él? ¿Qué tan “estratégica” es una obra que, elitista y antinacional, se llevará adelante emitiendo, sólo en el inicio, nueva deuda pública por 4.000 millones de dólares a 30 años con una tasa del 12% anual, y que implicará, sin mediación alguna, la importación de tecnología extranjera? Resulta inadmisible que no se haya convocado a un debate nacional sobre la crisis colosal del transporte argentino que, entre otros problemas, ocasiona más de 8.000 muertes al año en calles y rutas, y que no constituya una prioridad para el Gobierno la reconstrucción del ferrocarril nacional que tanto precisan millones de pasajeros y productores de la nación; más aún cuando con la mitad de lo que realmente costará el tren bala se podrían reconstruir todos los grandes ramales troncales de pasajeros a las ciudades más importantes del país, incluyendo equipos, locomotoras y vagones nuevos.

La decisión de reconstruir el tren podría ser incluso uno de los elementos que ayudaría a resolver la protesta de los pequeños y medianos productores rurales, que nuevamente han tomado estado de conflicto abierto. La falsa polarización del escenario político que se ha construido esquiva a un tercer protagonista que disputa la renta agraria y castiga permanentemente a los pequeños y medianos productores: los monopolios privados exportadores que fijan el precio de la producción y evitan así que las siempre útiles y necesarias retenciones afecten su rentabilidad. Son los Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, Aceitera Gral. Deheza (del oficialista senador Roberto Urquía) y otros, que se apropian de un tercio de la renta agraria al imponer bajos precios a los productos, estafar al fisco, tercerizar las exportaciones y monopolizar la comercialización de insumos.

Pero los pequeños y medianos productores agrarios sufren también la carencia de gasoil para el período de cosecha mientras se siguen exportando crudo y naftas. Carencia que también se explica por la estructura de la matriz energética dependiente del petróleo y gas en un 85% y las características de su explotación y comercialización: un puñado de empresas multinacionales monopolizan toda la cadena del sector, con el agravante de que no invierten, depredan los recursos y son beneficiadas con jugosas renegociaciones que les ofrece el gobierno nacional.

Resulta irrisorio que en este marco se haya hecho creer a la ciudadanía que la reciente “argentinización” de nuestra histórica YPF, hoy en manos de Repsol, iba a revertir la tremenda caída de reservas energéticas sufrida en los últimos años. La “argentinización” consistió lisa y llanamente en una nueva “reprivatización”, como ocurre ahora con Aerolíneas Argentinas.

Un mito comparable es el “desendeudamiento”. La Argentina continúa endeudada muy por encima de su capacidad de repago. A menos de tres años de la megarreestructuración Kirchner- Lavagna-Nielsen, los argentinos debemos u$s200.000 millones y pagamos tasas de interés de más de 10%, niveles que teníamos en los momentos inmediatamente anteriores a la crisis de 2001. Estos datos explican que, en pleno conflicto con los productores rurales, el ahora ex ministro de Economía Martín Lousteau estuviera en Washington rogando por nuevos créditos del BID y el BM y que, sólo de intereses, este año pagaremos u$s15.000 millones.

Vivimos todavía un modelo de saqueo basado en privatizaciones, desguace estatal y libre mercado. Pero su piedra de toque fue la traición de la reforma constitucional de 1994, que traspasó el dominio del subsuelo a las provincias, quebrando la unidad de la Nación, la única que puede defenderse frente a la voracidad de los trusts multinacionales. Que el vicepresidente Cobos haya renegociado las 12 áreas petroleras mendocinas (la mitad de las cuales quedaron en manos del menemista Manzano), en forma similar a los nefastos contratos de Cerro Dragón, entregando los recursos del subsuelo por 40 años hasta su agotamiento, es una muestra clara del peligro que representa que los gobernadores dispongan individualmente del recurso de todos los argentinos.

Los recursos naturales, así como la producción agropecuaria, son las dos piernas con las que la Argentina caminó durante gran parte del siglo XX. La obtención de recursos a partir de ellos permitió el desarrollo y la industrialización del país: el plan siderúrgico nacional con Somisa, hoy privatizada con Techint, la construcción de las industrias hidrocarburífera, aeronáutica, ferroviaria y servicios como las aerolíneas y el transporte marítimo, etcétera.
En Ecuador, Venezuela y Bolivia se está planteando claramente la importancia de retomar para los pueblos, a través del Estado, el control de las inversiones que constituyen prioridades para una estrategia de desarrollo nacional; situación que no ocurre en nuestro país, donde las líneas de prioridad parten de escritorios privados y resultan en reprivatizaciones, subsidios al capital local e internacional más concentrado, aumentos tarifarios y proyectos como el del tren bala. Pero estas inversiones las podrá hacer el sector público sólo si podemos disponer de las rentas que genera la explotación de nuestros recursos naturales no renovables.

Nuestro subsuelo cuenta con reservas de petróleo que pueden generar, si el barril de crudo en el mercado internacional alcanza los u$s200 estimados para fin de año por la OPEP, u$s41 mil millones anuales. Sumada a la renta minera, unos u$s10 mil millones (sin contar gran cantidad de proyectos no contemplados y no registrados) y la renta agropecuaria, cuya gran tajada se la quedan las cerealeras exportadoras, más los u$s50 mil millones de reservas del BCRA, estamos hablando de enormes sumas de dinero que quedan en su gran mayoría en manos privadas, cuando los datos actuales enseñan que la brecha de pobreza ha alcanzado niveles récord. Por ello hablamos de la reconstrucción del Estado en un agente eficiente y moderno que recupere esta renta y la reinvierta para beneficio del pueblo y la infraestructura técnica, científica e industrial del país.

Una reconstrucción del Estado que permita apropiarse de los recursos que permiten el desarrollo nacional es algo que están haciendo todos los países del mundo que entienden que estamos ante un escenario global donde, como dice la misma presidenta Fernández, alimentos y energías serán las claves del futuro. Pensar que los principales servicios e industrias pueden estar en manos privadas es no entender la forma en que la Argentina se inserta en el mundo y en el mercado mundial. La Argentina continúa siendo un país cuya función fundamental en la división internacional del trabajo sigue siendo la de provisión de recursos: en forma de capital a través del endeudamiento y en forma de materias primas, hoy la soja y los minerales, así como ayer el cuero, la lana y el trigo, maíz y carne.

Para todo esto se precisa fundamentalmente que el campo nacional, popular y democrático consiga vencer a sus principales enemigos: la desconfianza y la resignación. Unidos en un gran movimiento social, político y cultural, los argentinos podemos desandar estos mitos y rescatar todos nuestros recursos y de esta manera reconstruir la nación para felicidad de todos los argentinos.

¿Concesiones a perpetuidad?

El neoliberalismo logró imponer en América Latina la idea de que las concesiones de bienes públicos son contratos que, de hecho, se toman a perpetuidad. En estos días hubo dos hechos significativos relacionados con ellas: uno en Venezuela, difundido por todo el sistema mediático y otro en Chubut, cuidadosamente silenciado. Un aluvión de imágenes manipuladas, fuera de contexto y transmitidas casi en cadena, dicen
que el presidente Hugo Chávez atenta contra la libertad de prensa al no renovar la licencia de la televisora RCTV que luego de 20 años, concluyó el 27 de mayo. Lo que callan es que renovó la concesión de todos los demás canales privados y que el 80% de los medios son opositores a su gobierno.

La desinformación generada obliga a reiterar lo obvio: no prorrogar una licencia no es autoritarismo ni delito, es el legítimo derecho de cualquier Estado soberano. En el 'Encuentro por el Derecho a la Información ', realizado en Caracas el 19 y 20 de mayo, escritores y periodistas franceses, españoles y belgas afirmaron que en Europa la no renovación de una concesión es un hecho administrativo que nadie cuestiona; y coincidieron en que ningún país de occidente goza hoy de más libertad de prensa que la Venezuela de Chávez: ¿quién puede negar su paciencia al haber permitido que la sediciosa RCTV continuara cinco años más, después de incitar al golpe de Estado, el magnicidio y la huelga petrolera que paralizó PDVSA?.

En contraste con esa desbordante campaña mediática, en nuestro país se produjo un hecho escandaloso silenciado por los medios nacionales e internacionales: la prórroga hasta el 2047 de una concesión que vence en el 2017, del yacimiento petrolero más importante de la Argentina que tiene el 25% de las reservas de crudo del país. Se trata de 'Cerro Dragón', situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90 Km. de Comodoro Rivadavia, que es explotado por Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y Bridas, de Carlos Bulgheroni. La renegociación fue aprobada el 24 de mayo por la legislatura de Chubut con el voto de los
justicialistas, casi todos los radicales y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el Gobierno Nacional. Es la continuidad de la política menemista de provincialización de los recursos petroleros, que fue legitimada meses atrás en el Congreso con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319), llamada 'ley corta'. La prórroga de Cerro Dragón, diez años antes de su vencimiento, significa ceder su explotación por cuatro décadas, es decir, hasta la total extinción del yacimiento. Una medida similar a la prórroga anticipada del mayor yacimiento de gas del país, Loma la Lata, que otorgó De la Rúa a Repsol en marzo del 2000.

Según un estudio del ing. Víctor Bravo -del Instituto de Economía Energética - publicado por el InfoMoreno (Nº 197-24/5/07) , la British y Bridas invertirán en Cerro Dragón U$S 3.362 millones para extraer las reservas comprobadas que representan -a valores del primer trimestre del 2006- U$S 28.653 millones y por las que pagarán las regalías más bajas del continente. Los ingleses no nos ganaron solo en Malvinas: nos siguen venciendo con socios cipayos. ¿Cuánto habrán pagado por renovar la fabulosa concesión? La gravedad del caso es que aparece como la confirmación del proceso de re-privatizació n del petróleo argentino hasta su extinción
definitiva. El caso Cerro Dragón se suma a los permisos de exploración de la plataforma continental cedidos el año pasado por Enarsa sin licitación y libre de todo impuesto; la aprobación de la 'ley corta' y la cesión a las provincias del dominio total del recurso; las desgravaciones e incentivos fiscales a las petroleras; los trascendidos de compra del 20 al 40% de las acciones de YPF por bancos y capitales privados, pudiendo realizarse con las reservas del Banco Central y fondos públicos, niegan el discurso antiliberal de Néstor Kirchner. Con el 70% de los argentinos apoyando la nacionalización del petróleo y después de la exitosa nacionalizació n ejecutada por Evo Morales, la dirigencia actual otorga concesiones a perpetuidad de
millonarias reservas que deberían ser explotadas por las provincias y la Nación en beneficio del país.

Al igual que los recursos naturales, las frecuencias de radio y televisión no son propiedad de ningún concesionario, sino patrimonio indelegable e imprescriptible de los pueblos. Son otorgadas para cumplir con la finalidad social de un servicio público que asegure los derechos a la comunicación y a la información objetiva y plural de los ciudadanos, como lo establecen los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y Sociales incorporados a la Constitución. La persistencia de la campaña internacional lanzada contra los legítimos y soberanos derechos del gobierno de Hugo Chávez de no renovar la concesión de RCTV, no tiene otro objetivo que aislar
a la Revolución Bolivariana para atentar contra ella.

En Argentina, la ausencia de una ley de marco regulatorio debatida por la sociedad, es una de las causas de la degradación del sistema televisivo. ¿No es una vergüenza que siga rigiendo la ley de radiodifusión de la dictadura genocida y que el ex funcionario menemista Julio Bárbaro dirija hoy el CONFER? ¿Puede alguien sostener que los canales controlados por Hadad-Menem; Monetta-Manzano o Telefónica, son el paradigma de la libertad de prensa, la información transparente y veraz? ¿No fue el conjunto de los medios co-responsables del modelo neoliberal que remató los recursos naturales y las empresas públicas y nos llevó a una catástrofe social? ¿Cómo puede aceptarse que el Presidente Kirchner haya agraviado a la ciudadanía
prorrogando por 10 años las licencias de televisión sin promover el reemplazo de la ley de la dictadura?

Nuestra alicaída democracia está en relación directa con el sistema mediático imperante, que ayuda a formar la opinión pública y el imaginario colectivo; propaga modelos de consumo, realza o censura acontecimientos. En la mediocracia que vivimos, las empresas mediáticas no buscan satisfacer los derechos constitucionales ni la cultura, sino lograr rentabilidad y mantener el statu-quo : ejercen una disimulada censura social y política y lo que denuncia el despojo de nuestras riquezas. La cultura, la historia y la realidad social, están ausentes. Desaparece la creatividad y el vacío es ocupado con producciones tan degradantes como imbéciles. ¿Hasta
cuándo la intelectualidad argentina - comunicadores, pensadores, escritores y artistas-guardará silencio frente a temas tan cruciales como la democratización de los medios audiovisuales y la defensa de nuestros recursos naturales? En este año electoral ¿no es hora de exigirle a los
candidatos, el tratamiento de una nueva ley de teledifusión y la anulación de las ilegítimas concesiones petroleras?