Desde los comienzos del conflicto agropecuario, el Movimiento Proyecto Sur Rosario sostuvo una posición autónoma. En este sentido, consideramos que la polarización entre el campo y el gobierno impulsada por los grandes medios de comunicación es inexistente, ya que no contempla la crisis del modelo agropecuario en su conjunto.
Por ello:
1. Denunciamos un sector de ese mal llamado "campo" que montados en las justas reivindicaciones de los más débiles impulsaron un conjunto de medidas antipopulares: el lockaut patronal y el desabastecimiento. Estamos a favor de las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa y real distribución.
2. Denunciamos asimismo a un gobierno que a pesar de su discurso progresista en lo económico no distribuye. Seis años de crecimiento económico a tasas altísimas no se tradujeron en mejores salarios; la alimentación, la educación y la salud no son derechos garantizados para todos los argentinos. Por otra parte, en su doble discurso, el gobierno que promueve justas retenciones para el campo, las ignora para los negocios petrolero, minero y pesquero, permitiendo la depredación salvaje de nuestros bienes naturales.
3. Denunciamos a los pools de siembra, a las grandes exportadoras multinacionales (Cargill-Monsanto, Dreyfus, Bunge y Born, Nidera, ADM, ADG, etc), y a los grandes terratenientes (Fortabat, Martinez de Hoz, Born, Benetton, etc) que son los grandes beneficiarios de este modelo y siguen amasando grandes fortunas a costa del hambre del pueblo argentino.
La posición de Proyecto Sur Rosario en relación al voto de Claudio Lozano en contra de esta medida no representa en su conjunto la mirada que tenía del conflicto Proyecto Sur ya que denunciamos al modelo del agronegocio.
Como es de público conocimiento, el día 5 de julio, nuestro diputado en el Congreso Nacional, votó en contra de las retenciones móviles y segmentadas. Hubo, en el trabajo de Claudio Lozano, a nuestro entender, algunas cuestiones muy positivas. Por un lado, trató de acercar las posiciones de Federación Agraria con las del gobierno y quebrar así el frente con la SRA y la CRA; por otro lado, realizó una denuncia importante respecto del robo al Estado por parte del las exportadoras. A pesar de este trabajo, Proyecto Sur terminó votando en contra de las retenciones móviles.
Proyecto Sur Rosario quiere expresar, sin dejar de priorizar jamás la construcción y la unidad, su desacuerdo con esta decisión. Tras extensas discusiones internas, llegamos al consenso de que, dada la etapa actual del movimiento, los debates generados y las distintas posiciones expresadas en los tres sentidos del voto, así como la situación política, el voto hubiera sido la abstención.
Necesitamos que Proyecto Sur crezca porque queremos terminar con este modelo productivo y económico que excluye, que mata, que saquea nuestros bienes naturales. Estos debates tienen que servir para el crecimiento de nuestro movimiento, tenemos que aprender de nuestros errores y, sobre todo, tenemos que ser concientes de que tenemos que generar un gran movimiento que contenga a compañeros que tienen distintas posiciones porque la unidad en la diversidad no debe ser sólo una consigna sino nuestro estilo de construcción política y de elaboración ideológica.
http://www.proyectosurrosario.com.ar/rosario
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lunes, 28 de julio de 2008
miércoles, 23 de julio de 2008
Pino Solanas ante las críticas desinformadas
1. Ante las operaciones desinformantes que han hecho creer a muchos ciudadanos y compañeros que en la reciente votación parlamentaria sobre la cuestión agraria, voté o impulsé el voto junto a la reacción y la oligarquía, debo aclarar, en primer lugar, que no soy diputado y estuve muy lejos de la capital durante el debate del Congreso. Proyecto Sur no "militó" en las filas del "campo" sino que optó siempre por las retenciones móviles y segmentadas y por una propuesta integral que atendiera a la demanda de los 220.000 pequeños productores rurales que padecen el abandono oficial, la sojización y los abusos de los acopiadores y exportadores. Proyecto Sur apoyó y votó su propio proyecto de ley luego de haber agotado todas las instancias para acercar posiciones y consensuar un proyecto único con el oficialismo que incluyera la formación de una comisión bicameral que investigara la más grave estafa contra el Fisco de los últimos años que se consumaba bajo el paraguas de la Resolución 125. Se trata de una defraudación por US$ 1.169 millones en las exportaciones de soja y de un total de US$ 1763 millones contando el maíz, girasol y trigo como finalmente lo establece el diario Página 12 en su artículo de fondo del último domingo.
La cifra de la defraudación duplica lo que el gobierno nacional pretendía recaudar con la Resolución 125 y tiene como protagonista al único gran actor que quedó en las sombras: las multinacionales exportadoras de granos, a quienes nosotros señalamos desde marzo con la denuncia penal que presentamos con Claudio Lozano y todas las declaraciones y documentos, de los cuales los más importantes aquí adjuntamos. Semanas después Mario Cafiero y Ricardo Monner Sans ampliaron la denuncia penal y en la votación de la Cámara, Lozano fundamentó que no acompañaba el proyecto oficial por la negativa de incluir el pedido de investigación. En consecuencia, Proyecto Sur no tuvo otra alternativa que presentar el proyecto propio para no asociarse a la impunidad y la estafa. Recién hoy se la empieza a reconocer y el gobierno nacional comenzó a tomarla en cuenta.
2. La estafa consistió en que a fines de 2007, las Cerealeras- Exportadoras de granos y derivados presentaron falsas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por más de 23 millones de toneladas de soja que todavía no habían comprado, adelantándose a un eventual aumento de retenciones. Esta operación se realizó con la complicidad de funcionarios del gobierno nacional y ha tenido como uno de sus principales beneficiaros al senador cordobés del Frente para la Victoria, Roberto Urquía, dueño de un monopolio exportador privado, la Aceitera Gral. Deheza que, además, recibe el 4% de subsidio a sus exportaciones de aceite. Llama la atención que la maniquea visión con que se ha abordado este tema hizo olvidar a todos esta denuncia y se ocultó las propuestas avanzadas que traía el proyecto que presentamos junto con otro diez diputados para profundizar las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa distribución. Lo más notable de todo, es que buena parte del país creyó que se estaba tratando en el Congreso de la Nación una ley que iba a dar beneficio a los sectores postergados del escenario rural, cuando se estaba votando una resolución cuyo efecto se extendía sólo hasta octubre y no resolvía de ninguna forma el conflicto desatado. El paroxismo y delirio fue tan grande que el presidente del Partido Justicialista puso en juego la continuidad del gobierno nacional y, según los trascendidos, hasta consideró pedir a la Presidente que renunciara a su cargo.
3. Proyecto Sur nunca aceptó considerar que había dos bandos excluyentes en la contienda. Desde un inicio, dijimos que la línea de polarización política estaba mal trazada, porque dejaba afuera del conflicto a las multinacionales exportadoras (Dreyfus, Molinos Bunge, Cargill, Nidera, ADM, Aceitera Gral. Deheza,) que se llevan un tercio de la renta agraria y estafan al fisco con exportaciones en negro y tercerizadas. Denunciamos a la Sociedad Rural, al lock out patronal y a las reprochables medidas de desabastecimiento que duraron meses y perjudicaron al pueblo. Dijimos también que entre el gobierno y "el campo" estaba el pueblo argentino que reclamaba una pronta y verdadera solución al conflicto. La "cinchada" tuvo que prolongarse más de 100 días para que el gobierno comprendiera que debía girar el tema al Congreso. Las retenciones móviles -tal como las establecía la Resolución 125- no cayeron sólo por la conjura de la reacción. La verdad es que el gobierno, con mayoría parlamentaria, fue traicionado por los hombres de sus propias filas que fueron incorporados por el mismo Kirchner en su Frente Para la Victoria, como Romero, Schiaretti, Reutemann, etc. El voto del vicepresidente Cobos fue el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias y traiciones.
4. No perdamos las energías en un desorientador maniqueísmo. Es necesario construir una gran alternativa para el país. Estamos ante la oportunidad de construir un Proyecto Agropecuario Nacional, cuyo actor principal, junto a los pequeños y medianos productores (pequeña burguesía agraria, campesinos, indígenas, trabajadores rurales), es el Estado, a través del restablecimiento de las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, monopolio público del comercio exterior, líneas de créditos baratos, el INTA y las universidades aportando semillas y tecnología, quien puede contrarrestar la destructiva tendencia al monocultivo sojero. Se ha logrado debatir con profundidad y se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del tema agrario. Hay presentados en el Parlamento iniciativas y proyectos que establecen retenciones móviles minuciosamente segmentadas, ley de arrendamientos, entre otros. El gobierno nacional tiene la oportunidad de reconstruir el consenso para un verdadero proyecto agropecuario que procure el repoblamiento del campo y la soberanía alimentaria de los argentinos. Allí está la propuesta y predisposición de Proyecto Sur para confluir con otras fuerzas en un gran camino de reconstrucción. Esperamos que el gobierno nacional oiga y tome nota de estos aportes.
Fernando "Pino" Solanas
22 de julio de 2008
La cifra de la defraudación duplica lo que el gobierno nacional pretendía recaudar con la Resolución 125 y tiene como protagonista al único gran actor que quedó en las sombras: las multinacionales exportadoras de granos, a quienes nosotros señalamos desde marzo con la denuncia penal que presentamos con Claudio Lozano y todas las declaraciones y documentos, de los cuales los más importantes aquí adjuntamos. Semanas después Mario Cafiero y Ricardo Monner Sans ampliaron la denuncia penal y en la votación de la Cámara, Lozano fundamentó que no acompañaba el proyecto oficial por la negativa de incluir el pedido de investigación. En consecuencia, Proyecto Sur no tuvo otra alternativa que presentar el proyecto propio para no asociarse a la impunidad y la estafa. Recién hoy se la empieza a reconocer y el gobierno nacional comenzó a tomarla en cuenta.
2. La estafa consistió en que a fines de 2007, las Cerealeras- Exportadoras de granos y derivados presentaron falsas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por más de 23 millones de toneladas de soja que todavía no habían comprado, adelantándose a un eventual aumento de retenciones. Esta operación se realizó con la complicidad de funcionarios del gobierno nacional y ha tenido como uno de sus principales beneficiaros al senador cordobés del Frente para la Victoria, Roberto Urquía, dueño de un monopolio exportador privado, la Aceitera Gral. Deheza que, además, recibe el 4% de subsidio a sus exportaciones de aceite. Llama la atención que la maniquea visión con que se ha abordado este tema hizo olvidar a todos esta denuncia y se ocultó las propuestas avanzadas que traía el proyecto que presentamos junto con otro diez diputados para profundizar las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa distribución. Lo más notable de todo, es que buena parte del país creyó que se estaba tratando en el Congreso de la Nación una ley que iba a dar beneficio a los sectores postergados del escenario rural, cuando se estaba votando una resolución cuyo efecto se extendía sólo hasta octubre y no resolvía de ninguna forma el conflicto desatado. El paroxismo y delirio fue tan grande que el presidente del Partido Justicialista puso en juego la continuidad del gobierno nacional y, según los trascendidos, hasta consideró pedir a la Presidente que renunciara a su cargo.
3. Proyecto Sur nunca aceptó considerar que había dos bandos excluyentes en la contienda. Desde un inicio, dijimos que la línea de polarización política estaba mal trazada, porque dejaba afuera del conflicto a las multinacionales exportadoras (Dreyfus, Molinos Bunge, Cargill, Nidera, ADM, Aceitera Gral. Deheza,) que se llevan un tercio de la renta agraria y estafan al fisco con exportaciones en negro y tercerizadas. Denunciamos a la Sociedad Rural, al lock out patronal y a las reprochables medidas de desabastecimiento que duraron meses y perjudicaron al pueblo. Dijimos también que entre el gobierno y "el campo" estaba el pueblo argentino que reclamaba una pronta y verdadera solución al conflicto. La "cinchada" tuvo que prolongarse más de 100 días para que el gobierno comprendiera que debía girar el tema al Congreso. Las retenciones móviles -tal como las establecía la Resolución 125- no cayeron sólo por la conjura de la reacción. La verdad es que el gobierno, con mayoría parlamentaria, fue traicionado por los hombres de sus propias filas que fueron incorporados por el mismo Kirchner en su Frente Para la Victoria, como Romero, Schiaretti, Reutemann, etc. El voto del vicepresidente Cobos fue el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias y traiciones.
4. No perdamos las energías en un desorientador maniqueísmo. Es necesario construir una gran alternativa para el país. Estamos ante la oportunidad de construir un Proyecto Agropecuario Nacional, cuyo actor principal, junto a los pequeños y medianos productores (pequeña burguesía agraria, campesinos, indígenas, trabajadores rurales), es el Estado, a través del restablecimiento de las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, monopolio público del comercio exterior, líneas de créditos baratos, el INTA y las universidades aportando semillas y tecnología, quien puede contrarrestar la destructiva tendencia al monocultivo sojero. Se ha logrado debatir con profundidad y se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del tema agrario. Hay presentados en el Parlamento iniciativas y proyectos que establecen retenciones móviles minuciosamente segmentadas, ley de arrendamientos, entre otros. El gobierno nacional tiene la oportunidad de reconstruir el consenso para un verdadero proyecto agropecuario que procure el repoblamiento del campo y la soberanía alimentaria de los argentinos. Allí está la propuesta y predisposición de Proyecto Sur para confluir con otras fuerzas en un gran camino de reconstrucción. Esperamos que el gobierno nacional oiga y tome nota de estos aportes.
Fernando "Pino" Solanas
22 de julio de 2008
miércoles, 16 de julio de 2008
UNA NUEVA ESTAFA AL PUEBLO ARGENTINO
Frente al tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de Ley sobre las retenciones, Movimiento Proyecto Sur denuncia una nueva y grave estafa económica e informativa.
Entre el 11 de noviembre del 2007 y el 31 de mayo del 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones.
En ese período, las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones.
Este hecho, reconocido en el debate en la Cámara de Diputados, por funcionarios del gobierno nacional y las propias cerealeras, fue denunciado por nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse (SI), Verónica Benas (SI), Lisandro Viale (PS) y Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana).
Además, Claudio Lozano presentó –junto al bloque del SI- un proyecto alternativo, alineado con lo que venimos planteando desde un principio: RETENCIONES MOVILES Y MUY GRADUALMENTE SEGMENTADAS, para no recargar al pequeño y beneficiar al grande.
Resulta inadmisible que esta denuncia parlamentaria contra los exportadores de granos por defraudación y estafa en perjuicio del Estado haya sido desoída e incluso silenciada.
No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores. No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado. Los elementos son obvios y contundentes y se requiere de una Comisión Investigadora que desde el Parlamento produzca todas las pruebas que correspondan, pero que además deje en claro si estamos en presencia de un simple negocio de algunos funcionarios con las cerealeras, o si la propia Resolución 125 se definió con el solo objetivo de cubrirles las espaldas a las mismas. Tamaña cuestión no puede soslayarse. Es más, resulta francamente absurdo y abstracto luego de esta demostración, que el Parlamento siga debatiendo ratificar o suspender una resolución por la cual el Estado no ha cobrado un peso. ¡Y que ha servido para que los productores paguen retenciones por encima del 35 y 40% mientras el Estado ha percibido, como máximo, el 24,45%! Las diferencias de entre 11 y 25 puntos entre lo que le retienen al productor al comprarle la cosecha, y lo que terminan liquidándole al Estado, explican los u$s 1.1169 millones que Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, LDC, Nidera, Molinos y otros se han apropiado a expensas de todos los argentinos. Lo expuesto no supone solo una denuncia. Implica un cambio drástico del eje político bajo el cual se debe abordar la resolución de este conflicto. Este es el camino que desde un primer momento le propusimos al oficialismo parlamentario y que consiste en desplazar falacias y abstracciones para avanzar en:
- Frenar el negociado;
- Constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación;
- Remoción de los funcionarios sospechados;
- Recuperar los recursos públicos;
- Instituir un nuevo sistema de retenciones móviles que tome en cuenta los costos de producción locales, que profundice la diferencia a favor de los pequeños y medianos productores con y sin tierra, al tiempo que compense adecuadamente al conjunto de los cultivos y no solo a la soja tal cual lo hace el proyecto oficial.
Sintetizando, la Resolución 125 no se cumple. El Estado no ha cobrado un dólar de las famosas retenciones móviles por encima del 35% que las exportadoras sí les han cobrado a los productores, y lo más paradójico del caso, es que de esta forma no se están entrando un solo peso al Fondo para hospitales y escuelas creado por el gobierno en el medio del conflicto.
PROYECTO SUR fue -oportuno es recordarlo- la primera fuerza que desde los orígenes del conflicto planteo que tanto el gobierno como el campo estaban dejando afuera del problema a las mayores beneficiarias de la renta agraria -las exportadoras del cereal- y denunciamos las reiteradas estafas contra el fisco producidas por la tercerización de las exportaciones y operaciones en negro. ¿Qué puede decirse de un gobierno que todavía ha sido incapaz de imponer un eficaz control público sobre las exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos? ¿Cómo puede aceptarse que la riqueza de la Nación, que son sus recursos naturales, se extraiga y exporte a simple declaración jurada de las corporaciones? ¿A qué ciudadano o empresario nacional le permiten llevarse divisas de los bancos públicos y meses después declarar lo extraído? ¿La justicia no debería proceder contra estos delitos de negligencia o complicidad de los mayores funcionarios con el saqueo de la Nación?
PROYECTO SUR ha defendido desde sus orígenes las retenciones móviles y segmentadas y exigió que se hagan extensivas a la minería. Hemos criticado la aplicación del proyecto que metía en la misma bolsa a poderosos y pequeños, como lo hace con su reaccionario sistema impositivo que iguala injustamente a todos con el IVA.
PROYECTO SUR, a través de Claudio lozano, presento junto al bloque del SI un proyecto alternativo al del oficialismo que –estamos seguros- hubiera puesto fin a este conflicto, consolidando la facultad del Estado de intervenir en la economía. Y reclamó ante todo, la formación de una Comisión Investigadora de la Estafa que se está cometiendo.
Estamos convencidos que no es cierto de que haya dos posiciones, la del gobierno y la del campo. Una popular y democrática y otra golpista y "destituyente". La realidad es más compleja. Y no puede ser simplificada por la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación "golpista" que pretenden sacar provecho del reclamo del "campo". Este planteo dicotómico, por un lado, relativiza el negociado y, por otro, niega la existencia de miles de pequeños y medianos productores junto a la emergencia de una burguesía media rural, todos protagonistas de los pueblos del interior y que son claves –junto a las comunidades originarias, los agricultores familiares y los y las trabajadores/as rurales y urbanos- para un proyecto de desarrollo nacional con soberanía popular y justicia social.
En tal sentido, ratificamos la necesidad de definir una política agropecuaria nacional de amplio consenso, regida por los principios de la soberanía alimentaria y la democratización de las relaciones económicas, que sea capaz de distinguir los diferentes sectores sociales del agro y también las diferentes regiones a la hora de los costos, con políticas que tengan especialmente en cuenta a los agricultores familiares y que castiguen fuertemente el trabajo precario e ilegal en el campo.
Ha sido la negativa tozuda e incomprensible a la justa solución que planteamos lo que ha impedido la construcción de un proyecto de consenso y lo que explica nuestro voto negativo. Voto conciente contra la mentira y la estafa. Voto que en todo momento sostuvo que este problema no se resolvía ni con un amontonamiento antikirchnerista en el que conviven las buenas intenciones con los que no quieren regulación alguna, ni tampoco con propuestas regulatorias asociadas al negociado. Es el gobierno y sus profundas contradicciones el responsable de tanto desatino y, por supuesto, de sus consecuencias.
MOVIMIENTO PROYECTO SUR
Claudio Lozano, Pino Solanas, Mario Mazzitelli, Leopoldo González, Alcira Argumedo, Jorge Selser, Jorge Cardelli, Luis Brunati, Carlos Del Frade
Entre el 11 de noviembre del 2007 y el 31 de mayo del 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones.
En ese período, las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones.
Este hecho, reconocido en el debate en la Cámara de Diputados, por funcionarios del gobierno nacional y las propias cerealeras, fue denunciado por nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse (SI), Verónica Benas (SI), Lisandro Viale (PS) y Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana).
Además, Claudio Lozano presentó –junto al bloque del SI- un proyecto alternativo, alineado con lo que venimos planteando desde un principio: RETENCIONES MOVILES Y MUY GRADUALMENTE SEGMENTADAS, para no recargar al pequeño y beneficiar al grande.
Resulta inadmisible que esta denuncia parlamentaria contra los exportadores de granos por defraudación y estafa en perjuicio del Estado haya sido desoída e incluso silenciada.
No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores. No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado. Los elementos son obvios y contundentes y se requiere de una Comisión Investigadora que desde el Parlamento produzca todas las pruebas que correspondan, pero que además deje en claro si estamos en presencia de un simple negocio de algunos funcionarios con las cerealeras, o si la propia Resolución 125 se definió con el solo objetivo de cubrirles las espaldas a las mismas. Tamaña cuestión no puede soslayarse. Es más, resulta francamente absurdo y abstracto luego de esta demostración, que el Parlamento siga debatiendo ratificar o suspender una resolución por la cual el Estado no ha cobrado un peso. ¡Y que ha servido para que los productores paguen retenciones por encima del 35 y 40% mientras el Estado ha percibido, como máximo, el 24,45%! Las diferencias de entre 11 y 25 puntos entre lo que le retienen al productor al comprarle la cosecha, y lo que terminan liquidándole al Estado, explican los u$s 1.1169 millones que Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, LDC, Nidera, Molinos y otros se han apropiado a expensas de todos los argentinos. Lo expuesto no supone solo una denuncia. Implica un cambio drástico del eje político bajo el cual se debe abordar la resolución de este conflicto. Este es el camino que desde un primer momento le propusimos al oficialismo parlamentario y que consiste en desplazar falacias y abstracciones para avanzar en:
- Frenar el negociado;
- Constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación;
- Remoción de los funcionarios sospechados;
- Recuperar los recursos públicos;
- Instituir un nuevo sistema de retenciones móviles que tome en cuenta los costos de producción locales, que profundice la diferencia a favor de los pequeños y medianos productores con y sin tierra, al tiempo que compense adecuadamente al conjunto de los cultivos y no solo a la soja tal cual lo hace el proyecto oficial.
Sintetizando, la Resolución 125 no se cumple. El Estado no ha cobrado un dólar de las famosas retenciones móviles por encima del 35% que las exportadoras sí les han cobrado a los productores, y lo más paradójico del caso, es que de esta forma no se están entrando un solo peso al Fondo para hospitales y escuelas creado por el gobierno en el medio del conflicto.
PROYECTO SUR fue -oportuno es recordarlo- la primera fuerza que desde los orígenes del conflicto planteo que tanto el gobierno como el campo estaban dejando afuera del problema a las mayores beneficiarias de la renta agraria -las exportadoras del cereal- y denunciamos las reiteradas estafas contra el fisco producidas por la tercerización de las exportaciones y operaciones en negro. ¿Qué puede decirse de un gobierno que todavía ha sido incapaz de imponer un eficaz control público sobre las exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos? ¿Cómo puede aceptarse que la riqueza de la Nación, que son sus recursos naturales, se extraiga y exporte a simple declaración jurada de las corporaciones? ¿A qué ciudadano o empresario nacional le permiten llevarse divisas de los bancos públicos y meses después declarar lo extraído? ¿La justicia no debería proceder contra estos delitos de negligencia o complicidad de los mayores funcionarios con el saqueo de la Nación?
PROYECTO SUR ha defendido desde sus orígenes las retenciones móviles y segmentadas y exigió que se hagan extensivas a la minería. Hemos criticado la aplicación del proyecto que metía en la misma bolsa a poderosos y pequeños, como lo hace con su reaccionario sistema impositivo que iguala injustamente a todos con el IVA.
PROYECTO SUR, a través de Claudio lozano, presento junto al bloque del SI un proyecto alternativo al del oficialismo que –estamos seguros- hubiera puesto fin a este conflicto, consolidando la facultad del Estado de intervenir en la economía. Y reclamó ante todo, la formación de una Comisión Investigadora de la Estafa que se está cometiendo.
Estamos convencidos que no es cierto de que haya dos posiciones, la del gobierno y la del campo. Una popular y democrática y otra golpista y "destituyente". La realidad es más compleja. Y no puede ser simplificada por la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación "golpista" que pretenden sacar provecho del reclamo del "campo". Este planteo dicotómico, por un lado, relativiza el negociado y, por otro, niega la existencia de miles de pequeños y medianos productores junto a la emergencia de una burguesía media rural, todos protagonistas de los pueblos del interior y que son claves –junto a las comunidades originarias, los agricultores familiares y los y las trabajadores/as rurales y urbanos- para un proyecto de desarrollo nacional con soberanía popular y justicia social.
En tal sentido, ratificamos la necesidad de definir una política agropecuaria nacional de amplio consenso, regida por los principios de la soberanía alimentaria y la democratización de las relaciones económicas, que sea capaz de distinguir los diferentes sectores sociales del agro y también las diferentes regiones a la hora de los costos, con políticas que tengan especialmente en cuenta a los agricultores familiares y que castiguen fuertemente el trabajo precario e ilegal en el campo.
Ha sido la negativa tozuda e incomprensible a la justa solución que planteamos lo que ha impedido la construcción de un proyecto de consenso y lo que explica nuestro voto negativo. Voto conciente contra la mentira y la estafa. Voto que en todo momento sostuvo que este problema no se resolvía ni con un amontonamiento antikirchnerista en el que conviven las buenas intenciones con los que no quieren regulación alguna, ni tampoco con propuestas regulatorias asociadas al negociado. Es el gobierno y sus profundas contradicciones el responsable de tanto desatino y, por supuesto, de sus consecuencias.
MOVIMIENTO PROYECTO SUR
Claudio Lozano, Pino Solanas, Mario Mazzitelli, Leopoldo González, Alcira Argumedo, Jorge Selser, Jorge Cardelli, Luis Brunati, Carlos Del Frade
jueves, 10 de julio de 2008
Claudio Lozano en el Congreso
Versión Taquigráfica del Dip. Claudio Lozano el Viernes 4 de julio de 2008
Sr. Lozano.- Señora presidenta: saludando la posibilidad que nos hemos dado del debate parlamentario, debo decir que desde un comienzo hemos tratado de trabajar en dos direcciones. La primera de ellas es no discutir en abstracto sino en concreto; y la segunda, tratar de abrir los mejores y mayores mecanismos para alcanzar el mínimo consenso y garantizar una solución al conflicto que tenemos planteado.
Lo hemos dicho con todas las letras: esto no se resuelve desde la lucha de oficialismo y oposición. No se resuelve con un oficialismo derrotando al campo ni con una oposición que, en todo caso? tenga como objetivo derrotar al gobierno.
No va a ser con un amontonamiento anti-oficial donde convivan las mejores intenciones con aquellos que no quieren la regulación estatal, ni tampoco con una regulación vinculada a un frente oficialista debilitado que asocia la regulación con el negociado.
Ninguna de esas dos variantes es la que tenemos que transitar.
Antes del comienzo de esta sesión planteamos la posibilidad de hacer una mesa de trabajo donde los distintos dictámenes que existen pudieran confluir en una propuesta que permitiera terminar de resolver el problema. Esto es lo que falta, y aspiramos a que esta sesión -si fuera posible- sea esa mesa de consenso.
Se ha hablado y casi se ha dividido el debate en términos de ratificar o derogar la resolución 125, o en todo caso? -como algunos plantean- suspenderla. Desde el comienzo del debate dijimos: no hablemos de abstracciones. Desde que existe la resolución 125 el Estado argentino no ha cobrado un peso de las retenciones que esa resolución estipula. A pesar de que existen retenciones que superan el 40 por ciento, esas retenciones las pagan los productores, mientras que el Estado percibe como mucho el 24 por ciento. Por detrás de esta situación y en este contexto, no hay una situación donde estemos captando rentas extraordinarias, sino que en la práctica se ha consumado un negociado extraordinario en favor de las trasnacionales que manejan el comercio de cereales y en desmedro de los productores y del Estado argentino.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Esa cifra significa 1.200 millones de dólares que salieron del bolsillo de los productores pero que no están en manos del Estado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Es exactamente la misma cifra que se quería recaudar por retenciones para financiar políticas públicas de distribución del ingreso.
Por lo tanto, para no hablar en el aire, hay que decir que no tiene sentido discutir si hay que mantener una resolución que no se cumple. Tampoco se puede proponer que se suspenda lo que no existe.
Acá hay que parar el negociado! Hay que identificar a los cómplices y responsables, y hay que instituir un nuevo régimen de retenciones compatible con una propuesta agropecuaria seria! Ese es el camino razonable del debate que tenemos planteado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Y hablo de complicidad dado que esto se pudo hacer porque hubo funcionarios gubernamentales que no cerraron el registro de exportaciones en el momento en que debieron cerrarlo. También lo digo porque cuando en esta Cámara de Diputados elaboramos una ley para que esto no siguiera ocurriendo, hubo un senador oficialista, Urquía (dueño de Aceitera General Deheza), que limitó la capacidad y potencialidad de esa norma?
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- y porque además demoraron cinco meses en reglamentar el instrumento que teníamos.
Este Parlamento no puede pasar por alto este tema, por lo que en la próxima sesión vamos a plantear con toda claridad una preferencia para que se constituya una comisión parlamentaria de seguimiento de lo que ha ocurrido en esta cuestión.
Quiero decir también que hay sospechosas ausencias en la lista de empresas que desde la ONCCA, en el debate de la comisión nos dijeron que iban a comenzar a demandar. Hay un conjunto importante de empresas, en general las aceiteras, como Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín Molinos Cañuelas -que fueron las que apropiaron la mayor parte de estos 1.200 millones de dólares- que ni siquiera forman parte del listado que nos dieron. (Aplausos.)
Es por esta razón que sostenemos que el debate no significa mantener o suspender una resolución que no se cumple. Hay que hacer otra cosa, y esa otra cosa es el dictamen conjunto que hemos presentado con los compañeros del SI, en el que planteamos que efectivamente en la práctica se necesitan retenciones. No somos de los que descreemos de ese instrumento. Sabemos que existe renta extraordinaria en el sector agropecuario y sabemos también que hay que captarla. Los estudios del INTA nos muestran, por ejemplo, que para la zona de Balcarce la renta extraordinaria está en el orden del 82,6 por ciento al nivel de los precios internacionales. Pero esa es una zona, y hay que entender que no todas las zonas ni todos los productores son iguales, sino que hay actores diversos dentro de la cadena agropecuaria. Por ende, no alcanza con un solo instrumento como la retención para captar la renta extraordinaria que allí existe.
Por lo tanto, dado que llegamos a este debate mal, como no tenemos políticas integrales sobre el sector agropecuario, terminamos discutiendo de manera dificultosa cómo diferenciar las retenciones.
Estamos de acuerdo con que existan retenciones, incluso retenciones móviles. Pero planteamos que no pueden existir ni fijar techos si no hay también un índice de costos. Ese índice de costos local debe estar también dentro de la norma para poder ir maniobrando con las retenciones de manera tal que tengan razonabilidad y justicia. Por eso nuestro proyecto incorpora un índice de costos a ser definido por la Secretaría de Agricultura.
Asimismo, hemos planteado una segmentación al interior de las retenciones para que el mayor apoyo llegue a los pequeños y medianos productores.
Hemos hecho divisiones hasta 300, hasta 600, entre 600 y 1.000 y entre 1.000 y 1.500 toneladas, y propusimos retenciones distintas: de 20, 25, 30 y 35 por ciento. Y por encima de las 1.500 toneladas, sí regirán las retenciones móviles plenas. Este planteo permite resolver la situación en la que nos encontramos; permite dar respuesta a una burguesía media rural que está pidiendo lugar en el marco de este conflicto, y que si fuéramos serios deberíamos brindarle las condiciones para consolidarse de manera autónoma respecto a aquellos actores del campo que efectivamente son parte de estrategias que no contribuyen al desarrollo nacional.
Necesitamos pequeños y medianos productores, para que junto con los trabajadores rurales, los aborígenes y los campesinos hagan posible la construcción de un horizonte de soberanía alimentaria en la Argentina.
Nuestro proyecto además incorpora los beneficios y compensaciones no sólo en soja y girasol, como el proyecto oficial, sino también en maíz y trigo, por la sencilla razón que que resulta contradictorio que digamos que vamos a "desojizar" el campo pero las compensaciones sean para la soja y no para el maíz y el trigo.(Aplausos.)
Estamos elevando la rentabilidad de los sojeros en desmedro de los demás (Aplausos.)
Este es el proyecto que presentamos. El compañero Carlos Raimundi hará referencia a otras cuestiones relativas a esta iniciativa. Vuelvo a insistir en que propusimos una mesa de consenso, y ojalá podamos razonar en este recinto, abrir la cabeza y garantizar el consenso para que además de votar, resolvamos el conflicto existente. (Aplausos).
Sr. Lozano.- Señora presidenta: saludando la posibilidad que nos hemos dado del debate parlamentario, debo decir que desde un comienzo hemos tratado de trabajar en dos direcciones. La primera de ellas es no discutir en abstracto sino en concreto; y la segunda, tratar de abrir los mejores y mayores mecanismos para alcanzar el mínimo consenso y garantizar una solución al conflicto que tenemos planteado.
Lo hemos dicho con todas las letras: esto no se resuelve desde la lucha de oficialismo y oposición. No se resuelve con un oficialismo derrotando al campo ni con una oposición que, en todo caso? tenga como objetivo derrotar al gobierno.
No va a ser con un amontonamiento anti-oficial donde convivan las mejores intenciones con aquellos que no quieren la regulación estatal, ni tampoco con una regulación vinculada a un frente oficialista debilitado que asocia la regulación con el negociado.
Ninguna de esas dos variantes es la que tenemos que transitar.
Antes del comienzo de esta sesión planteamos la posibilidad de hacer una mesa de trabajo donde los distintos dictámenes que existen pudieran confluir en una propuesta que permitiera terminar de resolver el problema. Esto es lo que falta, y aspiramos a que esta sesión -si fuera posible- sea esa mesa de consenso.
Se ha hablado y casi se ha dividido el debate en términos de ratificar o derogar la resolución 125, o en todo caso? -como algunos plantean- suspenderla. Desde el comienzo del debate dijimos: no hablemos de abstracciones. Desde que existe la resolución 125 el Estado argentino no ha cobrado un peso de las retenciones que esa resolución estipula. A pesar de que existen retenciones que superan el 40 por ciento, esas retenciones las pagan los productores, mientras que el Estado percibe como mucho el 24 por ciento. Por detrás de esta situación y en este contexto, no hay una situación donde estemos captando rentas extraordinarias, sino que en la práctica se ha consumado un negociado extraordinario en favor de las trasnacionales que manejan el comercio de cereales y en desmedro de los productores y del Estado argentino.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Esa cifra significa 1.200 millones de dólares que salieron del bolsillo de los productores pero que no están en manos del Estado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Es exactamente la misma cifra que se quería recaudar por retenciones para financiar políticas públicas de distribución del ingreso.
Por lo tanto, para no hablar en el aire, hay que decir que no tiene sentido discutir si hay que mantener una resolución que no se cumple. Tampoco se puede proponer que se suspenda lo que no existe.
Acá hay que parar el negociado! Hay que identificar a los cómplices y responsables, y hay que instituir un nuevo régimen de retenciones compatible con una propuesta agropecuaria seria! Ese es el camino razonable del debate que tenemos planteado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Y hablo de complicidad dado que esto se pudo hacer porque hubo funcionarios gubernamentales que no cerraron el registro de exportaciones en el momento en que debieron cerrarlo. También lo digo porque cuando en esta Cámara de Diputados elaboramos una ley para que esto no siguiera ocurriendo, hubo un senador oficialista, Urquía (dueño de Aceitera General Deheza), que limitó la capacidad y potencialidad de esa norma?
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- y porque además demoraron cinco meses en reglamentar el instrumento que teníamos.
Este Parlamento no puede pasar por alto este tema, por lo que en la próxima sesión vamos a plantear con toda claridad una preferencia para que se constituya una comisión parlamentaria de seguimiento de lo que ha ocurrido en esta cuestión.
Quiero decir también que hay sospechosas ausencias en la lista de empresas que desde la ONCCA, en el debate de la comisión nos dijeron que iban a comenzar a demandar. Hay un conjunto importante de empresas, en general las aceiteras, como Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín Molinos Cañuelas -que fueron las que apropiaron la mayor parte de estos 1.200 millones de dólares- que ni siquiera forman parte del listado que nos dieron. (Aplausos.)
Es por esta razón que sostenemos que el debate no significa mantener o suspender una resolución que no se cumple. Hay que hacer otra cosa, y esa otra cosa es el dictamen conjunto que hemos presentado con los compañeros del SI, en el que planteamos que efectivamente en la práctica se necesitan retenciones. No somos de los que descreemos de ese instrumento. Sabemos que existe renta extraordinaria en el sector agropecuario y sabemos también que hay que captarla. Los estudios del INTA nos muestran, por ejemplo, que para la zona de Balcarce la renta extraordinaria está en el orden del 82,6 por ciento al nivel de los precios internacionales. Pero esa es una zona, y hay que entender que no todas las zonas ni todos los productores son iguales, sino que hay actores diversos dentro de la cadena agropecuaria. Por ende, no alcanza con un solo instrumento como la retención para captar la renta extraordinaria que allí existe.
Por lo tanto, dado que llegamos a este debate mal, como no tenemos políticas integrales sobre el sector agropecuario, terminamos discutiendo de manera dificultosa cómo diferenciar las retenciones.
Estamos de acuerdo con que existan retenciones, incluso retenciones móviles. Pero planteamos que no pueden existir ni fijar techos si no hay también un índice de costos. Ese índice de costos local debe estar también dentro de la norma para poder ir maniobrando con las retenciones de manera tal que tengan razonabilidad y justicia. Por eso nuestro proyecto incorpora un índice de costos a ser definido por la Secretaría de Agricultura.
Asimismo, hemos planteado una segmentación al interior de las retenciones para que el mayor apoyo llegue a los pequeños y medianos productores.
Hemos hecho divisiones hasta 300, hasta 600, entre 600 y 1.000 y entre 1.000 y 1.500 toneladas, y propusimos retenciones distintas: de 20, 25, 30 y 35 por ciento. Y por encima de las 1.500 toneladas, sí regirán las retenciones móviles plenas. Este planteo permite resolver la situación en la que nos encontramos; permite dar respuesta a una burguesía media rural que está pidiendo lugar en el marco de este conflicto, y que si fuéramos serios deberíamos brindarle las condiciones para consolidarse de manera autónoma respecto a aquellos actores del campo que efectivamente son parte de estrategias que no contribuyen al desarrollo nacional.
Necesitamos pequeños y medianos productores, para que junto con los trabajadores rurales, los aborígenes y los campesinos hagan posible la construcción de un horizonte de soberanía alimentaria en la Argentina.
Nuestro proyecto además incorpora los beneficios y compensaciones no sólo en soja y girasol, como el proyecto oficial, sino también en maíz y trigo, por la sencilla razón que que resulta contradictorio que digamos que vamos a "desojizar" el campo pero las compensaciones sean para la soja y no para el maíz y el trigo.(Aplausos.)
Estamos elevando la rentabilidad de los sojeros en desmedro de los demás (Aplausos.)
Este es el proyecto que presentamos. El compañero Carlos Raimundi hará referencia a otras cuestiones relativas a esta iniciativa. Vuelvo a insistir en que propusimos una mesa de consenso, y ojalá podamos razonar en este recinto, abrir la cabeza y garantizar el consenso para que además de votar, resolvamos el conflicto existente. (Aplausos).
martes, 24 de junio de 2008
Por un Campo productivo al servicio de la Nación y nuestro Pueblo
Frente a la decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso de la Nación el tratamiento de las retenciones móviles, Movimiento Proyecto Sur expresa su posición ante la "cuestión agraria", considerando que no estamos frente a una problemática sectorial sino nacional, puesto que se compromete el interés de todos los argentinos, en especial el de los sectores de más bajos recursos.
A 100 días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsabilidad central del gobierno, quien con una medida desacertada aglutinó a los diversos sectores del campo a pesar de la diversidad de sus intereses. También es un deber mencionar la responsabilidad de las entidades gremiales agrarias, históricamente representativas de muy distintos intereses, pero hoy abroqueladas. Para nosotros, no es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dictaduras y al saqueo de la nación, que quienes nacieron del "Grito de Alcorta". A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoyados en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes multinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.
Por último, también marcamos el lamentable papel que ha jugando parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pretenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al gobierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de "golpe" para cerrar filas e impedir el debate que nos debemos.
Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gradualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería, que incluso goza de exenciones impositivas y subsidios. Política que también beneficia a las corporaciones petroleras y a la actividad itícola.
Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal – Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria. Es el caso de los pools de siembra y arrendatarios; los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de 10 has. cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblaciones. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.
Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino, exige atender el reclamo de las dos terceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto actual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones (Mocafor, Mocase, Frente Nacional Campesino, entre otros). No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Central 50.000 millones de dólares de reservas, existen regiones del país - como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco- con 50% de desnutrición, con más de 2,8 millones argentinos en estado de indigencia y más 5 millones en la pobreza?
Por estas razones, Proyecto Sur propicia:
Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.
Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evolución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad (en contraposición al monocultivo sojero), todo ello garantizado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.
Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa (de Soros, con 600.000 hectáreas) estén exentos del impuesto a la ganancia; el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con "mesas de concertación" por producto agrícola; una equitativa coparticipación federal; limitación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la producción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como herramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las Universidades Nacionales en la cuestión agraria; desarrollo de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multinacionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.
Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la iniciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones necesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la resolución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores de las enunciadas, (22% al 27%), mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no sólo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sector más concentrado.
Se puede. Sólo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la defensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la alimentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispensable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.
Desde sus inicios Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse sin no se recuperan para la Nación, los recursos naturales. Hoy volvemos a reiterarlo.
Por PROYECTO SUR: Fernando "Pino" Solanas – Alcira Argumedo – Luis Brunati - Claudio Lozano - Jorge Cardelli - Rubén Ruiz – Mario Mazzitelli – Jorge Selser – Carlos Del Frade
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A 100 días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsabilidad central del gobierno, quien con una medida desacertada aglutinó a los diversos sectores del campo a pesar de la diversidad de sus intereses. También es un deber mencionar la responsabilidad de las entidades gremiales agrarias, históricamente representativas de muy distintos intereses, pero hoy abroqueladas. Para nosotros, no es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dictaduras y al saqueo de la nación, que quienes nacieron del "Grito de Alcorta". A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoyados en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes multinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.
Por último, también marcamos el lamentable papel que ha jugando parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pretenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al gobierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de "golpe" para cerrar filas e impedir el debate que nos debemos.
Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gradualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería, que incluso goza de exenciones impositivas y subsidios. Política que también beneficia a las corporaciones petroleras y a la actividad itícola.
Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal – Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria. Es el caso de los pools de siembra y arrendatarios; los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de 10 has. cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblaciones. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.
Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino, exige atender el reclamo de las dos terceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto actual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones (Mocafor, Mocase, Frente Nacional Campesino, entre otros). No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Central 50.000 millones de dólares de reservas, existen regiones del país - como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco- con 50% de desnutrición, con más de 2,8 millones argentinos en estado de indigencia y más 5 millones en la pobreza?
Por estas razones, Proyecto Sur propicia:
Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.
Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evolución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad (en contraposición al monocultivo sojero), todo ello garantizado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.
Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa (de Soros, con 600.000 hectáreas) estén exentos del impuesto a la ganancia; el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con "mesas de concertación" por producto agrícola; una equitativa coparticipación federal; limitación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la producción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como herramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las Universidades Nacionales en la cuestión agraria; desarrollo de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multinacionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.
Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la iniciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones necesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la resolución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores de las enunciadas, (22% al 27%), mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no sólo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sector más concentrado.
Se puede. Sólo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la defensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la alimentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispensable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.
Desde sus inicios Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse sin no se recuperan para la Nación, los recursos naturales. Hoy volvemos a reiterarlo.
Por PROYECTO SUR: Fernando "Pino" Solanas – Alcira Argumedo – Luis Brunati - Claudio Lozano - Jorge Cardelli - Rubén Ruiz – Mario Mazzitelli – Jorge Selser – Carlos Del Frade
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miércoles, 18 de junio de 2008
La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta
Luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el referente de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas aseguró que "el debate que hoy queda abierto es cuáles son las rentas excepcionales que tiene la Argentina para acabar con la indigencia y la pobreza" y agregó: "¿Cuánto significa la renta de hidrocarburos?, ¿cuánto la de la minería, la de los pooles sojeros exentos del pago al impuesto a las ganancias, la de las multinacionales de exportación de granos y las pesqueras?"
Además, Solanas dijo que "el envío del proyecto de ley sobre las retenciones al Congreso debe permitir un amplio debate y no un paquete cerrado que impida la discusión sobre el tema. La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta, y que no son sólo las del agro. Esto merece un debate, además de discutir el modelo impositivo que arrastramos desde antes de Menem".
El Gobierno demostró tener menos cintura que un pavo al esperar
más de 90 días para que intervenga el Congreso en un tema tan conflictivo
El referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas se refirió a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agregó:
Por otro lado, la apreciación de la presidenta respecto a los principios democráticos es compartida por el referente de Proyecto Sur, quien aseguró: "nosotros recibimos con beneplácito la reafirmación de los principios democráticos y republicanos del cual el país no puede apartarse." "Las retenciones no pueden cuestionarse, pero el uso de este instrumento debe ampliarse a sectores donde se ponen en juego riquezas argentinas de mayor magnitud. Lo hemos dicho desde el primer momento: las retenciones móviles y bien segmentadas son legítimas y necesarias y no se justifica la continuidad del paro rural o los cortes de rutas", sostuvo Solanas y continuó: "el Gobierno sigue teniendo doble discurso porque las retenciones móviles también deben aplicarse al petróleo que en los últimos cien meses duplicó su precio. La disputa por los 800 millones que aportan las nuevas retenciones rurales es mucho menor que lo que podría haberse obtenido con el aumento de las retenciones petroleras".
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Además, Solanas dijo que "el envío del proyecto de ley sobre las retenciones al Congreso debe permitir un amplio debate y no un paquete cerrado que impida la discusión sobre el tema. La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta, y que no son sólo las del agro. Esto merece un debate, además de discutir el modelo impositivo que arrastramos desde antes de Menem".
El Gobierno demostró tener menos cintura que un pavo al esperar
más de 90 días para que intervenga el Congreso en un tema tan conflictivo
El referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas se refirió a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agregó:
Por otro lado, la apreciación de la presidenta respecto a los principios democráticos es compartida por el referente de Proyecto Sur, quien aseguró: "nosotros recibimos con beneplácito la reafirmación de los principios democráticos y republicanos del cual el país no puede apartarse." "Las retenciones no pueden cuestionarse, pero el uso de este instrumento debe ampliarse a sectores donde se ponen en juego riquezas argentinas de mayor magnitud. Lo hemos dicho desde el primer momento: las retenciones móviles y bien segmentadas son legítimas y necesarias y no se justifica la continuidad del paro rural o los cortes de rutas", sostuvo Solanas y continuó: "el Gobierno sigue teniendo doble discurso porque las retenciones móviles también deben aplicarse al petróleo que en los últimos cien meses duplicó su precio. La disputa por los 800 millones que aportan las nuevas retenciones rurales es mucho menor que lo que podría haberse obtenido con el aumento de las retenciones petroleras".
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sábado, 5 de abril de 2008
Pino Solanas:
"Entre tanto corte de ruta y retenciones, nadie habló de las multinacionales exportadoras que estafan al fisco y al productor"
Así se refirió Fernando "Pino" Solanas, referente del Movimiento Proyecto Sur, al grave conflicto desatado entre el Gobierno Nacional y los productores rurales. Solanas afirmó: "Los productores terminaron el lock out y el gobierno anunció algunas medidas adecuadas, aunque tardías, para disolver de inmediato el conflicto abierto; pero la polarización que se generó, en uno u otro sector, esquivó al tercer protagonista: las multinacionales exportadoras que se quedan entre un cuarto y un tercio de la renta agraria".
El ex candidato presidencial por Proyecto Sur explicó que "el problema del campo es más complejo, debe atenderse la problemática de todos los productores del país. Necesitamos retenciones diferenciadas y un Estado planificador que favorezca el desarrollo, no sólo de la pampa húmeda, sino de todas las economías regionales."
"Podrán abrir una Secretaría de Agricultura, aplicar retenciones diferenciales y reintegros, subsidiar los fletes, convocar a un Consejo Federal Agropecuario, pero no se va a solucionar el problema del reparto si no se elimina al sector exportador como lo hicieron Canadá y Australia con mecanismos similares a la ex Junta Nacional de Granos", explicó Solanas, quien además aseguró: "Los grandes jugadores en el negocio de la soja y de la cadena agroindustrial son las multinacionales como Cargill-Monsanto, Bunge & Born, Dreyfus, Aceitera General Deheza, Vicentín, que son los que exprimen a los pequeños productores. Las retenciones, en definitiva, recaen sobre el productor, porque le transfieren esas retenciones al pagarle bajos precios a sus productos. Cuando hablamos de las multinacionales, hablamos de grupos que controlan puertos, procesadoras de alimentos, acopiadoras, productoras de fertilizantes. Son sólo cinco grupos, que figuran entre los mayores operadores del mundo. La estadounidense Cargill es dueña en el país de más de 40 acopiadoras regionales, cinco puertos cerealeros, plantas de oleaginosas y molinos de trigo."
Solanas continuó apuntando sobre el sector exportador: "Además de monopolizar el comercio exterior, estafan al productor y al Fisco. Por ejemplo, le dicen al productor que le descuentan retenciones sobre un precio de 500 dólares, pero al Fisco le contribuyen luego retenciones por 400 dólares. Roban de los dos lados, al liquidarles al productor y a la AFIP de forma diferente. Para ser más claros, la cerealera le dice al productor que tiene que pagarle al Estado por 250 dólares, cuando en realidad está pagando 200. En un año, estamos hablando de cifras que pasan los US$ 3.500 millones." Luego agregó: "No sólo eso, además tercerizan a Uruguay exportaciones para pagar menos impuestos. Son manejos que tienen que ser investigados."
Finalmente, Solanas concluyó: "Resolver el problema del campo no es sólo sentarse a discutir cuánto de retenciones aplicamos, sino qué precisamos. Hay que garantizar que el productor no sea estafado por estas multinacionales exportadoras, y eso se consigue con la intervención de Juntas Nacionales de Granos y Carnes y fletes baratos a través de ferrocarriles argentinos. En definitiva, se necesita un plan de desarrollo nacional agropecuario que vaya al fondo de los problemas del campo."
Así se refirió Fernando "Pino" Solanas, referente del Movimiento Proyecto Sur, al grave conflicto desatado entre el Gobierno Nacional y los productores rurales. Solanas afirmó: "Los productores terminaron el lock out y el gobierno anunció algunas medidas adecuadas, aunque tardías, para disolver de inmediato el conflicto abierto; pero la polarización que se generó, en uno u otro sector, esquivó al tercer protagonista: las multinacionales exportadoras que se quedan entre un cuarto y un tercio de la renta agraria".
El ex candidato presidencial por Proyecto Sur explicó que "el problema del campo es más complejo, debe atenderse la problemática de todos los productores del país. Necesitamos retenciones diferenciadas y un Estado planificador que favorezca el desarrollo, no sólo de la pampa húmeda, sino de todas las economías regionales."
"Podrán abrir una Secretaría de Agricultura, aplicar retenciones diferenciales y reintegros, subsidiar los fletes, convocar a un Consejo Federal Agropecuario, pero no se va a solucionar el problema del reparto si no se elimina al sector exportador como lo hicieron Canadá y Australia con mecanismos similares a la ex Junta Nacional de Granos", explicó Solanas, quien además aseguró: "Los grandes jugadores en el negocio de la soja y de la cadena agroindustrial son las multinacionales como Cargill-Monsanto, Bunge & Born, Dreyfus, Aceitera General Deheza, Vicentín, que son los que exprimen a los pequeños productores. Las retenciones, en definitiva, recaen sobre el productor, porque le transfieren esas retenciones al pagarle bajos precios a sus productos. Cuando hablamos de las multinacionales, hablamos de grupos que controlan puertos, procesadoras de alimentos, acopiadoras, productoras de fertilizantes. Son sólo cinco grupos, que figuran entre los mayores operadores del mundo. La estadounidense Cargill es dueña en el país de más de 40 acopiadoras regionales, cinco puertos cerealeros, plantas de oleaginosas y molinos de trigo."
Solanas continuó apuntando sobre el sector exportador: "Además de monopolizar el comercio exterior, estafan al productor y al Fisco. Por ejemplo, le dicen al productor que le descuentan retenciones sobre un precio de 500 dólares, pero al Fisco le contribuyen luego retenciones por 400 dólares. Roban de los dos lados, al liquidarles al productor y a la AFIP de forma diferente. Para ser más claros, la cerealera le dice al productor que tiene que pagarle al Estado por 250 dólares, cuando en realidad está pagando 200. En un año, estamos hablando de cifras que pasan los US$ 3.500 millones." Luego agregó: "No sólo eso, además tercerizan a Uruguay exportaciones para pagar menos impuestos. Son manejos que tienen que ser investigados."
Finalmente, Solanas concluyó: "Resolver el problema del campo no es sólo sentarse a discutir cuánto de retenciones aplicamos, sino qué precisamos. Hay que garantizar que el productor no sea estafado por estas multinacionales exportadoras, y eso se consigue con la intervención de Juntas Nacionales de Granos y Carnes y fletes baratos a través de ferrocarriles argentinos. En definitiva, se necesita un plan de desarrollo nacional agropecuario que vaya al fondo de los problemas del campo."
lunes, 31 de marzo de 2008
La Hija de la Pavota por Pino Solanas
El conflicto desatado con las retenciones a la renta agraria, esta dejando de lado a uno de los principales protagonistas de la crisis: el sector exportador y las multinacionales del cereal. Los Dreyfus, Bunge y Born, A.D.M, el grupo Cargill-Monsanto y otros, son los que mandan, fijan el precio y se apropian sin necesidad de una millonaria renta que ha llegado hasta un tercio del total. La Argentina es la hija de la pavota: de los cinco grandes países exportadores de granos, EEUU y la CEE subsidian la exportación cerealera e intervienen en apoyo de sus productores; los otros dos países -Australia y Canadá- mantienen el monopolio estatal sobre el comercio exterior a través de mecanismos similares a nuestra antigua Junta Nacional de Granos.
La crisis actual debe servir para replantear el conjunto del problema. ¿Cuál es la razón para ceder la renta y una política soberana e integral de sostén agrícola? No sólo para los productores de soja: ¿puede aceptarse que el productor de manzana o yerba mate reciba sólo el 10% del precio de venta? El desastre económico y social que significó la desaparición del 40% de los productores rurales que teníamos en los años setenta no puede aceptarse como irreversible. El otro tema grave que no puede soslayarse y parece ser el más temido, es la reforma agraria. De casi 500.000 productores pasamos a 300.000. Esas propiedades quedaron en manos de los bancos, grupos concentrados, terratenientes y sociedades anónimas. Hoy la mitad de la tierra pertenece a menos de 7000 propietarios y 40 millones de hectáreas pasaron a ser propiedad de extranjeros, incluso en áreas de frontera.
La expansión de la producción sojera está arrasando con la fertilidad de nuestras pampas, el bosque nativo y las tierras de los pueblos originarios contrariando la Constitución Nacional. La soja forrajera alcanza la mitad de la producción de cereales y el área sembrada llega hoy a los 35 millones de hectáreas, casi el 10% de la superficie total del país. Con certeza, el ingeniero Alberto Lapolla dice: "La sojización desenfrenada de la nación lejos de ser un hecho saludable, constituye un verdadero problema en expansión para la economía nacional y la protección de nuestro ecosistema agrícola, así como también para la vida misma de nuestros habitantes... Mientras los EE.UU. están tomando medidas para reducir la superficie sembrada con soja transgénica, pagando sobreprecios y más subsidios por la soja común, la Argentina sigue expandiendo la frontera sojera sin límite ni precaución alguna. "
Por la peligrosa tendencia al monocultivo sojero -el pasto-soja- nos estamos transformando de productores de alimentos en proveedores de forrajes para el mercado mundial. Desde Menem, hemos abandonando nuestra soberanía alimentaria, junto a la pérdida de los recursos minerales e hidrocarburíferos. El gobierno de los Kirchner ha profundizado el modelo agro-minero exportador: entregó el dominio total de los yacimientos a las provincias y éstas se lanzaron a prolongar -diez años antes de lo que marca la ley- las concesiones de Menem hasta el 2047. Santa Cruz ratificó hace dos semanas la prórroga del principal yacimiento de petróleo del país, Cerro Dragón, hasta su extinción definitiva. ¿Cuándo será el día en que la ciudadanía ocupe las plazas, bloquee las rutas y los puertos para impedir que se lleven nuestro petróleo y minería ? Los hermanos bolivianos dieron el ejemplo, cuando en octubre del 2003 rebelándose contra el envío de gas a EEUU.
La política de retenciones es justa y la han utilizado todas las naciones para desarrollarse. Pero debe distinguirse a los pequeños e indefensos productores, de los grandes y la Sociedad Rural. No se pueden meter a todos en la misma bolsa ni ocuparse sólo de las explotaciones de la pampa húmeda, mientras se abandona al conjunto de los demás cultivos agrícolas y frutícolas del país. El conflicto agrario no se soluciona con posiciones de fuerza o soberbia, ni mezclando la protesta de los pequeños chacareros con los poderosos que terminan exigiendo la anulación de las retenciones. El gobierno puede destrabar el conflicto cambiando el sistema propuesto por retenciones segmentadas que no graven de igual forma al chico que al grande: el 4% de los productores -sólo 2817- concentran el 60% del cultivo de soja. El 96% restante -71.898 productores- producen el 40%. Los enemigos de la renta agraria siguen siendo las multinacionales del cereal y la oligarquía terrateniente. Sólo con la puesta en marcha de una Junta Nacional de Granos y Carnes y un plan de desarrollo agropecuario que incluya la recolonización y el repoblamiento rural, podremos recuperar el conjunto de la renta y dejar de ser los hijos de la pavota.
La crisis actual debe servir para replantear el conjunto del problema. ¿Cuál es la razón para ceder la renta y una política soberana e integral de sostén agrícola? No sólo para los productores de soja: ¿puede aceptarse que el productor de manzana o yerba mate reciba sólo el 10% del precio de venta? El desastre económico y social que significó la desaparición del 40% de los productores rurales que teníamos en los años setenta no puede aceptarse como irreversible. El otro tema grave que no puede soslayarse y parece ser el más temido, es la reforma agraria. De casi 500.000 productores pasamos a 300.000. Esas propiedades quedaron en manos de los bancos, grupos concentrados, terratenientes y sociedades anónimas. Hoy la mitad de la tierra pertenece a menos de 7000 propietarios y 40 millones de hectáreas pasaron a ser propiedad de extranjeros, incluso en áreas de frontera.
La expansión de la producción sojera está arrasando con la fertilidad de nuestras pampas, el bosque nativo y las tierras de los pueblos originarios contrariando la Constitución Nacional. La soja forrajera alcanza la mitad de la producción de cereales y el área sembrada llega hoy a los 35 millones de hectáreas, casi el 10% de la superficie total del país. Con certeza, el ingeniero Alberto Lapolla dice: "La sojización desenfrenada de la nación lejos de ser un hecho saludable, constituye un verdadero problema en expansión para la economía nacional y la protección de nuestro ecosistema agrícola, así como también para la vida misma de nuestros habitantes... Mientras los EE.UU. están tomando medidas para reducir la superficie sembrada con soja transgénica, pagando sobreprecios y más subsidios por la soja común, la Argentina sigue expandiendo la frontera sojera sin límite ni precaución alguna. "
Por la peligrosa tendencia al monocultivo sojero -el pasto-soja- nos estamos transformando de productores de alimentos en proveedores de forrajes para el mercado mundial. Desde Menem, hemos abandonando nuestra soberanía alimentaria, junto a la pérdida de los recursos minerales e hidrocarburíferos. El gobierno de los Kirchner ha profundizado el modelo agro-minero exportador: entregó el dominio total de los yacimientos a las provincias y éstas se lanzaron a prolongar -diez años antes de lo que marca la ley- las concesiones de Menem hasta el 2047. Santa Cruz ratificó hace dos semanas la prórroga del principal yacimiento de petróleo del país, Cerro Dragón, hasta su extinción definitiva. ¿Cuándo será el día en que la ciudadanía ocupe las plazas, bloquee las rutas y los puertos para impedir que se lleven nuestro petróleo y minería ? Los hermanos bolivianos dieron el ejemplo, cuando en octubre del 2003 rebelándose contra el envío de gas a EEUU.
La política de retenciones es justa y la han utilizado todas las naciones para desarrollarse. Pero debe distinguirse a los pequeños e indefensos productores, de los grandes y la Sociedad Rural. No se pueden meter a todos en la misma bolsa ni ocuparse sólo de las explotaciones de la pampa húmeda, mientras se abandona al conjunto de los demás cultivos agrícolas y frutícolas del país. El conflicto agrario no se soluciona con posiciones de fuerza o soberbia, ni mezclando la protesta de los pequeños chacareros con los poderosos que terminan exigiendo la anulación de las retenciones. El gobierno puede destrabar el conflicto cambiando el sistema propuesto por retenciones segmentadas que no graven de igual forma al chico que al grande: el 4% de los productores -sólo 2817- concentran el 60% del cultivo de soja. El 96% restante -71.898 productores- producen el 40%. Los enemigos de la renta agraria siguen siendo las multinacionales del cereal y la oligarquía terrateniente. Sólo con la puesta en marcha de una Junta Nacional de Granos y Carnes y un plan de desarrollo agropecuario que incluya la recolonización y el repoblamiento rural, podremos recuperar el conjunto de la renta y dejar de ser los hijos de la pavota.
jueves, 27 de marzo de 2008
Difícil separar la paja del trigo
Es evidente que la soberbia de la presidenta fue justo lo que necesitaban los sectores del privilegio que encabezan la protesta rural. Sus declaraciones fueron como una chispa que movilizó a sectores medios altos que viven de la renta agraria, y a otros de la misma clase, que se le "solidarizan".
Lamentablemente, pretenden arrastrar a sectores populares disconformes con el gobierno, pero por otras razones. Por eso es importante que no nos dejemos confundir, porque ya las consignas golpistas se empiezan a sentir cada vez más.
Hoy la renta agraria se divide en tres partes casi iguales: 1/3 para los productores, 1/3 para el gobierno, y 1/3 para las multinacionales exportadoras. Los ruralistas sólo reclaman el tercio del gobierno, y guardan silencio frente al negociado de las multinacionales. La propia Federación Agraria, que representa a pequeños productores con quienes somos solidarios, no se diferencia hoy de la Sociedad Rural y sus socios.
Lo que hoy ocurre es producto de los desaciertos del gobierno en materia agropecuaria, que aplica los mismos impuestos a grandes y a chicos, y hace negocios con las multinacionales. Al igual que en materia minera y petrolera, entrega nuestros recursos y nuestro trabajo al extranjero.
Por eso Proyecto Sur, reclama en lo inmediato:
1) Creación de la Junta Nacional de granos y la junta de carnes que monopolice el comercio exportador en manos del Estado (tal como lo hacen Canadá y Australia)
2) Retenciones diferenciadas para productores grandes y chicos
3) Utilización de las retenciones para promover la educación, la salud y el trabajo de todos.
Hugo Kofman
Integrante de la Junta Promotora Provincial
De Proyecto Sur - Santa Fe
Lamentablemente, pretenden arrastrar a sectores populares disconformes con el gobierno, pero por otras razones. Por eso es importante que no nos dejemos confundir, porque ya las consignas golpistas se empiezan a sentir cada vez más.
Hoy la renta agraria se divide en tres partes casi iguales: 1/3 para los productores, 1/3 para el gobierno, y 1/3 para las multinacionales exportadoras. Los ruralistas sólo reclaman el tercio del gobierno, y guardan silencio frente al negociado de las multinacionales. La propia Federación Agraria, que representa a pequeños productores con quienes somos solidarios, no se diferencia hoy de la Sociedad Rural y sus socios.
Lo que hoy ocurre es producto de los desaciertos del gobierno en materia agropecuaria, que aplica los mismos impuestos a grandes y a chicos, y hace negocios con las multinacionales. Al igual que en materia minera y petrolera, entrega nuestros recursos y nuestro trabajo al extranjero.
Por eso Proyecto Sur, reclama en lo inmediato:
1) Creación de la Junta Nacional de granos y la junta de carnes que monopolice el comercio exportador en manos del Estado (tal como lo hacen Canadá y Australia)
2) Retenciones diferenciadas para productores grandes y chicos
3) Utilización de las retenciones para promover la educación, la salud y el trabajo de todos.
Hugo Kofman
Integrante de la Junta Promotora Provincial
De Proyecto Sur - Santa Fe
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