Desde los comienzos del conflicto agropecuario, el Movimiento Proyecto Sur Rosario sostuvo una posición autónoma. En este sentido, consideramos que la polarización entre el campo y el gobierno impulsada por los grandes medios de comunicación es inexistente, ya que no contempla la crisis del modelo agropecuario en su conjunto.
Por ello:
1. Denunciamos un sector de ese mal llamado "campo" que montados en las justas reivindicaciones de los más débiles impulsaron un conjunto de medidas antipopulares: el lockaut patronal y el desabastecimiento. Estamos a favor de las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa y real distribución.
2. Denunciamos asimismo a un gobierno que a pesar de su discurso progresista en lo económico no distribuye. Seis años de crecimiento económico a tasas altísimas no se tradujeron en mejores salarios; la alimentación, la educación y la salud no son derechos garantizados para todos los argentinos. Por otra parte, en su doble discurso, el gobierno que promueve justas retenciones para el campo, las ignora para los negocios petrolero, minero y pesquero, permitiendo la depredación salvaje de nuestros bienes naturales.
3. Denunciamos a los pools de siembra, a las grandes exportadoras multinacionales (Cargill-Monsanto, Dreyfus, Bunge y Born, Nidera, ADM, ADG, etc), y a los grandes terratenientes (Fortabat, Martinez de Hoz, Born, Benetton, etc) que son los grandes beneficiarios de este modelo y siguen amasando grandes fortunas a costa del hambre del pueblo argentino.
La posición de Proyecto Sur Rosario en relación al voto de Claudio Lozano en contra de esta medida no representa en su conjunto la mirada que tenía del conflicto Proyecto Sur ya que denunciamos al modelo del agronegocio.
Como es de público conocimiento, el día 5 de julio, nuestro diputado en el Congreso Nacional, votó en contra de las retenciones móviles y segmentadas. Hubo, en el trabajo de Claudio Lozano, a nuestro entender, algunas cuestiones muy positivas. Por un lado, trató de acercar las posiciones de Federación Agraria con las del gobierno y quebrar así el frente con la SRA y la CRA; por otro lado, realizó una denuncia importante respecto del robo al Estado por parte del las exportadoras. A pesar de este trabajo, Proyecto Sur terminó votando en contra de las retenciones móviles.
Proyecto Sur Rosario quiere expresar, sin dejar de priorizar jamás la construcción y la unidad, su desacuerdo con esta decisión. Tras extensas discusiones internas, llegamos al consenso de que, dada la etapa actual del movimiento, los debates generados y las distintas posiciones expresadas en los tres sentidos del voto, así como la situación política, el voto hubiera sido la abstención.
Necesitamos que Proyecto Sur crezca porque queremos terminar con este modelo productivo y económico que excluye, que mata, que saquea nuestros bienes naturales. Estos debates tienen que servir para el crecimiento de nuestro movimiento, tenemos que aprender de nuestros errores y, sobre todo, tenemos que ser concientes de que tenemos que generar un gran movimiento que contenga a compañeros que tienen distintas posiciones porque la unidad en la diversidad no debe ser sólo una consigna sino nuestro estilo de construcción política y de elaboración ideológica.
http://www.proyectosurrosario.com.ar/rosario
lunes, 28 de julio de 2008
domingo, 27 de julio de 2008
Respuesta al escrito "Solanas ¿cuál es?" de Gerardo Fernández
Fernando Pino Solanas
Alcira Argumedo
Mucha confusión debe andar suelta por Argentina, cuando nos encontramos debatiendo con cierta dureza frente a una persona que no conocemos, aunque puede reflejar la opinión de muchas otras. En su escrito "Solanas:¿cuál es?" Fernández expresa su miedo de ser iconoclasta al criticarnos. Pero ese no es el problema; el problema es ser injusto en sus acusaciones y, aceptemos, también ofensivo. Cuando se discuten ideas, conviene centrarse en ellas, sin descalificar a quienes las expresan; en especial cuando se descalifica no por conductas reales sino por supuestas intenciones aviesas.
Queremos aprovechar la ocasión para responder también a otros compañeros o amigos que han expresado sus críticas -algunas calumniosas- por distintos medios, como la Radio de las Madres, que nos colocaban abiertamente con "el campo", en tanto no se aceptan terceras posiciones. Es cierto que desde el principio del conflicto afirmamos que no era posible estar incondicionalmente con unos o con otros -como hicieran la mayoría de los grupos de izquierda- porque en cada uno de ellos había alianzas poco recomendables y ambos cometían el pecado de dejar afuera a actores que no son precisamente populares, como las grandes transnacionales exportadoras de granos y oleaginosas y los pools de siembra, beneficiarios de gran parte de la renta agraria. En el bloque "del campo" la alianza incluía a la Sociedad Rural y entidades de la oligarquía que acompañaron las causas más reaccionarias.
Pero la decisión de imponer retenciones móviles por parte del gobierno se tomó sin tener en cuenta un diagnóstico serio sobre la heterogénea composición del sector rural, de los distintos grupos de poder que intervienen en el fenómeno de la sojización y de las graves secuelas que este fenómeno viene produciendo en términos económicos, sociales, ecológicos y en la salud de importantes segmentos de la población argentina. Si se contaba con información acerca de que el 20% de los productores controlan el 80% de la producción; o el papel que juegan las transnacionales exportadoras y los pools de siembra; la Resolución 125 tendría que haber contemplado ajustes y segmentaciones imprescindibles. De este modo, la correcta medida de las retenciones móviles se hubiera aplicado legítimamente a ese 20% que controla el 80% de la producción y, además, se hubiera controlado el cobro de los aportes correspondientes a las grandes corporaciones exportadoras -Cargill, Nidera, Bunge Argentina, Dreyfus, Vicentín, LCD Argentina o Aceitera General Deheza- así como a los pools de siembra que eluden impuestos al actuar como fideicomisos. Las corporaciones exportadoras obtienen ganancias descomunales y, gracias al tratamiento de la Resolución 125, recibieron beneficios adicionales del orden de los 1.100 millones de dólares solamente en soja y 1.700 millones si se incluye el conjunto de los granos y aceites, como denunciara el diputado Claudio Lozano y otros legisladores, apoyados a su vez en la investigación penal de Ricardo Monner Sánz y Mario Cafiero. Debe registrarse que, en función de dicha denuncia, la ONCCA -Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario- ha debido comenzar a investigar las "distracciones" de funcionarios poco transparentes que permitieron ese negociado, según informan los periódicos de estos días. Por lo demás, la mera política de retenciones no resuelve el drama mayor de esta historia -el de los pequeños campesinos y las comunidades de pueblos originarios- que en los últimos años fueron brutalmente castigados por los desalojos o la erradicación de los montes nativos.
En los años de gobierno del presidente Néstor Kirchner el gobernador Juan Carlos Romero de Salta promovió una devastación sistemática de los montes -con consecuencias de hambrunas y desastres ecológicos- sin que el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación escucharan los reclamos: recordamos una vez más que la reserva Pizarro de esa provincia se salvó gracias a la intervención del actor Ricardo Darín y de Diego Maradona desde su programa "La Noche del 10". También recordemos que el gobernador Jorge Capitanich del Chaco, otra provincia devastada por la soja, habla como vocero del Partido Justicialista de la redistribución de la riqueza en los mismos momentos en que la televisión exhibe la muerte por hambre de niños y adultos indígenas chaqueños, como consecuencia de la destrucción del Impenetrable. La condena a chacareros que hayan sido cómplices de desalojos y apropiación indebida de tierras de campesinos o indígenas, no debe ocultar la responsabilidad de las autoridades nacionales y provinciales durante los últimos años. Estas son algunas de las razones que enunciamos desde el principio del conflicto por las cuales, ante una polarización distorsionada, nos negamos a tomar partido ciego por una u otra de las partes. Uno de los cuestionamientos de Gerardo Fernández se refiere a la diferencia entre criticar determinadas políticas desde "el centroizquierda testimonial" -lo cual sería demasiado fácil- o desde un lugar con responsabilidad de gestión. Sin duda, el análisis de la realidad política que hicimos en el artículo "La noche del Senado" publicado en Página 12 el pasado 18 de julio, fue realizado desde un espacio que puede ser testimonial, pero bajo toda evidencia no es de gestión. Si esto inhibe cualquier tipo de crítica, estamos perdidos; porque entonces no se podría opinar sobre la problemática nacional hasta no desempeñar una gestión, aunque sea en "una intendencia pequeña". Lo cual no solamente descarta nuestra opinión, sino también la de millones de ciudadanos y varios miles de periodistas, intelectuales y militantes que no desempeñan ninguna gestión. En tal sentido, reivindicamos para nosotros y para todos el derecho a opinar "desde el llano". Otra cosa es la crítica que puede hacerse al contenido de la opinión. Fernández señala que "el gobierno ha cometido errores y tiene limitaciones ideológicas pero no es petardeado precisamente por eso. A este gobierno se lo quieren cargar desde la derecha y eso, o bien parece no ser visto por el cineasta y la socióloga o bien no se lo admite porque están esperando que lo hagan mierda de una buena vez para surgir -ellos- como la alternativa salvadora." Si se reconoce que el gobierno ha cometido errores, la pregunta es si esa crítica es legítima o no. Pero si inmediatamente se acusa a quienes formulan las críticas de jugar para la derecha y esperar que hagan mierda al gobierno para proponerse como alternativa salvadora, se cae en esa trampa de plantear falsas polarizaciones, crispar los ánimos desde una concepción amigo-enemigo -que facilita el encubrimiento e impide cualquier debate serio- y es precisamente una de las críticas formuladas por nosotros al accionar político del kirchnerismo. Si hemos participado en la creación de Proyecto Sur es para construir con otras fuerzas políticas y sociales una alternativa -sin pretensiones salvadoras- frente a las experiencias de gobiernos neoliberales, entreguistas e impregnados de corrupción que nuestro país padece desde hace décadas.
Convencidos de que la corrupción y los negocios privados con recursos públicos son una de las lacras principales de la Argentina -y uno de los factores esenciales que impiden una real distribución de la riqueza- "el cineasta y la socióloga" no están dispuestos a ser cómplices del negociado de las exportadoras y los pools de siembra ni de ningún otro, que extrañamente no son mencionado por nuestros críticos. No es la primera vez que lo intentamos: en 1991 "el cineasta" recibió nueve tiros en las piernas -de parte del justicialismo que hacia esos años era menemista- por denunciar el vaciamiento de YPF previo a su vil privatización. Privatización apoyada por el gobernador Kirchner, que ese mismo año recibía al presidente Menem afirmando su apoyo al "proyecto de transformación y cambio que la Argentina debe llevar adelante", con entrega del patrimonio público e indultos incluidos. Con referencia a este problema podemos recordar también el 24 de febrero de 1992, ese día en que un Parlamento eufórico festejaba la privatización y el desguace de YPF: el miembro informante fue el diputado Oscar Parrilli del grupo íntimo de Kirchner, mientras el propio Kirchner -también invadido por la euforia- aseguraba a los medios de comunicación que se trataba de un acto de soberanía. O evocar en marzo del 2002 la actividad de tres gobernadores -Romero de Salta, Sobisch de Neuquén y Kirchner de Santa Cruz- llegados a Buenos Aires para presionar al Parlamento y la Casa Rosada con el objetivo de eliminar las retenciones -reiteramos, las retenciones- a la exportación de las petroleras privadas, que venían agotando salvajemente las reservas sin ningún tipo de control estatal, ni cumpliendo con la reposición mediante inversiones en exploración: una obligación establecida en los contratos que nunca cumplieron.
Asimismo, es posible recordar en el 2007 la prórroga por cuarenta años apoyada por el entonces presidente -diez antes de que vencieran las concesiones- de las reservas de Cerro Dragón en favor de la British Petroleum y otras corporaciones hacia las cuales ha mostrado especial simpatía, como Repsol: la prórroga se otorga hasta su extinción total en el 2047; y a ello se suma la entrega de la plataforma submarina. Esto en un contexto de crisis energética, cuando el barril de petróleo ha pasado de 60 a casi 140 dólares en sólo ocho meses y la renta energética en manos de las corporaciones ronda los 30.000 millones de dólares anuales. Ni hablar de la "argentinización" de Repsol YPF protagonizada por el señor Eskenazi, operador financiero de los misteriosos fondos de la provincia de Santa Cruz y los del matrimonio Kirchner: demasiadas "casualidades permanentes", como diría un ex mandatario, lector de Sócrates. ¿Será que Repsol y la British Petroleum pertenecen a las mayorías populares por carácter transitivo, dados sus estrechos vínculos con este gobierno? Porque nadie niega que la oligarquía terrateniente con su Sociedad Rural conforma una de las capas tradicionales de las clases dominantes; pero el actual bloque de poder hegemónico en nuestra nación incluye además a los grupos económico-financieros locales y de capital extranjero, fortalecidos al amparo de la dictadura militar y las políticas neoliberales de los ochenta y noventa. Esto no significa desconocer los logros alcanzados, en especial durante los primeros tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, como la anulación de las leyes de impunidad del terrorismo de Estado, la renovación de la Corte Suprema de Justicia -aunque no así de los Jueces Federales y las Cámaras de Casación- junto a la ratificación de la alianza con el MERCOSUR y Venezuela, que llevaron a decir No al ALCA en Mar del Plata, además de la decisión de no emplear políticas represivas ante el conflicto social; aunque está el interrogante de la aprobación en el Congreso de la Ley Antiterrorista a instancias del entonces presidente. Pero una cosa es dar respuestas correctas a las demandas de los organismos de Derechos Humanos con su epopeya de treinta años de resistencia; responder al repudio social hacia las oscuridades de la Corte Suprema y comprometerse en un proceso de integración beneficioso para nuestro país; y otra es promover políticas a favor de las poderosas corporaciones económico-financieras o del "capitalismo de amigos"que no llevan necesariamente a una redistribución de la riqueza, como demuestran los resultados después de casi cinco años de gobierno. Con referencia al voto de Claudio Lozano, Fernández lo acusa de haber tomado posición en contra del proyecto gubernamental, que significa "votar junto a la Sociedad Rural, el macrismo, la Colisión Cívica, el duhaldismo, los Rodríguez Saá, el delasotismo, el partido de Patti y toda la gama de partidos provinciales que, como es sabido, no se destacan por su progresismo". Y sigue: "Cuando hubo que decidirse por un proyecto como el del oficialismo que, aun sin contemplar en un 100% sus propuestas, se acercaba mucho más a sus postulados políticos e ideológicos, votaron en contra.... Y no se engañen porque ya somos bastante grandecitos. Ese voto político fue un voto por la suspensión de las retenciones. O sea que acabaron votando totalmente lo contrario de lo que abogan. Penosa demostración del servilismo a la antipatria"¡¡¡ Epaa!!!Proyecto Sur se pronunció por retenciones móviles y segmentadas en beneficio de los medianos y pequeños productores; el problema es que el sector gubernamental se negó sistemáticamente a crear en su proyecto una Comisión que investigara ese desfalco cercano a los 1.700 millones de dólares, realizado por las transnacionales exportadoras gracias al tratamiento de la Resolución 125 y a la complicidad de funcionarios literalmente metidos en la mierda de una gestión corrupta. ¿Cómo pueden explicar Gerardo Fernández y otros críticos progresistas su silencio frente a la denuncia de Lozano sobre una de las mayores estafas cometidas contra el Estado en estos tiempos? Ante la negativa gubernamental, el diputado de Proyecto Sur presentó junto a otros diez legisladores un proyecto en minoría, fundamentado en esa denuncia y en el cual se promueve una Comisión Investigadora. Pero dada la dinámica parlamentaria, votar por el proyecto kirchnerista o abstenerse hubiera significado retirar su propio proyecto. ¿Será que estas exportadoras y fondos de inversión también pertenecen por carácter transitivo a las mayorías populares, en tanto apoyaban a la Resolución 125 que les permitió obtener esas ganancias adicionales, sumadas a los beneficios extraordinarios que de por sí se llevan? Vale remarcar que fue precisamente esa denuncia la que obligó al gobierno a encarar, después de la votación del Senado, la investigación del fraude. Mientras tanto, parecía más fácil acusar a Lozano de "servilismo a la antipatria".
Sin ninguna duda, el compañero Jorge Rulli es una de las personas con mayor autoridad moral, intelectual y política en lo referido a la problemática de la soja -que viene investigando y denunciando desde hace más de una década con su Grupo de Reflexión Rural- y ni hablar de su trayectoria militante en la historia de lo Nacional y Popular en Argentina. Su opinión sobre algunos aspectos del conflicto del campo es contundente: "En este caso, me parece que habría que poner el acento en la inmensa felonía de cientos de intelectuales que encubrieron con discursos contra la oligarquía el despojo al país por parte de los aceiteros y exportadores. Las demandas de la ONCCA ponen al descubierto cuál era el problema y lo que estaba en juego" Para que no se sospeche de nosotros que, como señala Fernández, "su verdadera estrategia no es otra que acumular desde un centroizquierda con folklore Nacional y Popular , para lo que se requiere primordialmente un fuerte esmerilamiento del oficialismo", "el cineasta y la socióloga " debiéramos haber promovido una consiga tipo:"Haga Patria, apoye las privatizaciones petroleras con los compañeros Repsol y British Petroleum a la cabeza; mire para otro lado cuando las compañeras aceiteras y exportadoras se hacen una changuita; defienda al compañero Techint y al tren bala; aplauda a las compañeras corporaciones que explotan la minería con cianuro y generosamente contaminan fuentes de agua y tierras; confíe en las estadísticas del INDEC de Moreno; porque ese es el único camino para incorporarse al campo Nacional y Popular contra la oligarquía". Si no se promueven tales consignas o no se guarda un prudente silencio sobre estas acciones del gobierno, "el cineasta y la socióloga" reafirmarían -según el escrito de Fernández- su "servilismo a la antipatria". Pero hay más: "siguen errando el análisis y jugando objetivamente el papel que más le conviene a la derecha, transitando viejas sendas analíticas que a lo largo del último medio siglo vio al peronismo como el gran impostor y la causa de sus fracasos y por lo tanto abogó por su liquidación de modo tal de poder ocupar el espacio que el determinismo histórico LES tiene reservado." La historia militante del "cineasta y la socióloga" con referencia al peronismo histórico está tan lejos de esta caracterización, como lejos está el kirchnerismo del peronismo histórico. Se comete un grueso error al identificar el proyecto de Perón y Evita con las sucesivas manifestaciones del pejotismo -entre otras el menemismo, el duhaldismo o el kirchnerismo- que son un espejo invertido de ese proyecto. Por lo demás, la adscripción a las tradiciones nacional-populares de Argentina y América Latina de Solanas y Argumedo no es una actitud derivada de modas actuales: baste repasar lo filmado o escrito respectivamente en los últimos cuarenta años. Así que dejemos de lado este tema.Pero es grave afirmar que "Llambías necesita de Buzzi y Solanas para que corran por izquierda al gobierno y así atenuar el impacto de desestabilización que viene inequívocamente por derecha". En realidad, vuelve a plantearse aquí una vez más la mecánica de imponer esas espurias polarizaciones reiteradamente utilizadas por el ex presidente -tipo conmigo o sinmigo- sumadas a la evocación de fantasmas para el pueblo argentino.
Es notorio cómo el gobierno logró maniobrar a partir de esas polarizaciones espurias con la amenaza del golpe de derecha, junto al regreso de comandos civiles y grupos de tareas. Por supuesto que somos grandecitos como para saber que en el país existen rencores, odios e intereses económicos junto a sectores reaccionarios, dispuestos a desestabilizar los regímenes democráticos que no les son afines. Pero fue el error del gobierno con su drástica polarización y su obcecada decisión de mantener sin cambios la Resolución 125 el que brindó bases sociales a la Sociedad Rural, produciendo un distorsionado corte transversal de la sociedad donde las opciones no eran "Braden o Perón", "liberación o dependencia" ni mucho menos "oligarquía o pueblo". La metodología política que criticamos planteaba falsas opciones: se está con la Sociedad Rural o se está con los negociados de Bunge y otras exportadoras, sin mencionar los pools de siembra como Grobocopatel. Los negociados, la política petrolera o el permiso a las corporaciones mineras para llevarse oro, plata y otros minerales de alto valor a mera declaración jurada y sin ningún tipo de control estatal o retenciones no serían "una penosa demostración de servilismo a la antipatria"; por el contrario, la "penosa demostración de servilismo a la antipatria"es negarse a entrar en esas falsas disyuntivas o ser cómplices de los hechos de corrupción que siguen envenenando al país. Con sólo unos días de perspectiva, se transparenta el peligroso juego planteado por el gobierno al extremar la estrategia de amigo-enemigo y una confrontación "sin lugar para los tibios," que le fue restando consenso dentro de sus propias fuerzas. Se decía que Cristina Fernández había perdido en las ciudades grandes debido a la "gorilización" de las clases medias, pero ganó en los pueblos del interior donde estaban las clases populares; lo cual evidencia cómo su estrategia en el "conflicto del campo" le enajenó gran parte de esas simpatías. Porque fueron los pueblos del interior los que se movilizaron en las rutas -por nuestra parte, criticamos las acciones que llevaron al desabastecimiento- presionando a intendentes, diputados y gobernadores kirchneristas para oponerse al gobierno: de esta manera, la fábula de Pedro y el Lobo se transformó en la de Rached y Cobos. Fernández nos acusa de no hacer críticas "al campo" por sus metodologías de presión y la eventual acción de grupos de tareas, mencionados en su exasperación por el ex presidente: la madre de Rached habría sido víctima de esas presiones. Pero el diputado Rached declaró a Clarín el 21 de julio: "Yo estaba seguro de lo que iba a hacer, pero no lo dije antes porque elaboré una estrategia campesina...estoy convencido de que ahora tengo un millón de amigos más que antes". Esto no impide que se condenen los hechos de violencia contra legisladores ocurridos, por ejemplo, en Tucumán; pero los grupos de tareas fueron experiencias demasiado aberrantes como para evocarlas con cierta irresponsabilidad. Finalmente, además de otros temas menores, el escrito afirma que: "Cuando describen el palco de Kirchner.... es mala leche mentar a Scioli y soslayar a Martín Sabbatella, a los miles de argentinos que fueron por las suyas, al pobrerío, a los sindicatos y los miles de militantes que movilizaron, por ejemplo, los movimientos sociales que son, a la larga, los que están bancando este proceso. Ignorar esto es verdaderamente letal, en tanto delata una carga de necedad imperdonable. Porque cualquier profundización de este proceso seguramente dinamitará los puentes con ciertos sectores tradicionales del peronismo y el sindicalismo cegetista, pero cualquier agudización de contradicciones va a encontrar a los movimientos sociales en la primera línea de combate. Incluso hasta si imagináramos un hipotético ascenso de Solanas a puestos de gestión, se requeriría del consenso de estos mismos sectores sociales que hoy junto a Argumedo olvida citar en su diatriba contra "el palco del martes". Si la lógica del análisis no fuera extremar la opción amigo-enemigo, nos permitimos mantener nuestro respeto hacia Martín Sabbatella con quien quizás tengamos diferencias, pero seguramente no somos enemigos; saludamos a los miles de argentinos con quienes en esta oportunidad no estamos de acuerdo, pero tampoco son nuestros enemigos; preferimos no hablar de "pobrerío" para referirnos a nuestros compatriotas más golpeados, a quienes asimismo saludamos:"pobrerío" suena despectivamente, parece un término de señora bien "del campo". Hemos trabajado en apoyo de movimientos sociales, respetando siempre "la dignidad de los nadies": además de la reivindicación de empresas recuperadas y otras experiencias en las películas del "cineasta", el mismísimo Luis D´Elía puede dar fe de reuniones de piqueteros -y no solamente de intelectuales y artistas consagrados- en la Biblioteca Nacional, en cuya organización participó "la socióloga".
En síntesis, una cosa es tener diferencias políticas con el gobierno y otra muy distinta convertirse en enemigo del campo popular. También debe distinguirse entre la derrota o el rechazo de un proyecto mal planteado en el Parlamento y un golpe de la derecha. Una faceta positiva de este conflicto fue que por primera vez en la era kirchnerista hubo un gran debate parlamentario, donde se vertieron las distintas ideas en las comisiones y se discutió en los medios de comunicación sobre el complejo tema agrario. Como afirmamos en el tan demonizado artículo: "Es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica". El conflicto del campo es un ejemplo de las formas en que no debe abordarse ese debate. Dejemos de lado los ataques y respuestas injuriosos. Guardemos las energías para plantearnos discusiones con rigurosidad acerca de cómo construir un espacio político con múltiples miradas, alrededor de un proyecto de país capaz de liberarnos de las viejas y las nuevas oligarquías, de los grupos de poder económicos y financieros y de las corporaciones transnacionales que nos vienen saqueando desde hace décadas; con estrategias creativas de redistribución de la riqueza, sin corrupciones ni negocios privados con patrimonios públicos; sin crear falsas expectativas sobre partidos y cuadros políticos que exhiben trayectorias demasiado poco coherentes; reivindicando el valor de las conductas éticas y la recuperación de esa capacidad de acción colectiva, con un fuerte sentido solidario, que mostraron las mayorías populares como respuesta frente a la crisis. No volvamos a entramparnos en tramposas disyuntivas ni en crispaciones que nos impiden evaluar con claridad las sendas que puedan conducirnos hacia esa segunda emancipación de América Latina.
Buenos Aires, 26 de julio 2008
Alcira Argumedo
Mucha confusión debe andar suelta por Argentina, cuando nos encontramos debatiendo con cierta dureza frente a una persona que no conocemos, aunque puede reflejar la opinión de muchas otras. En su escrito "Solanas:¿cuál es?" Fernández expresa su miedo de ser iconoclasta al criticarnos. Pero ese no es el problema; el problema es ser injusto en sus acusaciones y, aceptemos, también ofensivo. Cuando se discuten ideas, conviene centrarse en ellas, sin descalificar a quienes las expresan; en especial cuando se descalifica no por conductas reales sino por supuestas intenciones aviesas.
Queremos aprovechar la ocasión para responder también a otros compañeros o amigos que han expresado sus críticas -algunas calumniosas- por distintos medios, como la Radio de las Madres, que nos colocaban abiertamente con "el campo", en tanto no se aceptan terceras posiciones. Es cierto que desde el principio del conflicto afirmamos que no era posible estar incondicionalmente con unos o con otros -como hicieran la mayoría de los grupos de izquierda- porque en cada uno de ellos había alianzas poco recomendables y ambos cometían el pecado de dejar afuera a actores que no son precisamente populares, como las grandes transnacionales exportadoras de granos y oleaginosas y los pools de siembra, beneficiarios de gran parte de la renta agraria. En el bloque "del campo" la alianza incluía a la Sociedad Rural y entidades de la oligarquía que acompañaron las causas más reaccionarias.
Pero la decisión de imponer retenciones móviles por parte del gobierno se tomó sin tener en cuenta un diagnóstico serio sobre la heterogénea composición del sector rural, de los distintos grupos de poder que intervienen en el fenómeno de la sojización y de las graves secuelas que este fenómeno viene produciendo en términos económicos, sociales, ecológicos y en la salud de importantes segmentos de la población argentina. Si se contaba con información acerca de que el 20% de los productores controlan el 80% de la producción; o el papel que juegan las transnacionales exportadoras y los pools de siembra; la Resolución 125 tendría que haber contemplado ajustes y segmentaciones imprescindibles. De este modo, la correcta medida de las retenciones móviles se hubiera aplicado legítimamente a ese 20% que controla el 80% de la producción y, además, se hubiera controlado el cobro de los aportes correspondientes a las grandes corporaciones exportadoras -Cargill, Nidera, Bunge Argentina, Dreyfus, Vicentín, LCD Argentina o Aceitera General Deheza- así como a los pools de siembra que eluden impuestos al actuar como fideicomisos. Las corporaciones exportadoras obtienen ganancias descomunales y, gracias al tratamiento de la Resolución 125, recibieron beneficios adicionales del orden de los 1.100 millones de dólares solamente en soja y 1.700 millones si se incluye el conjunto de los granos y aceites, como denunciara el diputado Claudio Lozano y otros legisladores, apoyados a su vez en la investigación penal de Ricardo Monner Sánz y Mario Cafiero. Debe registrarse que, en función de dicha denuncia, la ONCCA -Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario- ha debido comenzar a investigar las "distracciones" de funcionarios poco transparentes que permitieron ese negociado, según informan los periódicos de estos días. Por lo demás, la mera política de retenciones no resuelve el drama mayor de esta historia -el de los pequeños campesinos y las comunidades de pueblos originarios- que en los últimos años fueron brutalmente castigados por los desalojos o la erradicación de los montes nativos.
En los años de gobierno del presidente Néstor Kirchner el gobernador Juan Carlos Romero de Salta promovió una devastación sistemática de los montes -con consecuencias de hambrunas y desastres ecológicos- sin que el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación escucharan los reclamos: recordamos una vez más que la reserva Pizarro de esa provincia se salvó gracias a la intervención del actor Ricardo Darín y de Diego Maradona desde su programa "La Noche del 10". También recordemos que el gobernador Jorge Capitanich del Chaco, otra provincia devastada por la soja, habla como vocero del Partido Justicialista de la redistribución de la riqueza en los mismos momentos en que la televisión exhibe la muerte por hambre de niños y adultos indígenas chaqueños, como consecuencia de la destrucción del Impenetrable. La condena a chacareros que hayan sido cómplices de desalojos y apropiación indebida de tierras de campesinos o indígenas, no debe ocultar la responsabilidad de las autoridades nacionales y provinciales durante los últimos años. Estas son algunas de las razones que enunciamos desde el principio del conflicto por las cuales, ante una polarización distorsionada, nos negamos a tomar partido ciego por una u otra de las partes. Uno de los cuestionamientos de Gerardo Fernández se refiere a la diferencia entre criticar determinadas políticas desde "el centroizquierda testimonial" -lo cual sería demasiado fácil- o desde un lugar con responsabilidad de gestión. Sin duda, el análisis de la realidad política que hicimos en el artículo "La noche del Senado" publicado en Página 12 el pasado 18 de julio, fue realizado desde un espacio que puede ser testimonial, pero bajo toda evidencia no es de gestión. Si esto inhibe cualquier tipo de crítica, estamos perdidos; porque entonces no se podría opinar sobre la problemática nacional hasta no desempeñar una gestión, aunque sea en "una intendencia pequeña". Lo cual no solamente descarta nuestra opinión, sino también la de millones de ciudadanos y varios miles de periodistas, intelectuales y militantes que no desempeñan ninguna gestión. En tal sentido, reivindicamos para nosotros y para todos el derecho a opinar "desde el llano". Otra cosa es la crítica que puede hacerse al contenido de la opinión. Fernández señala que "el gobierno ha cometido errores y tiene limitaciones ideológicas pero no es petardeado precisamente por eso. A este gobierno se lo quieren cargar desde la derecha y eso, o bien parece no ser visto por el cineasta y la socióloga o bien no se lo admite porque están esperando que lo hagan mierda de una buena vez para surgir -ellos- como la alternativa salvadora." Si se reconoce que el gobierno ha cometido errores, la pregunta es si esa crítica es legítima o no. Pero si inmediatamente se acusa a quienes formulan las críticas de jugar para la derecha y esperar que hagan mierda al gobierno para proponerse como alternativa salvadora, se cae en esa trampa de plantear falsas polarizaciones, crispar los ánimos desde una concepción amigo-enemigo -que facilita el encubrimiento e impide cualquier debate serio- y es precisamente una de las críticas formuladas por nosotros al accionar político del kirchnerismo. Si hemos participado en la creación de Proyecto Sur es para construir con otras fuerzas políticas y sociales una alternativa -sin pretensiones salvadoras- frente a las experiencias de gobiernos neoliberales, entreguistas e impregnados de corrupción que nuestro país padece desde hace décadas.
Convencidos de que la corrupción y los negocios privados con recursos públicos son una de las lacras principales de la Argentina -y uno de los factores esenciales que impiden una real distribución de la riqueza- "el cineasta y la socióloga" no están dispuestos a ser cómplices del negociado de las exportadoras y los pools de siembra ni de ningún otro, que extrañamente no son mencionado por nuestros críticos. No es la primera vez que lo intentamos: en 1991 "el cineasta" recibió nueve tiros en las piernas -de parte del justicialismo que hacia esos años era menemista- por denunciar el vaciamiento de YPF previo a su vil privatización. Privatización apoyada por el gobernador Kirchner, que ese mismo año recibía al presidente Menem afirmando su apoyo al "proyecto de transformación y cambio que la Argentina debe llevar adelante", con entrega del patrimonio público e indultos incluidos. Con referencia a este problema podemos recordar también el 24 de febrero de 1992, ese día en que un Parlamento eufórico festejaba la privatización y el desguace de YPF: el miembro informante fue el diputado Oscar Parrilli del grupo íntimo de Kirchner, mientras el propio Kirchner -también invadido por la euforia- aseguraba a los medios de comunicación que se trataba de un acto de soberanía. O evocar en marzo del 2002 la actividad de tres gobernadores -Romero de Salta, Sobisch de Neuquén y Kirchner de Santa Cruz- llegados a Buenos Aires para presionar al Parlamento y la Casa Rosada con el objetivo de eliminar las retenciones -reiteramos, las retenciones- a la exportación de las petroleras privadas, que venían agotando salvajemente las reservas sin ningún tipo de control estatal, ni cumpliendo con la reposición mediante inversiones en exploración: una obligación establecida en los contratos que nunca cumplieron.
Asimismo, es posible recordar en el 2007 la prórroga por cuarenta años apoyada por el entonces presidente -diez antes de que vencieran las concesiones- de las reservas de Cerro Dragón en favor de la British Petroleum y otras corporaciones hacia las cuales ha mostrado especial simpatía, como Repsol: la prórroga se otorga hasta su extinción total en el 2047; y a ello se suma la entrega de la plataforma submarina. Esto en un contexto de crisis energética, cuando el barril de petróleo ha pasado de 60 a casi 140 dólares en sólo ocho meses y la renta energética en manos de las corporaciones ronda los 30.000 millones de dólares anuales. Ni hablar de la "argentinización" de Repsol YPF protagonizada por el señor Eskenazi, operador financiero de los misteriosos fondos de la provincia de Santa Cruz y los del matrimonio Kirchner: demasiadas "casualidades permanentes", como diría un ex mandatario, lector de Sócrates. ¿Será que Repsol y la British Petroleum pertenecen a las mayorías populares por carácter transitivo, dados sus estrechos vínculos con este gobierno? Porque nadie niega que la oligarquía terrateniente con su Sociedad Rural conforma una de las capas tradicionales de las clases dominantes; pero el actual bloque de poder hegemónico en nuestra nación incluye además a los grupos económico-financieros locales y de capital extranjero, fortalecidos al amparo de la dictadura militar y las políticas neoliberales de los ochenta y noventa. Esto no significa desconocer los logros alcanzados, en especial durante los primeros tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, como la anulación de las leyes de impunidad del terrorismo de Estado, la renovación de la Corte Suprema de Justicia -aunque no así de los Jueces Federales y las Cámaras de Casación- junto a la ratificación de la alianza con el MERCOSUR y Venezuela, que llevaron a decir No al ALCA en Mar del Plata, además de la decisión de no emplear políticas represivas ante el conflicto social; aunque está el interrogante de la aprobación en el Congreso de la Ley Antiterrorista a instancias del entonces presidente. Pero una cosa es dar respuestas correctas a las demandas de los organismos de Derechos Humanos con su epopeya de treinta años de resistencia; responder al repudio social hacia las oscuridades de la Corte Suprema y comprometerse en un proceso de integración beneficioso para nuestro país; y otra es promover políticas a favor de las poderosas corporaciones económico-financieras o del "capitalismo de amigos"que no llevan necesariamente a una redistribución de la riqueza, como demuestran los resultados después de casi cinco años de gobierno. Con referencia al voto de Claudio Lozano, Fernández lo acusa de haber tomado posición en contra del proyecto gubernamental, que significa "votar junto a la Sociedad Rural, el macrismo, la Colisión Cívica, el duhaldismo, los Rodríguez Saá, el delasotismo, el partido de Patti y toda la gama de partidos provinciales que, como es sabido, no se destacan por su progresismo". Y sigue: "Cuando hubo que decidirse por un proyecto como el del oficialismo que, aun sin contemplar en un 100% sus propuestas, se acercaba mucho más a sus postulados políticos e ideológicos, votaron en contra.... Y no se engañen porque ya somos bastante grandecitos. Ese voto político fue un voto por la suspensión de las retenciones. O sea que acabaron votando totalmente lo contrario de lo que abogan. Penosa demostración del servilismo a la antipatria"¡¡¡ Epaa!!!Proyecto Sur se pronunció por retenciones móviles y segmentadas en beneficio de los medianos y pequeños productores; el problema es que el sector gubernamental se negó sistemáticamente a crear en su proyecto una Comisión que investigara ese desfalco cercano a los 1.700 millones de dólares, realizado por las transnacionales exportadoras gracias al tratamiento de la Resolución 125 y a la complicidad de funcionarios literalmente metidos en la mierda de una gestión corrupta. ¿Cómo pueden explicar Gerardo Fernández y otros críticos progresistas su silencio frente a la denuncia de Lozano sobre una de las mayores estafas cometidas contra el Estado en estos tiempos? Ante la negativa gubernamental, el diputado de Proyecto Sur presentó junto a otros diez legisladores un proyecto en minoría, fundamentado en esa denuncia y en el cual se promueve una Comisión Investigadora. Pero dada la dinámica parlamentaria, votar por el proyecto kirchnerista o abstenerse hubiera significado retirar su propio proyecto. ¿Será que estas exportadoras y fondos de inversión también pertenecen por carácter transitivo a las mayorías populares, en tanto apoyaban a la Resolución 125 que les permitió obtener esas ganancias adicionales, sumadas a los beneficios extraordinarios que de por sí se llevan? Vale remarcar que fue precisamente esa denuncia la que obligó al gobierno a encarar, después de la votación del Senado, la investigación del fraude. Mientras tanto, parecía más fácil acusar a Lozano de "servilismo a la antipatria".
Sin ninguna duda, el compañero Jorge Rulli es una de las personas con mayor autoridad moral, intelectual y política en lo referido a la problemática de la soja -que viene investigando y denunciando desde hace más de una década con su Grupo de Reflexión Rural- y ni hablar de su trayectoria militante en la historia de lo Nacional y Popular en Argentina. Su opinión sobre algunos aspectos del conflicto del campo es contundente: "En este caso, me parece que habría que poner el acento en la inmensa felonía de cientos de intelectuales que encubrieron con discursos contra la oligarquía el despojo al país por parte de los aceiteros y exportadores. Las demandas de la ONCCA ponen al descubierto cuál era el problema y lo que estaba en juego" Para que no se sospeche de nosotros que, como señala Fernández, "su verdadera estrategia no es otra que acumular desde un centroizquierda con folklore Nacional y Popular , para lo que se requiere primordialmente un fuerte esmerilamiento del oficialismo", "el cineasta y la socióloga " debiéramos haber promovido una consiga tipo:"Haga Patria, apoye las privatizaciones petroleras con los compañeros Repsol y British Petroleum a la cabeza; mire para otro lado cuando las compañeras aceiteras y exportadoras se hacen una changuita; defienda al compañero Techint y al tren bala; aplauda a las compañeras corporaciones que explotan la minería con cianuro y generosamente contaminan fuentes de agua y tierras; confíe en las estadísticas del INDEC de Moreno; porque ese es el único camino para incorporarse al campo Nacional y Popular contra la oligarquía". Si no se promueven tales consignas o no se guarda un prudente silencio sobre estas acciones del gobierno, "el cineasta y la socióloga" reafirmarían -según el escrito de Fernández- su "servilismo a la antipatria". Pero hay más: "siguen errando el análisis y jugando objetivamente el papel que más le conviene a la derecha, transitando viejas sendas analíticas que a lo largo del último medio siglo vio al peronismo como el gran impostor y la causa de sus fracasos y por lo tanto abogó por su liquidación de modo tal de poder ocupar el espacio que el determinismo histórico LES tiene reservado." La historia militante del "cineasta y la socióloga" con referencia al peronismo histórico está tan lejos de esta caracterización, como lejos está el kirchnerismo del peronismo histórico. Se comete un grueso error al identificar el proyecto de Perón y Evita con las sucesivas manifestaciones del pejotismo -entre otras el menemismo, el duhaldismo o el kirchnerismo- que son un espejo invertido de ese proyecto. Por lo demás, la adscripción a las tradiciones nacional-populares de Argentina y América Latina de Solanas y Argumedo no es una actitud derivada de modas actuales: baste repasar lo filmado o escrito respectivamente en los últimos cuarenta años. Así que dejemos de lado este tema.Pero es grave afirmar que "Llambías necesita de Buzzi y Solanas para que corran por izquierda al gobierno y así atenuar el impacto de desestabilización que viene inequívocamente por derecha". En realidad, vuelve a plantearse aquí una vez más la mecánica de imponer esas espurias polarizaciones reiteradamente utilizadas por el ex presidente -tipo conmigo o sinmigo- sumadas a la evocación de fantasmas para el pueblo argentino.
Es notorio cómo el gobierno logró maniobrar a partir de esas polarizaciones espurias con la amenaza del golpe de derecha, junto al regreso de comandos civiles y grupos de tareas. Por supuesto que somos grandecitos como para saber que en el país existen rencores, odios e intereses económicos junto a sectores reaccionarios, dispuestos a desestabilizar los regímenes democráticos que no les son afines. Pero fue el error del gobierno con su drástica polarización y su obcecada decisión de mantener sin cambios la Resolución 125 el que brindó bases sociales a la Sociedad Rural, produciendo un distorsionado corte transversal de la sociedad donde las opciones no eran "Braden o Perón", "liberación o dependencia" ni mucho menos "oligarquía o pueblo". La metodología política que criticamos planteaba falsas opciones: se está con la Sociedad Rural o se está con los negociados de Bunge y otras exportadoras, sin mencionar los pools de siembra como Grobocopatel. Los negociados, la política petrolera o el permiso a las corporaciones mineras para llevarse oro, plata y otros minerales de alto valor a mera declaración jurada y sin ningún tipo de control estatal o retenciones no serían "una penosa demostración de servilismo a la antipatria"; por el contrario, la "penosa demostración de servilismo a la antipatria"es negarse a entrar en esas falsas disyuntivas o ser cómplices de los hechos de corrupción que siguen envenenando al país. Con sólo unos días de perspectiva, se transparenta el peligroso juego planteado por el gobierno al extremar la estrategia de amigo-enemigo y una confrontación "sin lugar para los tibios," que le fue restando consenso dentro de sus propias fuerzas. Se decía que Cristina Fernández había perdido en las ciudades grandes debido a la "gorilización" de las clases medias, pero ganó en los pueblos del interior donde estaban las clases populares; lo cual evidencia cómo su estrategia en el "conflicto del campo" le enajenó gran parte de esas simpatías. Porque fueron los pueblos del interior los que se movilizaron en las rutas -por nuestra parte, criticamos las acciones que llevaron al desabastecimiento- presionando a intendentes, diputados y gobernadores kirchneristas para oponerse al gobierno: de esta manera, la fábula de Pedro y el Lobo se transformó en la de Rached y Cobos. Fernández nos acusa de no hacer críticas "al campo" por sus metodologías de presión y la eventual acción de grupos de tareas, mencionados en su exasperación por el ex presidente: la madre de Rached habría sido víctima de esas presiones. Pero el diputado Rached declaró a Clarín el 21 de julio: "Yo estaba seguro de lo que iba a hacer, pero no lo dije antes porque elaboré una estrategia campesina...estoy convencido de que ahora tengo un millón de amigos más que antes". Esto no impide que se condenen los hechos de violencia contra legisladores ocurridos, por ejemplo, en Tucumán; pero los grupos de tareas fueron experiencias demasiado aberrantes como para evocarlas con cierta irresponsabilidad. Finalmente, además de otros temas menores, el escrito afirma que: "Cuando describen el palco de Kirchner.... es mala leche mentar a Scioli y soslayar a Martín Sabbatella, a los miles de argentinos que fueron por las suyas, al pobrerío, a los sindicatos y los miles de militantes que movilizaron, por ejemplo, los movimientos sociales que son, a la larga, los que están bancando este proceso. Ignorar esto es verdaderamente letal, en tanto delata una carga de necedad imperdonable. Porque cualquier profundización de este proceso seguramente dinamitará los puentes con ciertos sectores tradicionales del peronismo y el sindicalismo cegetista, pero cualquier agudización de contradicciones va a encontrar a los movimientos sociales en la primera línea de combate. Incluso hasta si imagináramos un hipotético ascenso de Solanas a puestos de gestión, se requeriría del consenso de estos mismos sectores sociales que hoy junto a Argumedo olvida citar en su diatriba contra "el palco del martes". Si la lógica del análisis no fuera extremar la opción amigo-enemigo, nos permitimos mantener nuestro respeto hacia Martín Sabbatella con quien quizás tengamos diferencias, pero seguramente no somos enemigos; saludamos a los miles de argentinos con quienes en esta oportunidad no estamos de acuerdo, pero tampoco son nuestros enemigos; preferimos no hablar de "pobrerío" para referirnos a nuestros compatriotas más golpeados, a quienes asimismo saludamos:"pobrerío" suena despectivamente, parece un término de señora bien "del campo". Hemos trabajado en apoyo de movimientos sociales, respetando siempre "la dignidad de los nadies": además de la reivindicación de empresas recuperadas y otras experiencias en las películas del "cineasta", el mismísimo Luis D´Elía puede dar fe de reuniones de piqueteros -y no solamente de intelectuales y artistas consagrados- en la Biblioteca Nacional, en cuya organización participó "la socióloga".
En síntesis, una cosa es tener diferencias políticas con el gobierno y otra muy distinta convertirse en enemigo del campo popular. También debe distinguirse entre la derrota o el rechazo de un proyecto mal planteado en el Parlamento y un golpe de la derecha. Una faceta positiva de este conflicto fue que por primera vez en la era kirchnerista hubo un gran debate parlamentario, donde se vertieron las distintas ideas en las comisiones y se discutió en los medios de comunicación sobre el complejo tema agrario. Como afirmamos en el tan demonizado artículo: "Es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica". El conflicto del campo es un ejemplo de las formas en que no debe abordarse ese debate. Dejemos de lado los ataques y respuestas injuriosos. Guardemos las energías para plantearnos discusiones con rigurosidad acerca de cómo construir un espacio político con múltiples miradas, alrededor de un proyecto de país capaz de liberarnos de las viejas y las nuevas oligarquías, de los grupos de poder económicos y financieros y de las corporaciones transnacionales que nos vienen saqueando desde hace décadas; con estrategias creativas de redistribución de la riqueza, sin corrupciones ni negocios privados con patrimonios públicos; sin crear falsas expectativas sobre partidos y cuadros políticos que exhiben trayectorias demasiado poco coherentes; reivindicando el valor de las conductas éticas y la recuperación de esa capacidad de acción colectiva, con un fuerte sentido solidario, que mostraron las mayorías populares como respuesta frente a la crisis. No volvamos a entramparnos en tramposas disyuntivas ni en crispaciones que nos impiden evaluar con claridad las sendas que puedan conducirnos hacia esa segunda emancipación de América Latina.
Buenos Aires, 26 de julio 2008
viernes, 25 de julio de 2008
El núcleo esencial
Por Alcira Argumedo
Si quiero replicar declaraciones de Alberto Lapolla en una entrevista realizada por Página/12 el 22 de julio, bajo el título “Lozano no tendría que haber votado en contra”, se debe a que, por encima de algunas facetas menores, señala tres temas que considero pueden aportar al debate sobre el conflicto “del campo” en un ambiente de menores tensiones.
El entrevistado afirma que el voto de Claudio Lozano no respetó la propuesta programática de Proyecto Sur y jugó a favor de la Sociedad Rural y que, en mi caso, habría señalado que “la Sociedad Rural no era la misma de antes”. Tal vez por dificultades de comprensión conceptual, o debido al apuro por informar acerca de mis opiniones, Lapolla no captó el núcleo esencial del tema. Por una parte, la heterogénea composición del sector agropecuario actual, donde juegan nuevos grupos de poder, como los pools de siembra y las grandes exportadoras transnacionales de granos y oleaginosas, junto a una recomposición social derivada de la pérdida de cientos de miles de pequeñas y medianas propiedades por parte de productores, víctimas de las políticas catastróficas del menemismo, junto al fortalecimiento de sectores medianos y nuevos grandes terratenientes beneficiados con la entrega de tierras fiscales especialmente en ciertas provincias. Además de los pequeños campesinos y las comunidades indígenas acosadas por los desalojos y desmontes con destino a la soja.
La simplificación de la “contradicción principal” entre el gobierno “nacional y popular” y “el campo” que caracterizara a la estrategia de confrontación kirchnerista permitió meter en la misma bolsa a sectores muy diferentes entre sí, y de este modo otorgó bases de movilización a la Sociedad Rural que jamás hubiera tenido de haberse planteado de entrada una política clara de correctas retenciones móviles y claramente segmentadas en función de la capacidad productiva de cada uno de ellos: allí estaba el dato acerca de la existencia de un 20 por ciento de los empresarios que controlaban el 80 por ciento de la producción. Con los estudios y evaluaciones rigurosas del caso, la aplicación correcta de una medida correcta podría haber evitado la movilización de miles de ruralistas: los medianos y pequeños de la Federación Agraria –que, aunque algunos tengan 500 hectáreas, no es lo mismo que poseer las más de 10 mil o 20 mil hectáreas de los grandes en serio– y por supuesto tampoco a los autoconvocados de los pueblos del interior, que protagonizaron el grueso de las movilizaciones, más allá de las acciones incorrectas de favorecer el desabastecimiento. Advirtamos que este error restó consenso a las medidas gubernamentales y al propio Gobierno, al plantearse la paradoja de que esa oposición se sustentaba en miles de personas que habían votado al Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales y ahora lo repudiaban: el caso de Las Parejas en Santa Fe fue tal vez el paradigma.
La presencia de otros grupos de poder en el sector llevó a situaciones paradojales: llama la atención el persistente silencio de intelectuales y militantes que apoyan al Gobierno sobre la existencia de un negociado cuyo monto supera los 1100 millones de dólares –denunciado en su discurso por Claudio Lozano, en función de la investigación realizada por Ricardo Monner Sans y Mario Cafiero– en favor de las exportadoras transnacionales de granos y oleaginosas. Gracias al tratamiento que el Gobierno dio a la Resolución 125 durante casi cuatro meses y contando con la complicidad de funcionarios distraídos, exportadoras como Bunge Argentina, Cargill, Nidera, Aceitera General Deheza y otras se apropiaron de esa suma mientras las fuerzas populares combatían con “el campo”. En ese marco, pareciera más fácil acusar a Lozano de estar con la oligarquía y así eludir cualquier tipo de cuestionamiento sobre ese negociado, planteando espurias polarizaciones que tienden a silenciarlos; porque supuestamente esa denuncia era desestabilizadora y favorecía el golpe de derecha. La negativa de los diputados gubernamentales a incorporar en su proyecto una comisión encargada de investigar ese hecho de corrupción fue la causa de la presentación de un proyecto propio en minoría y el consiguiente voto negativo al proyecto gubernamental: aceptar los términos de este proyecto hubiera significado una complicidad con negocios corruptos a favor de las corporaciones transnacionales. Esta ha sido una posición pública tanto mía como de Proyecto Sur.
Con referencia a la “vocación de helicóptero”, también hice pública mi opinión en un artículo de Página/12, publicado el 22 de agosto de 2006, bajo el título “Superpoderes” . Allí se advertía sobre el peligro de pretender controlar la suma del poder público. Cito textual: “Los superpoderes (se vinculan) más bien con el síndrome de pequeñas monarquías absolutas que se han conformado en la historia de algunas provincias chicas de nuestro país. En ellas el gobierno se ejerce controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, la posibilidad de dar empleos o subsidios, de amedrentar o silenciar a los opositores, de ejercer un poder precisamente absoluto y en la mayoría de los casos de modo vitalicio, gracias a las reformas constitucionales acomodadas al respecto (...) Pero cuando se trata del conjunto de la Argentina, es diferente ejercer un poder absoluto: en 1995 Menem controlaba el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; tenía el apoyo del FMI, del Banco Mundial, de Estados Unidos, de los grupos económico-financiero s locales y extranjeros, de un sector de la Iglesia y de la mitad de los electores; meses más tarde, ese poder se había disuelto. Luis XIV ejerció una monarquía absoluta; Luis XVI y María Antonieta, también”. La vocación de helicóptero se relaciona con esta tendencia a la conducción política basada en un reducido grupo de toma de decisiones, que pretende imponerlas sin buscar consensos previos y bajo condiciones de enfrentamientos exacerbados. Esto se escribió años antes del “conflicto del campo”, desde una mirada de análisis estratégico y sin complicidades golpistas. Por eso la derrota en este conflicto debe ser un llamado de atención; y en vez de las acusaciones de gorilas, golpistas o miembros de la “nueva derecha” a quienes criticamos los errores del Gobierno, conviene evaluar los propios errores y las modalidades de conducción política.
En cuanto al “odio visceral”, no debe confundirse con críticas duras. Aunque confieso que, más allá de las políticas favorables a las petroleras, la minería, Techint, las grandes exportadoras y otros integrantes del bloque de poder dominante, sí me despertó un odio visceral –que también hice público– la medida anunciada en un acto en el Salón Sur de la Casa Rosada el 23 de febrero de 2007, sobre el aumento de los montos de ayuda del Programa Familia, en beneficio de más de un millón de chicos carenciados. Se trata de una ayuda a hogares de madres solas, con baja educación y uno o más hijos: bajo toda evidencia, la situación más endeble de un hogar. Si la madre beneficiada tiene un solo hijo, el incremento pasaba de 150 pesos a 155 pesos y así sucesivamente a un valor de 5 pesos mensuales por chico: el equivalente a poco más de 15 centavos por día. Cito textual parte de la nota publicada en la revista El Grito de los Excluidos, de marzo de 2007: “No se necesita demasiada suspicacia para saber que de ese millón procede una parte mayor de los chicos de la calle, de los que trabajan, se prostituyen, mendigan o roban –y para afrontar la dureza de su vida aspiran pegamento o consumen paco– porque sólo así pueden sobrevivir y ayudar a sus madres y hermanos menores; también pueblan las cárceles y correccionales” . Subsidios que contrastan con los otorgados al sector de las corporaciones privadas, que ese año fueron del orden de 37.841 millones de pesos. Si esto es vocación por redistribuir la riqueza, estamos mal. En síntesis, consideramos que es imprescindible bajar los decibeles y afrontar un debate profundo acerca de un proyecto de país justo en un proceso de integración latinoamericana autónoma, capaz de superar en serio las secuelas de la dictadura militar y de las políticas neoliberales. Es extraño, pero el espíritu de la entrevista de Lapolla me evoca al genial Alberto Olmedo y su programa No Toca Botón en Canal 9.
Si quiero replicar declaraciones de Alberto Lapolla en una entrevista realizada por Página/12 el 22 de julio, bajo el título “Lozano no tendría que haber votado en contra”, se debe a que, por encima de algunas facetas menores, señala tres temas que considero pueden aportar al debate sobre el conflicto “del campo” en un ambiente de menores tensiones.
El entrevistado afirma que el voto de Claudio Lozano no respetó la propuesta programática de Proyecto Sur y jugó a favor de la Sociedad Rural y que, en mi caso, habría señalado que “la Sociedad Rural no era la misma de antes”. Tal vez por dificultades de comprensión conceptual, o debido al apuro por informar acerca de mis opiniones, Lapolla no captó el núcleo esencial del tema. Por una parte, la heterogénea composición del sector agropecuario actual, donde juegan nuevos grupos de poder, como los pools de siembra y las grandes exportadoras transnacionales de granos y oleaginosas, junto a una recomposición social derivada de la pérdida de cientos de miles de pequeñas y medianas propiedades por parte de productores, víctimas de las políticas catastróficas del menemismo, junto al fortalecimiento de sectores medianos y nuevos grandes terratenientes beneficiados con la entrega de tierras fiscales especialmente en ciertas provincias. Además de los pequeños campesinos y las comunidades indígenas acosadas por los desalojos y desmontes con destino a la soja.
La simplificación de la “contradicción principal” entre el gobierno “nacional y popular” y “el campo” que caracterizara a la estrategia de confrontación kirchnerista permitió meter en la misma bolsa a sectores muy diferentes entre sí, y de este modo otorgó bases de movilización a la Sociedad Rural que jamás hubiera tenido de haberse planteado de entrada una política clara de correctas retenciones móviles y claramente segmentadas en función de la capacidad productiva de cada uno de ellos: allí estaba el dato acerca de la existencia de un 20 por ciento de los empresarios que controlaban el 80 por ciento de la producción. Con los estudios y evaluaciones rigurosas del caso, la aplicación correcta de una medida correcta podría haber evitado la movilización de miles de ruralistas: los medianos y pequeños de la Federación Agraria –que, aunque algunos tengan 500 hectáreas, no es lo mismo que poseer las más de 10 mil o 20 mil hectáreas de los grandes en serio– y por supuesto tampoco a los autoconvocados de los pueblos del interior, que protagonizaron el grueso de las movilizaciones, más allá de las acciones incorrectas de favorecer el desabastecimiento. Advirtamos que este error restó consenso a las medidas gubernamentales y al propio Gobierno, al plantearse la paradoja de que esa oposición se sustentaba en miles de personas que habían votado al Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales y ahora lo repudiaban: el caso de Las Parejas en Santa Fe fue tal vez el paradigma.
La presencia de otros grupos de poder en el sector llevó a situaciones paradojales: llama la atención el persistente silencio de intelectuales y militantes que apoyan al Gobierno sobre la existencia de un negociado cuyo monto supera los 1100 millones de dólares –denunciado en su discurso por Claudio Lozano, en función de la investigación realizada por Ricardo Monner Sans y Mario Cafiero– en favor de las exportadoras transnacionales de granos y oleaginosas. Gracias al tratamiento que el Gobierno dio a la Resolución 125 durante casi cuatro meses y contando con la complicidad de funcionarios distraídos, exportadoras como Bunge Argentina, Cargill, Nidera, Aceitera General Deheza y otras se apropiaron de esa suma mientras las fuerzas populares combatían con “el campo”. En ese marco, pareciera más fácil acusar a Lozano de estar con la oligarquía y así eludir cualquier tipo de cuestionamiento sobre ese negociado, planteando espurias polarizaciones que tienden a silenciarlos; porque supuestamente esa denuncia era desestabilizadora y favorecía el golpe de derecha. La negativa de los diputados gubernamentales a incorporar en su proyecto una comisión encargada de investigar ese hecho de corrupción fue la causa de la presentación de un proyecto propio en minoría y el consiguiente voto negativo al proyecto gubernamental: aceptar los términos de este proyecto hubiera significado una complicidad con negocios corruptos a favor de las corporaciones transnacionales. Esta ha sido una posición pública tanto mía como de Proyecto Sur.
Con referencia a la “vocación de helicóptero”, también hice pública mi opinión en un artículo de Página/12, publicado el 22 de agosto de 2006, bajo el título “Superpoderes” . Allí se advertía sobre el peligro de pretender controlar la suma del poder público. Cito textual: “Los superpoderes (se vinculan) más bien con el síndrome de pequeñas monarquías absolutas que se han conformado en la historia de algunas provincias chicas de nuestro país. En ellas el gobierno se ejerce controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, la posibilidad de dar empleos o subsidios, de amedrentar o silenciar a los opositores, de ejercer un poder precisamente absoluto y en la mayoría de los casos de modo vitalicio, gracias a las reformas constitucionales acomodadas al respecto (...) Pero cuando se trata del conjunto de la Argentina, es diferente ejercer un poder absoluto: en 1995 Menem controlaba el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; tenía el apoyo del FMI, del Banco Mundial, de Estados Unidos, de los grupos económico-financiero s locales y extranjeros, de un sector de la Iglesia y de la mitad de los electores; meses más tarde, ese poder se había disuelto. Luis XIV ejerció una monarquía absoluta; Luis XVI y María Antonieta, también”. La vocación de helicóptero se relaciona con esta tendencia a la conducción política basada en un reducido grupo de toma de decisiones, que pretende imponerlas sin buscar consensos previos y bajo condiciones de enfrentamientos exacerbados. Esto se escribió años antes del “conflicto del campo”, desde una mirada de análisis estratégico y sin complicidades golpistas. Por eso la derrota en este conflicto debe ser un llamado de atención; y en vez de las acusaciones de gorilas, golpistas o miembros de la “nueva derecha” a quienes criticamos los errores del Gobierno, conviene evaluar los propios errores y las modalidades de conducción política.
En cuanto al “odio visceral”, no debe confundirse con críticas duras. Aunque confieso que, más allá de las políticas favorables a las petroleras, la minería, Techint, las grandes exportadoras y otros integrantes del bloque de poder dominante, sí me despertó un odio visceral –que también hice público– la medida anunciada en un acto en el Salón Sur de la Casa Rosada el 23 de febrero de 2007, sobre el aumento de los montos de ayuda del Programa Familia, en beneficio de más de un millón de chicos carenciados. Se trata de una ayuda a hogares de madres solas, con baja educación y uno o más hijos: bajo toda evidencia, la situación más endeble de un hogar. Si la madre beneficiada tiene un solo hijo, el incremento pasaba de 150 pesos a 155 pesos y así sucesivamente a un valor de 5 pesos mensuales por chico: el equivalente a poco más de 15 centavos por día. Cito textual parte de la nota publicada en la revista El Grito de los Excluidos, de marzo de 2007: “No se necesita demasiada suspicacia para saber que de ese millón procede una parte mayor de los chicos de la calle, de los que trabajan, se prostituyen, mendigan o roban –y para afrontar la dureza de su vida aspiran pegamento o consumen paco– porque sólo así pueden sobrevivir y ayudar a sus madres y hermanos menores; también pueblan las cárceles y correccionales” . Subsidios que contrastan con los otorgados al sector de las corporaciones privadas, que ese año fueron del orden de 37.841 millones de pesos. Si esto es vocación por redistribuir la riqueza, estamos mal. En síntesis, consideramos que es imprescindible bajar los decibeles y afrontar un debate profundo acerca de un proyecto de país justo en un proceso de integración latinoamericana autónoma, capaz de superar en serio las secuelas de la dictadura militar y de las políticas neoliberales. Es extraño, pero el espíritu de la entrevista de Lapolla me evoca al genial Alberto Olmedo y su programa No Toca Botón en Canal 9.
jueves, 24 de julio de 2008
ATERRIZAJE FORZOZO PARA AEROLINEAS Y AUSTRAL
Finalizó una etapa en Aerolíneas Argentinas. Muchos respiraron tranquilos tras el anuncio de que la empresa volvía al control del Estado, sin embargo no hubo desbordes ni clima de triunfo. Se fueron (o todavía en eso están) los principales artífices de la mayor debacle de la historia de Aerolíneas y Austral, y con ello cierra un período de la historia que nunca se tuvo que haber iniciado. Pero cosas de la vida, Marsans hoy se va con los bolsillos llenos y deja a más de 9.000 trabajadoras/es en una situación de total precarización, con salarios muy por debajo de nuestras expectativas, y a todo un país con su sistema aerocomercial prácticamente devastado. Quizá por ello la falta de euforia y triunfalismo. Al fin de cuentas, ¿qué hay para festejar? Fuera del hecho que se hayan ido y que en principio la continuidad de las empresas está garantizado, ¡nada más!
LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS , DEBEN SER DEBIDAMENTE SANCIONADOS
Un tema que amenaza con diluirse y quedar en la nada, es el de la responsabilidad que les cabe a los artífices de la situación patrimonial, financiera y operativa en la que Marsans entrega la empresa. Recordemos que la línea de bandera fue entregada a Iberia sin pasivos, iniciándose así un proceso de vaciamiento que fue profundizado por todo grupo empresario que se sucedió en el control de Aerolíneas. Su “venta” y posterior traspaso de manos, fueron a las claras maniobras fraudulentas ejecutadas en perjuicio de trabajadores, usuarios y la sociedad en su conjunto. Logrando revertir la imagen de una empresa que hasta el momento de su entrega por parte del menemismo gozaba de una gran reputación internacional.
Esto nos lleva a preguntarnos además por qué la Secretaria de Transporte avaló la aprobación de los balances de Aerolíneas, seriamente cuestionados por auditorias, en momentos en que Marsans ya afrontaba una causa abierta en un juzgado español por haberse quedado con dinero destinado a Aerolíneas.
Capítulo aparte merece el rol que desempeñaron las conducciones sindicales, particularmente APA que es la que nos representa, desde el momento en que Marsans se hizo cargo de las empresas del Grupo Aerolíneas. ¿Qué hizo para enfrentar el vaciamiento de las empresas desde el 2001 hasta la fecha? Ni siquiera salió a denunciar ni judicial ni públicamentemente, el vaciamiento. Para peor, días atrás firmó junto a otras organizaciones gremiales un pacto social, por el cual no se pueden realizar medidas gremiales por el termino de 60 dias, el cual resulta a todas luces innecesario e injustificado (APTA p ej. no lo firmo). Pacto Social para que? Los aeronáuticos, lo que entre tantas cosas necesitamos, es que tanto Marsans como el Gobierno Nacional cumplan con la legislación vigente.
Es hora de que también nuestros representantes comiencen a dar cuentas acerca del por qué actúan de manera inconsulta sobre temas tan trascendentes. Recordemos que esos mismos representantes son los que en el 2005 se pronunciaba en TV a favor de la gestión de Antonio Mata al frente de ARSA, en medio de un conflicto que otros sindicatos estaban protagonizando por salarios, y que ahora manifiestan a través del mismo medio que siempre “pelearon” por la estatización.
Finalmente, la justicia argentina debe seguir los mismos pasos que la de España e iniciar una investigación que permita establecer cuánto dinero fue desviado, quién se benefició de esa maniobra, y actuar consecuentemente. Ni como trabajadores ni como ciudadanos podemos mostrarnos indiferente ante tanto saqueo, ni permitir que el Estado se comporte de manera “boba” haciéndose cargo de la deuda que debe pagar Marsans. O sea, cargando en todo el pueblo argentino la deuda generada por Marsans, para dentro de 60 días entregarla nuevamente a un privado, pero obviamente sin pasivos.
REESTATIZACION SIN PAGO A MARSANS PARA CONFORMAR UNA UNICA Y PODEROSA LINEA NACIONAL DE BANDERA, GESTIONADA POR TRABAJADORES Y USUARIOS
Es hora de que esta situación termine de una vez y para siempre.. Absolutamente nadie podrá negar que los altos costos operativos tornan por demás onerosa la actividad aerocomercial. Ni hablar de la incidencia que en ella tiene el precio del petróleo. Sin embargo, en ningún país del mundo ha desaparecido el transporte de cargas y pasajeros vía aérea. Todo lo contrario, el tráfico aéreo se sigue incrementando e incluso la proyección de vuelos resulta también ascendente al igual que la explotación de nuevas rutas. Dentro de ese contexto, quienes integramos AITA estamos de acuerdo en que Aerolíneas retorne al Estado, pero porque nunca estuvimos de acuerdo con su privatización. Por ello el Estado no sólo debe hacerse cargo de las empresas, sino definir una verdadera política aerocomercial. Desandando el camino que se inició allá, por inicios de los 90 con la “privatización”, o entrega y descuartización de Aerolíneas.
En sí misma, esa maniobra atentó contra los intereses de la nación entera, en tanto el Estado entregó un medio de transporte que garantizaba la integración regional hacia dentro del país, y desde éste, hacia gran parte del mundo. La “línea aérea de bandera” es, ante todo, un servicio que el Estado debe garantizar a la sociedad, por lo que no puede deslindarse de su manejo entregándosela a una empresa privada, sea de capitales nacionales, extranjeros o mixtos, ya que más allá de su nacionalidad, toda empresa privada busca el beneficio económico y no el social.
DEBEMOS SABER APROVECHAR ESTA OCASION
Algunos funcionarios del gobierno ya han señalado que la empresa será reprivatizada, con lo cual todo lo expresado acerca de la importancia y necesidad de que el Estado cuente con una “línea aérea de bandera”, caería en saco roto. Ahora bien, ¿es posible evitarlo? ¡Claro que sí! Se necesitará de algo que por diversas causas hoy día pareciera difícil de concretar: LA UNIDAD DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES. Al igual que en la crisis del 2001 sólo la movilización de todos los trabajadores de Aerolíneas, convirtiéndola en causa nacional, logrará impedir una nueva falsa esperanza que se abre con este proceso. Esa es la única alternativa que nos queda para elaborar junto a técnicos, especialistas y sobre todo con el control de los trabajadores, un proyecto que permita crear una línea aérea de bandera eficiente y competitiva pero que priorice el rol social. Y, por sobre todas las cosas, debemos apuntar a esa unidad como la única alternativa que nos queda al conjunto de trabajadores de las empresas del hasta hoy Grupo ARSA, para lograr verdaderas mejoras en lo concerniente a lo salarial tanto como a las condiciones de trabajo. Política que debe tener su punto de partida en una verdadera recomposición salarial, la que debe permitir que ningún trabajador gane un salario inferior a los $3.500 –Costo de la Canasta Familiar –. Y junto a ello, se debe apuntar al mejoramiento de los factores de seguridad, higiene y medio ambiente para evitar que los trabajadores se enfermen o renuncien ante las graves condiciones en las que cumplen sus tareas. Sólo entonces podremos creer que estamos ante la verdadera y definitiva recuperación de nuestra línea aérea de bandera para beneficio de trabajadores, usuarios y la sociedad entera.
A.I.T.A en APA-CTA
Agrupación Independiente de Trabajadores Aeronauticos
LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS , DEBEN SER DEBIDAMENTE SANCIONADOS
Un tema que amenaza con diluirse y quedar en la nada, es el de la responsabilidad que les cabe a los artífices de la situación patrimonial, financiera y operativa en la que Marsans entrega la empresa. Recordemos que la línea de bandera fue entregada a Iberia sin pasivos, iniciándose así un proceso de vaciamiento que fue profundizado por todo grupo empresario que se sucedió en el control de Aerolíneas. Su “venta” y posterior traspaso de manos, fueron a las claras maniobras fraudulentas ejecutadas en perjuicio de trabajadores, usuarios y la sociedad en su conjunto. Logrando revertir la imagen de una empresa que hasta el momento de su entrega por parte del menemismo gozaba de una gran reputación internacional.
Esto nos lleva a preguntarnos además por qué la Secretaria de Transporte avaló la aprobación de los balances de Aerolíneas, seriamente cuestionados por auditorias, en momentos en que Marsans ya afrontaba una causa abierta en un juzgado español por haberse quedado con dinero destinado a Aerolíneas.
Capítulo aparte merece el rol que desempeñaron las conducciones sindicales, particularmente APA que es la que nos representa, desde el momento en que Marsans se hizo cargo de las empresas del Grupo Aerolíneas. ¿Qué hizo para enfrentar el vaciamiento de las empresas desde el 2001 hasta la fecha? Ni siquiera salió a denunciar ni judicial ni públicamentemente, el vaciamiento. Para peor, días atrás firmó junto a otras organizaciones gremiales un pacto social, por el cual no se pueden realizar medidas gremiales por el termino de 60 dias, el cual resulta a todas luces innecesario e injustificado (APTA p ej. no lo firmo). Pacto Social para que? Los aeronáuticos, lo que entre tantas cosas necesitamos, es que tanto Marsans como el Gobierno Nacional cumplan con la legislación vigente.
Es hora de que también nuestros representantes comiencen a dar cuentas acerca del por qué actúan de manera inconsulta sobre temas tan trascendentes. Recordemos que esos mismos representantes son los que en el 2005 se pronunciaba en TV a favor de la gestión de Antonio Mata al frente de ARSA, en medio de un conflicto que otros sindicatos estaban protagonizando por salarios, y que ahora manifiestan a través del mismo medio que siempre “pelearon” por la estatización.
Finalmente, la justicia argentina debe seguir los mismos pasos que la de España e iniciar una investigación que permita establecer cuánto dinero fue desviado, quién se benefició de esa maniobra, y actuar consecuentemente. Ni como trabajadores ni como ciudadanos podemos mostrarnos indiferente ante tanto saqueo, ni permitir que el Estado se comporte de manera “boba” haciéndose cargo de la deuda que debe pagar Marsans. O sea, cargando en todo el pueblo argentino la deuda generada por Marsans, para dentro de 60 días entregarla nuevamente a un privado, pero obviamente sin pasivos.
REESTATIZACION SIN PAGO A MARSANS PARA CONFORMAR UNA UNICA Y PODEROSA LINEA NACIONAL DE BANDERA, GESTIONADA POR TRABAJADORES Y USUARIOS
Es hora de que esta situación termine de una vez y para siempre.. Absolutamente nadie podrá negar que los altos costos operativos tornan por demás onerosa la actividad aerocomercial. Ni hablar de la incidencia que en ella tiene el precio del petróleo. Sin embargo, en ningún país del mundo ha desaparecido el transporte de cargas y pasajeros vía aérea. Todo lo contrario, el tráfico aéreo se sigue incrementando e incluso la proyección de vuelos resulta también ascendente al igual que la explotación de nuevas rutas. Dentro de ese contexto, quienes integramos AITA estamos de acuerdo en que Aerolíneas retorne al Estado, pero porque nunca estuvimos de acuerdo con su privatización. Por ello el Estado no sólo debe hacerse cargo de las empresas, sino definir una verdadera política aerocomercial. Desandando el camino que se inició allá, por inicios de los 90 con la “privatización”, o entrega y descuartización de Aerolíneas.
En sí misma, esa maniobra atentó contra los intereses de la nación entera, en tanto el Estado entregó un medio de transporte que garantizaba la integración regional hacia dentro del país, y desde éste, hacia gran parte del mundo. La “línea aérea de bandera” es, ante todo, un servicio que el Estado debe garantizar a la sociedad, por lo que no puede deslindarse de su manejo entregándosela a una empresa privada, sea de capitales nacionales, extranjeros o mixtos, ya que más allá de su nacionalidad, toda empresa privada busca el beneficio económico y no el social.
DEBEMOS SABER APROVECHAR ESTA OCASION
Algunos funcionarios del gobierno ya han señalado que la empresa será reprivatizada, con lo cual todo lo expresado acerca de la importancia y necesidad de que el Estado cuente con una “línea aérea de bandera”, caería en saco roto. Ahora bien, ¿es posible evitarlo? ¡Claro que sí! Se necesitará de algo que por diversas causas hoy día pareciera difícil de concretar: LA UNIDAD DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES. Al igual que en la crisis del 2001 sólo la movilización de todos los trabajadores de Aerolíneas, convirtiéndola en causa nacional, logrará impedir una nueva falsa esperanza que se abre con este proceso. Esa es la única alternativa que nos queda para elaborar junto a técnicos, especialistas y sobre todo con el control de los trabajadores, un proyecto que permita crear una línea aérea de bandera eficiente y competitiva pero que priorice el rol social. Y, por sobre todas las cosas, debemos apuntar a esa unidad como la única alternativa que nos queda al conjunto de trabajadores de las empresas del hasta hoy Grupo ARSA, para lograr verdaderas mejoras en lo concerniente a lo salarial tanto como a las condiciones de trabajo. Política que debe tener su punto de partida en una verdadera recomposición salarial, la que debe permitir que ningún trabajador gane un salario inferior a los $3.500 –Costo de la Canasta Familiar –. Y junto a ello, se debe apuntar al mejoramiento de los factores de seguridad, higiene y medio ambiente para evitar que los trabajadores se enfermen o renuncien ante las graves condiciones en las que cumplen sus tareas. Sólo entonces podremos creer que estamos ante la verdadera y definitiva recuperación de nuestra línea aérea de bandera para beneficio de trabajadores, usuarios y la sociedad entera.
A.I.T.A en APA-CTA
Agrupación Independiente de Trabajadores Aeronauticos
miércoles, 23 de julio de 2008
Pino Solanas ante las críticas desinformadas
1. Ante las operaciones desinformantes que han hecho creer a muchos ciudadanos y compañeros que en la reciente votación parlamentaria sobre la cuestión agraria, voté o impulsé el voto junto a la reacción y la oligarquía, debo aclarar, en primer lugar, que no soy diputado y estuve muy lejos de la capital durante el debate del Congreso. Proyecto Sur no "militó" en las filas del "campo" sino que optó siempre por las retenciones móviles y segmentadas y por una propuesta integral que atendiera a la demanda de los 220.000 pequeños productores rurales que padecen el abandono oficial, la sojización y los abusos de los acopiadores y exportadores. Proyecto Sur apoyó y votó su propio proyecto de ley luego de haber agotado todas las instancias para acercar posiciones y consensuar un proyecto único con el oficialismo que incluyera la formación de una comisión bicameral que investigara la más grave estafa contra el Fisco de los últimos años que se consumaba bajo el paraguas de la Resolución 125. Se trata de una defraudación por US$ 1.169 millones en las exportaciones de soja y de un total de US$ 1763 millones contando el maíz, girasol y trigo como finalmente lo establece el diario Página 12 en su artículo de fondo del último domingo.
La cifra de la defraudación duplica lo que el gobierno nacional pretendía recaudar con la Resolución 125 y tiene como protagonista al único gran actor que quedó en las sombras: las multinacionales exportadoras de granos, a quienes nosotros señalamos desde marzo con la denuncia penal que presentamos con Claudio Lozano y todas las declaraciones y documentos, de los cuales los más importantes aquí adjuntamos. Semanas después Mario Cafiero y Ricardo Monner Sans ampliaron la denuncia penal y en la votación de la Cámara, Lozano fundamentó que no acompañaba el proyecto oficial por la negativa de incluir el pedido de investigación. En consecuencia, Proyecto Sur no tuvo otra alternativa que presentar el proyecto propio para no asociarse a la impunidad y la estafa. Recién hoy se la empieza a reconocer y el gobierno nacional comenzó a tomarla en cuenta.
2. La estafa consistió en que a fines de 2007, las Cerealeras- Exportadoras de granos y derivados presentaron falsas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por más de 23 millones de toneladas de soja que todavía no habían comprado, adelantándose a un eventual aumento de retenciones. Esta operación se realizó con la complicidad de funcionarios del gobierno nacional y ha tenido como uno de sus principales beneficiaros al senador cordobés del Frente para la Victoria, Roberto Urquía, dueño de un monopolio exportador privado, la Aceitera Gral. Deheza que, además, recibe el 4% de subsidio a sus exportaciones de aceite. Llama la atención que la maniquea visión con que se ha abordado este tema hizo olvidar a todos esta denuncia y se ocultó las propuestas avanzadas que traía el proyecto que presentamos junto con otro diez diputados para profundizar las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa distribución. Lo más notable de todo, es que buena parte del país creyó que se estaba tratando en el Congreso de la Nación una ley que iba a dar beneficio a los sectores postergados del escenario rural, cuando se estaba votando una resolución cuyo efecto se extendía sólo hasta octubre y no resolvía de ninguna forma el conflicto desatado. El paroxismo y delirio fue tan grande que el presidente del Partido Justicialista puso en juego la continuidad del gobierno nacional y, según los trascendidos, hasta consideró pedir a la Presidente que renunciara a su cargo.
3. Proyecto Sur nunca aceptó considerar que había dos bandos excluyentes en la contienda. Desde un inicio, dijimos que la línea de polarización política estaba mal trazada, porque dejaba afuera del conflicto a las multinacionales exportadoras (Dreyfus, Molinos Bunge, Cargill, Nidera, ADM, Aceitera Gral. Deheza,) que se llevan un tercio de la renta agraria y estafan al fisco con exportaciones en negro y tercerizadas. Denunciamos a la Sociedad Rural, al lock out patronal y a las reprochables medidas de desabastecimiento que duraron meses y perjudicaron al pueblo. Dijimos también que entre el gobierno y "el campo" estaba el pueblo argentino que reclamaba una pronta y verdadera solución al conflicto. La "cinchada" tuvo que prolongarse más de 100 días para que el gobierno comprendiera que debía girar el tema al Congreso. Las retenciones móviles -tal como las establecía la Resolución 125- no cayeron sólo por la conjura de la reacción. La verdad es que el gobierno, con mayoría parlamentaria, fue traicionado por los hombres de sus propias filas que fueron incorporados por el mismo Kirchner en su Frente Para la Victoria, como Romero, Schiaretti, Reutemann, etc. El voto del vicepresidente Cobos fue el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias y traiciones.
4. No perdamos las energías en un desorientador maniqueísmo. Es necesario construir una gran alternativa para el país. Estamos ante la oportunidad de construir un Proyecto Agropecuario Nacional, cuyo actor principal, junto a los pequeños y medianos productores (pequeña burguesía agraria, campesinos, indígenas, trabajadores rurales), es el Estado, a través del restablecimiento de las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, monopolio público del comercio exterior, líneas de créditos baratos, el INTA y las universidades aportando semillas y tecnología, quien puede contrarrestar la destructiva tendencia al monocultivo sojero. Se ha logrado debatir con profundidad y se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del tema agrario. Hay presentados en el Parlamento iniciativas y proyectos que establecen retenciones móviles minuciosamente segmentadas, ley de arrendamientos, entre otros. El gobierno nacional tiene la oportunidad de reconstruir el consenso para un verdadero proyecto agropecuario que procure el repoblamiento del campo y la soberanía alimentaria de los argentinos. Allí está la propuesta y predisposición de Proyecto Sur para confluir con otras fuerzas en un gran camino de reconstrucción. Esperamos que el gobierno nacional oiga y tome nota de estos aportes.
Fernando "Pino" Solanas
22 de julio de 2008
La cifra de la defraudación duplica lo que el gobierno nacional pretendía recaudar con la Resolución 125 y tiene como protagonista al único gran actor que quedó en las sombras: las multinacionales exportadoras de granos, a quienes nosotros señalamos desde marzo con la denuncia penal que presentamos con Claudio Lozano y todas las declaraciones y documentos, de los cuales los más importantes aquí adjuntamos. Semanas después Mario Cafiero y Ricardo Monner Sans ampliaron la denuncia penal y en la votación de la Cámara, Lozano fundamentó que no acompañaba el proyecto oficial por la negativa de incluir el pedido de investigación. En consecuencia, Proyecto Sur no tuvo otra alternativa que presentar el proyecto propio para no asociarse a la impunidad y la estafa. Recién hoy se la empieza a reconocer y el gobierno nacional comenzó a tomarla en cuenta.
2. La estafa consistió en que a fines de 2007, las Cerealeras- Exportadoras de granos y derivados presentaron falsas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por más de 23 millones de toneladas de soja que todavía no habían comprado, adelantándose a un eventual aumento de retenciones. Esta operación se realizó con la complicidad de funcionarios del gobierno nacional y ha tenido como uno de sus principales beneficiaros al senador cordobés del Frente para la Victoria, Roberto Urquía, dueño de un monopolio exportador privado, la Aceitera Gral. Deheza que, además, recibe el 4% de subsidio a sus exportaciones de aceite. Llama la atención que la maniquea visión con que se ha abordado este tema hizo olvidar a todos esta denuncia y se ocultó las propuestas avanzadas que traía el proyecto que presentamos junto con otro diez diputados para profundizar las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa distribución. Lo más notable de todo, es que buena parte del país creyó que se estaba tratando en el Congreso de la Nación una ley que iba a dar beneficio a los sectores postergados del escenario rural, cuando se estaba votando una resolución cuyo efecto se extendía sólo hasta octubre y no resolvía de ninguna forma el conflicto desatado. El paroxismo y delirio fue tan grande que el presidente del Partido Justicialista puso en juego la continuidad del gobierno nacional y, según los trascendidos, hasta consideró pedir a la Presidente que renunciara a su cargo.
3. Proyecto Sur nunca aceptó considerar que había dos bandos excluyentes en la contienda. Desde un inicio, dijimos que la línea de polarización política estaba mal trazada, porque dejaba afuera del conflicto a las multinacionales exportadoras (Dreyfus, Molinos Bunge, Cargill, Nidera, ADM, Aceitera Gral. Deheza,) que se llevan un tercio de la renta agraria y estafan al fisco con exportaciones en negro y tercerizadas. Denunciamos a la Sociedad Rural, al lock out patronal y a las reprochables medidas de desabastecimiento que duraron meses y perjudicaron al pueblo. Dijimos también que entre el gobierno y "el campo" estaba el pueblo argentino que reclamaba una pronta y verdadera solución al conflicto. La "cinchada" tuvo que prolongarse más de 100 días para que el gobierno comprendiera que debía girar el tema al Congreso. Las retenciones móviles -tal como las establecía la Resolución 125- no cayeron sólo por la conjura de la reacción. La verdad es que el gobierno, con mayoría parlamentaria, fue traicionado por los hombres de sus propias filas que fueron incorporados por el mismo Kirchner en su Frente Para la Victoria, como Romero, Schiaretti, Reutemann, etc. El voto del vicepresidente Cobos fue el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias y traiciones.
4. No perdamos las energías en un desorientador maniqueísmo. Es necesario construir una gran alternativa para el país. Estamos ante la oportunidad de construir un Proyecto Agropecuario Nacional, cuyo actor principal, junto a los pequeños y medianos productores (pequeña burguesía agraria, campesinos, indígenas, trabajadores rurales), es el Estado, a través del restablecimiento de las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, monopolio público del comercio exterior, líneas de créditos baratos, el INTA y las universidades aportando semillas y tecnología, quien puede contrarrestar la destructiva tendencia al monocultivo sojero. Se ha logrado debatir con profundidad y se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del tema agrario. Hay presentados en el Parlamento iniciativas y proyectos que establecen retenciones móviles minuciosamente segmentadas, ley de arrendamientos, entre otros. El gobierno nacional tiene la oportunidad de reconstruir el consenso para un verdadero proyecto agropecuario que procure el repoblamiento del campo y la soberanía alimentaria de los argentinos. Allí está la propuesta y predisposición de Proyecto Sur para confluir con otras fuerzas en un gran camino de reconstrucción. Esperamos que el gobierno nacional oiga y tome nota de estos aportes.
Fernando "Pino" Solanas
22 de julio de 2008
martes, 22 de julio de 2008
Encuentro de reflexión y propuestas políticas en Moreno
Encuentro de reflexión y propuestas políticas colectivas de Moreno
El sábado 12 de Julio se realizó convocado por PROYECTO SUR MORENO un Encuentro de reflexión y propuestas políticas colectivas para Moreno.
Desde tempranito fueron llegando los primeros compañeros y compañeras para comenzar a preparar el locro que mas tarde seria uno de los momentos principales de la reunión: compartir la comida, el vino, la palabra, en fin... la vida. Lentamente se fue colmando el local de la Martín Fierro donde Proyecto Sur Moreno tiene como lugar de Encuentro desde los inicios para lo polìtico, lo social y lo cultural; en unclima de verdadera camaradería nos fuimos encontrando y reencontrado, no faltaron los referentes que peinan canas con toda su experiencia incluyendo a Jorge Lascalea, vecino sabio entre los sabios, escritor del diario local más importante, siempre dispuesto a brindar generosamente su experiencia de décadas y décadas de lucha y de coherencia.
Por otra parte varios jóvenes se repartían por el salón a la hora de las presentaciones , en síntesis una mezcla de entusiasmo y experiencia: dos elementos claves a la hora de construir Proyecto Sur.
Respondieron al cordial llamado vecinos y vecinas de distintos puntos de Moreno: FCO. ALVAREZ, PASO DEL REY, LOMAS , TRUJUI ,CUARTEL V , LA REJA,VILLA ANITA, SAN JOSÉ, y para destacar la presencia del barrio LAS CATONAS con referentes del Centro Cultural Catonas y la Banda de Sikus del mismo barrio que nos acompaño infundiendo mensaje, ritmo y energía al sonido del viento y de los bombos. Para el debate del Encuentro se pasó un video mostrando los contrastes de la localidad: marginalidad, basura, inexistente sistema de salud, transporte monopòlico e ineficiente, etc; al mismo tiempo un fuerte crecimiento de countries y barrios cerrados, bingos, timba y la creciente desigualdad como realidad.
Pero también mostraba la esperanza, cantidad de vecinos y vecinas dispuestos a organizar colectivo, a crear, a mostrar que se puede. Hubo reconocidos aplausos para los compañeros de Proyecto Sur Moreno que realizaron el video. La jornada nos brindo a todas y todos la posibilidad de conocernos, de saber que no estamos solos, que se van sumando valiosos compañeros y compañeras.
Al final las propuestas del Encuentro llegaron:
1- por el lado de las distintas oportunidades que abre el barrio. Aquì se plantearon acciones concretas de articulación.
2- el rescate de lo pedagógico como desafió crucial de esta etapa. La propuesta esta en marcha, guarda todo el potencial de lo nuevo y transmite la alegría y la confianza que esta creciendo en buenas manos.
Gustavo Zarza
Proyecto Sur Moreno realiza sus reuniones todos los días martes a las 19 hs. en Av. Libertador 875 Moreno.
El sábado 12 de Julio se realizó convocado por PROYECTO SUR MORENO un Encuentro de reflexión y propuestas políticas colectivas para Moreno.
Desde tempranito fueron llegando los primeros compañeros y compañeras para comenzar a preparar el locro que mas tarde seria uno de los momentos principales de la reunión: compartir la comida, el vino, la palabra, en fin... la vida. Lentamente se fue colmando el local de la Martín Fierro donde Proyecto Sur Moreno tiene como lugar de Encuentro desde los inicios para lo polìtico, lo social y lo cultural; en unclima de verdadera camaradería nos fuimos encontrando y reencontrado, no faltaron los referentes que peinan canas con toda su experiencia incluyendo a Jorge Lascalea, vecino sabio entre los sabios, escritor del diario local más importante, siempre dispuesto a brindar generosamente su experiencia de décadas y décadas de lucha y de coherencia.
Por otra parte varios jóvenes se repartían por el salón a la hora de las presentaciones , en síntesis una mezcla de entusiasmo y experiencia: dos elementos claves a la hora de construir Proyecto Sur.
Respondieron al cordial llamado vecinos y vecinas de distintos puntos de Moreno: FCO. ALVAREZ, PASO DEL REY, LOMAS , TRUJUI ,CUARTEL V , LA REJA,VILLA ANITA, SAN JOSÉ, y para destacar la presencia del barrio LAS CATONAS con referentes del Centro Cultural Catonas y la Banda de Sikus del mismo barrio que nos acompaño infundiendo mensaje, ritmo y energía al sonido del viento y de los bombos. Para el debate del Encuentro se pasó un video mostrando los contrastes de la localidad: marginalidad, basura, inexistente sistema de salud, transporte monopòlico e ineficiente, etc; al mismo tiempo un fuerte crecimiento de countries y barrios cerrados, bingos, timba y la creciente desigualdad como realidad.
Pero también mostraba la esperanza, cantidad de vecinos y vecinas dispuestos a organizar colectivo, a crear, a mostrar que se puede. Hubo reconocidos aplausos para los compañeros de Proyecto Sur Moreno que realizaron el video. La jornada nos brindo a todas y todos la posibilidad de conocernos, de saber que no estamos solos, que se van sumando valiosos compañeros y compañeras.
Al final las propuestas del Encuentro llegaron:
1- por el lado de las distintas oportunidades que abre el barrio. Aquì se plantearon acciones concretas de articulación.
2- el rescate de lo pedagógico como desafió crucial de esta etapa. La propuesta esta en marcha, guarda todo el potencial de lo nuevo y transmite la alegría y la confianza que esta creciendo en buenas manos.
Gustavo Zarza
Proyecto Sur Moreno realiza sus reuniones todos los días martes a las 19 hs. en Av. Libertador 875 Moreno.
viernes, 18 de julio de 2008
LA NOCHE DEL SENADO
Alcira Argumedo y Pino Solanas.
La decisión de la Cámara Alta, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política y un llamado de atención hacia las formas de conducción gubernamental del kischnerismo. El proyecto del gobierno no cayó solamente por el voto de Cobos o gracias a una confabulación reaccionaria. También aportaron la tozudez y la negativa del gobierno, que se negó a consensuar determinadas reformas al proyecto con otros sectores que buscaban segmentar las retenciones y dar prioridad a la investigación de la grosera defraudación realizada contra el Estado por las grandes exportadoras de granos y oleaginosas. A partir de noviembre del 2007 y hasta fines de mayo del 2008, debido a la negligencia o complicidad de las autoridades, las retenciones sirvieron para estafar al Fisco en 1.169 millones de dólares, que las exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al Fisco. En esta dirección apuntaba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de Claudio Lozano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.
La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevo al país a atravesar más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en diputados no sirvió como advertencia: durante su tratamiento en el Senado, el gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentamiento con “el campo”.
Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones –dentro de una lógica de confrontación amigos-enemigos- tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la Ley Antiterrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del P.J -uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del conourbano, y más cómplices del saqueo nacional- fueron considerados golpistas, anti-democráticos, integrantes de una “nueva derecha” anti-popular; con los cuales es imposible llegar a cualquier tipo de consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del gobierno busquen ese consenso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.
Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas -un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país- que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo –impidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales- el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden cometerse “errores de escala”. Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos doscientos mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta, como son las retenciones móviles, e ignorando además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomicios no tributan ganancias.
Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra “el campo” durante más de cuatro meses, ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del INDEC; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica.
Proyecto Sur 17/7/08
La decisión de la Cámara Alta, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política y un llamado de atención hacia las formas de conducción gubernamental del kischnerismo. El proyecto del gobierno no cayó solamente por el voto de Cobos o gracias a una confabulación reaccionaria. También aportaron la tozudez y la negativa del gobierno, que se negó a consensuar determinadas reformas al proyecto con otros sectores que buscaban segmentar las retenciones y dar prioridad a la investigación de la grosera defraudación realizada contra el Estado por las grandes exportadoras de granos y oleaginosas. A partir de noviembre del 2007 y hasta fines de mayo del 2008, debido a la negligencia o complicidad de las autoridades, las retenciones sirvieron para estafar al Fisco en 1.169 millones de dólares, que las exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al Fisco. En esta dirección apuntaba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de Claudio Lozano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.
La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevo al país a atravesar más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en diputados no sirvió como advertencia: durante su tratamiento en el Senado, el gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentamiento con “el campo”.
Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones –dentro de una lógica de confrontación amigos-enemigos- tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la Ley Antiterrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del P.J -uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del conourbano, y más cómplices del saqueo nacional- fueron considerados golpistas, anti-democráticos, integrantes de una “nueva derecha” anti-popular; con los cuales es imposible llegar a cualquier tipo de consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del gobierno busquen ese consenso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.
Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas -un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país- que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo –impidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales- el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden cometerse “errores de escala”. Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos doscientos mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta, como son las retenciones móviles, e ignorando además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomicios no tributan ganancias.
Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra “el campo” durante más de cuatro meses, ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del INDEC; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica.
Proyecto Sur 17/7/08
miércoles, 16 de julio de 2008
UNA NUEVA ESTAFA AL PUEBLO ARGENTINO
Frente al tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de Ley sobre las retenciones, Movimiento Proyecto Sur denuncia una nueva y grave estafa económica e informativa.
Entre el 11 de noviembre del 2007 y el 31 de mayo del 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones.
En ese período, las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones.
Este hecho, reconocido en el debate en la Cámara de Diputados, por funcionarios del gobierno nacional y las propias cerealeras, fue denunciado por nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse (SI), Verónica Benas (SI), Lisandro Viale (PS) y Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana).
Además, Claudio Lozano presentó –junto al bloque del SI- un proyecto alternativo, alineado con lo que venimos planteando desde un principio: RETENCIONES MOVILES Y MUY GRADUALMENTE SEGMENTADAS, para no recargar al pequeño y beneficiar al grande.
Resulta inadmisible que esta denuncia parlamentaria contra los exportadores de granos por defraudación y estafa en perjuicio del Estado haya sido desoída e incluso silenciada.
No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores. No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado. Los elementos son obvios y contundentes y se requiere de una Comisión Investigadora que desde el Parlamento produzca todas las pruebas que correspondan, pero que además deje en claro si estamos en presencia de un simple negocio de algunos funcionarios con las cerealeras, o si la propia Resolución 125 se definió con el solo objetivo de cubrirles las espaldas a las mismas. Tamaña cuestión no puede soslayarse. Es más, resulta francamente absurdo y abstracto luego de esta demostración, que el Parlamento siga debatiendo ratificar o suspender una resolución por la cual el Estado no ha cobrado un peso. ¡Y que ha servido para que los productores paguen retenciones por encima del 35 y 40% mientras el Estado ha percibido, como máximo, el 24,45%! Las diferencias de entre 11 y 25 puntos entre lo que le retienen al productor al comprarle la cosecha, y lo que terminan liquidándole al Estado, explican los u$s 1.1169 millones que Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, LDC, Nidera, Molinos y otros se han apropiado a expensas de todos los argentinos. Lo expuesto no supone solo una denuncia. Implica un cambio drástico del eje político bajo el cual se debe abordar la resolución de este conflicto. Este es el camino que desde un primer momento le propusimos al oficialismo parlamentario y que consiste en desplazar falacias y abstracciones para avanzar en:
- Frenar el negociado;
- Constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación;
- Remoción de los funcionarios sospechados;
- Recuperar los recursos públicos;
- Instituir un nuevo sistema de retenciones móviles que tome en cuenta los costos de producción locales, que profundice la diferencia a favor de los pequeños y medianos productores con y sin tierra, al tiempo que compense adecuadamente al conjunto de los cultivos y no solo a la soja tal cual lo hace el proyecto oficial.
Sintetizando, la Resolución 125 no se cumple. El Estado no ha cobrado un dólar de las famosas retenciones móviles por encima del 35% que las exportadoras sí les han cobrado a los productores, y lo más paradójico del caso, es que de esta forma no se están entrando un solo peso al Fondo para hospitales y escuelas creado por el gobierno en el medio del conflicto.
PROYECTO SUR fue -oportuno es recordarlo- la primera fuerza que desde los orígenes del conflicto planteo que tanto el gobierno como el campo estaban dejando afuera del problema a las mayores beneficiarias de la renta agraria -las exportadoras del cereal- y denunciamos las reiteradas estafas contra el fisco producidas por la tercerización de las exportaciones y operaciones en negro. ¿Qué puede decirse de un gobierno que todavía ha sido incapaz de imponer un eficaz control público sobre las exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos? ¿Cómo puede aceptarse que la riqueza de la Nación, que son sus recursos naturales, se extraiga y exporte a simple declaración jurada de las corporaciones? ¿A qué ciudadano o empresario nacional le permiten llevarse divisas de los bancos públicos y meses después declarar lo extraído? ¿La justicia no debería proceder contra estos delitos de negligencia o complicidad de los mayores funcionarios con el saqueo de la Nación?
PROYECTO SUR ha defendido desde sus orígenes las retenciones móviles y segmentadas y exigió que se hagan extensivas a la minería. Hemos criticado la aplicación del proyecto que metía en la misma bolsa a poderosos y pequeños, como lo hace con su reaccionario sistema impositivo que iguala injustamente a todos con el IVA.
PROYECTO SUR, a través de Claudio lozano, presento junto al bloque del SI un proyecto alternativo al del oficialismo que –estamos seguros- hubiera puesto fin a este conflicto, consolidando la facultad del Estado de intervenir en la economía. Y reclamó ante todo, la formación de una Comisión Investigadora de la Estafa que se está cometiendo.
Estamos convencidos que no es cierto de que haya dos posiciones, la del gobierno y la del campo. Una popular y democrática y otra golpista y "destituyente". La realidad es más compleja. Y no puede ser simplificada por la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación "golpista" que pretenden sacar provecho del reclamo del "campo". Este planteo dicotómico, por un lado, relativiza el negociado y, por otro, niega la existencia de miles de pequeños y medianos productores junto a la emergencia de una burguesía media rural, todos protagonistas de los pueblos del interior y que son claves –junto a las comunidades originarias, los agricultores familiares y los y las trabajadores/as rurales y urbanos- para un proyecto de desarrollo nacional con soberanía popular y justicia social.
En tal sentido, ratificamos la necesidad de definir una política agropecuaria nacional de amplio consenso, regida por los principios de la soberanía alimentaria y la democratización de las relaciones económicas, que sea capaz de distinguir los diferentes sectores sociales del agro y también las diferentes regiones a la hora de los costos, con políticas que tengan especialmente en cuenta a los agricultores familiares y que castiguen fuertemente el trabajo precario e ilegal en el campo.
Ha sido la negativa tozuda e incomprensible a la justa solución que planteamos lo que ha impedido la construcción de un proyecto de consenso y lo que explica nuestro voto negativo. Voto conciente contra la mentira y la estafa. Voto que en todo momento sostuvo que este problema no se resolvía ni con un amontonamiento antikirchnerista en el que conviven las buenas intenciones con los que no quieren regulación alguna, ni tampoco con propuestas regulatorias asociadas al negociado. Es el gobierno y sus profundas contradicciones el responsable de tanto desatino y, por supuesto, de sus consecuencias.
MOVIMIENTO PROYECTO SUR
Claudio Lozano, Pino Solanas, Mario Mazzitelli, Leopoldo González, Alcira Argumedo, Jorge Selser, Jorge Cardelli, Luis Brunati, Carlos Del Frade
Entre el 11 de noviembre del 2007 y el 31 de mayo del 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones.
En ese período, las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones.
Este hecho, reconocido en el debate en la Cámara de Diputados, por funcionarios del gobierno nacional y las propias cerealeras, fue denunciado por nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse (SI), Verónica Benas (SI), Lisandro Viale (PS) y Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana).
Además, Claudio Lozano presentó –junto al bloque del SI- un proyecto alternativo, alineado con lo que venimos planteando desde un principio: RETENCIONES MOVILES Y MUY GRADUALMENTE SEGMENTADAS, para no recargar al pequeño y beneficiar al grande.
Resulta inadmisible que esta denuncia parlamentaria contra los exportadores de granos por defraudación y estafa en perjuicio del Estado haya sido desoída e incluso silenciada.
No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores. No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado. Los elementos son obvios y contundentes y se requiere de una Comisión Investigadora que desde el Parlamento produzca todas las pruebas que correspondan, pero que además deje en claro si estamos en presencia de un simple negocio de algunos funcionarios con las cerealeras, o si la propia Resolución 125 se definió con el solo objetivo de cubrirles las espaldas a las mismas. Tamaña cuestión no puede soslayarse. Es más, resulta francamente absurdo y abstracto luego de esta demostración, que el Parlamento siga debatiendo ratificar o suspender una resolución por la cual el Estado no ha cobrado un peso. ¡Y que ha servido para que los productores paguen retenciones por encima del 35 y 40% mientras el Estado ha percibido, como máximo, el 24,45%! Las diferencias de entre 11 y 25 puntos entre lo que le retienen al productor al comprarle la cosecha, y lo que terminan liquidándole al Estado, explican los u$s 1.1169 millones que Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, LDC, Nidera, Molinos y otros se han apropiado a expensas de todos los argentinos. Lo expuesto no supone solo una denuncia. Implica un cambio drástico del eje político bajo el cual se debe abordar la resolución de este conflicto. Este es el camino que desde un primer momento le propusimos al oficialismo parlamentario y que consiste en desplazar falacias y abstracciones para avanzar en:
- Frenar el negociado;
- Constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación;
- Remoción de los funcionarios sospechados;
- Recuperar los recursos públicos;
- Instituir un nuevo sistema de retenciones móviles que tome en cuenta los costos de producción locales, que profundice la diferencia a favor de los pequeños y medianos productores con y sin tierra, al tiempo que compense adecuadamente al conjunto de los cultivos y no solo a la soja tal cual lo hace el proyecto oficial.
Sintetizando, la Resolución 125 no se cumple. El Estado no ha cobrado un dólar de las famosas retenciones móviles por encima del 35% que las exportadoras sí les han cobrado a los productores, y lo más paradójico del caso, es que de esta forma no se están entrando un solo peso al Fondo para hospitales y escuelas creado por el gobierno en el medio del conflicto.
PROYECTO SUR fue -oportuno es recordarlo- la primera fuerza que desde los orígenes del conflicto planteo que tanto el gobierno como el campo estaban dejando afuera del problema a las mayores beneficiarias de la renta agraria -las exportadoras del cereal- y denunciamos las reiteradas estafas contra el fisco producidas por la tercerización de las exportaciones y operaciones en negro. ¿Qué puede decirse de un gobierno que todavía ha sido incapaz de imponer un eficaz control público sobre las exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos? ¿Cómo puede aceptarse que la riqueza de la Nación, que son sus recursos naturales, se extraiga y exporte a simple declaración jurada de las corporaciones? ¿A qué ciudadano o empresario nacional le permiten llevarse divisas de los bancos públicos y meses después declarar lo extraído? ¿La justicia no debería proceder contra estos delitos de negligencia o complicidad de los mayores funcionarios con el saqueo de la Nación?
PROYECTO SUR ha defendido desde sus orígenes las retenciones móviles y segmentadas y exigió que se hagan extensivas a la minería. Hemos criticado la aplicación del proyecto que metía en la misma bolsa a poderosos y pequeños, como lo hace con su reaccionario sistema impositivo que iguala injustamente a todos con el IVA.
PROYECTO SUR, a través de Claudio lozano, presento junto al bloque del SI un proyecto alternativo al del oficialismo que –estamos seguros- hubiera puesto fin a este conflicto, consolidando la facultad del Estado de intervenir en la economía. Y reclamó ante todo, la formación de una Comisión Investigadora de la Estafa que se está cometiendo.
Estamos convencidos que no es cierto de que haya dos posiciones, la del gobierno y la del campo. Una popular y democrática y otra golpista y "destituyente". La realidad es más compleja. Y no puede ser simplificada por la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación "golpista" que pretenden sacar provecho del reclamo del "campo". Este planteo dicotómico, por un lado, relativiza el negociado y, por otro, niega la existencia de miles de pequeños y medianos productores junto a la emergencia de una burguesía media rural, todos protagonistas de los pueblos del interior y que son claves –junto a las comunidades originarias, los agricultores familiares y los y las trabajadores/as rurales y urbanos- para un proyecto de desarrollo nacional con soberanía popular y justicia social.
En tal sentido, ratificamos la necesidad de definir una política agropecuaria nacional de amplio consenso, regida por los principios de la soberanía alimentaria y la democratización de las relaciones económicas, que sea capaz de distinguir los diferentes sectores sociales del agro y también las diferentes regiones a la hora de los costos, con políticas que tengan especialmente en cuenta a los agricultores familiares y que castiguen fuertemente el trabajo precario e ilegal en el campo.
Ha sido la negativa tozuda e incomprensible a la justa solución que planteamos lo que ha impedido la construcción de un proyecto de consenso y lo que explica nuestro voto negativo. Voto conciente contra la mentira y la estafa. Voto que en todo momento sostuvo que este problema no se resolvía ni con un amontonamiento antikirchnerista en el que conviven las buenas intenciones con los que no quieren regulación alguna, ni tampoco con propuestas regulatorias asociadas al negociado. Es el gobierno y sus profundas contradicciones el responsable de tanto desatino y, por supuesto, de sus consecuencias.
MOVIMIENTO PROYECTO SUR
Claudio Lozano, Pino Solanas, Mario Mazzitelli, Leopoldo González, Alcira Argumedo, Jorge Selser, Jorge Cardelli, Luis Brunati, Carlos Del Frade
jueves, 10 de julio de 2008
Claudio Lozano en el Congreso
Versión Taquigráfica del Dip. Claudio Lozano el Viernes 4 de julio de 2008
Sr. Lozano.- Señora presidenta: saludando la posibilidad que nos hemos dado del debate parlamentario, debo decir que desde un comienzo hemos tratado de trabajar en dos direcciones. La primera de ellas es no discutir en abstracto sino en concreto; y la segunda, tratar de abrir los mejores y mayores mecanismos para alcanzar el mínimo consenso y garantizar una solución al conflicto que tenemos planteado.
Lo hemos dicho con todas las letras: esto no se resuelve desde la lucha de oficialismo y oposición. No se resuelve con un oficialismo derrotando al campo ni con una oposición que, en todo caso? tenga como objetivo derrotar al gobierno.
No va a ser con un amontonamiento anti-oficial donde convivan las mejores intenciones con aquellos que no quieren la regulación estatal, ni tampoco con una regulación vinculada a un frente oficialista debilitado que asocia la regulación con el negociado.
Ninguna de esas dos variantes es la que tenemos que transitar.
Antes del comienzo de esta sesión planteamos la posibilidad de hacer una mesa de trabajo donde los distintos dictámenes que existen pudieran confluir en una propuesta que permitiera terminar de resolver el problema. Esto es lo que falta, y aspiramos a que esta sesión -si fuera posible- sea esa mesa de consenso.
Se ha hablado y casi se ha dividido el debate en términos de ratificar o derogar la resolución 125, o en todo caso? -como algunos plantean- suspenderla. Desde el comienzo del debate dijimos: no hablemos de abstracciones. Desde que existe la resolución 125 el Estado argentino no ha cobrado un peso de las retenciones que esa resolución estipula. A pesar de que existen retenciones que superan el 40 por ciento, esas retenciones las pagan los productores, mientras que el Estado percibe como mucho el 24 por ciento. Por detrás de esta situación y en este contexto, no hay una situación donde estemos captando rentas extraordinarias, sino que en la práctica se ha consumado un negociado extraordinario en favor de las trasnacionales que manejan el comercio de cereales y en desmedro de los productores y del Estado argentino.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Esa cifra significa 1.200 millones de dólares que salieron del bolsillo de los productores pero que no están en manos del Estado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Es exactamente la misma cifra que se quería recaudar por retenciones para financiar políticas públicas de distribución del ingreso.
Por lo tanto, para no hablar en el aire, hay que decir que no tiene sentido discutir si hay que mantener una resolución que no se cumple. Tampoco se puede proponer que se suspenda lo que no existe.
Acá hay que parar el negociado! Hay que identificar a los cómplices y responsables, y hay que instituir un nuevo régimen de retenciones compatible con una propuesta agropecuaria seria! Ese es el camino razonable del debate que tenemos planteado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Y hablo de complicidad dado que esto se pudo hacer porque hubo funcionarios gubernamentales que no cerraron el registro de exportaciones en el momento en que debieron cerrarlo. También lo digo porque cuando en esta Cámara de Diputados elaboramos una ley para que esto no siguiera ocurriendo, hubo un senador oficialista, Urquía (dueño de Aceitera General Deheza), que limitó la capacidad y potencialidad de esa norma?
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- y porque además demoraron cinco meses en reglamentar el instrumento que teníamos.
Este Parlamento no puede pasar por alto este tema, por lo que en la próxima sesión vamos a plantear con toda claridad una preferencia para que se constituya una comisión parlamentaria de seguimiento de lo que ha ocurrido en esta cuestión.
Quiero decir también que hay sospechosas ausencias en la lista de empresas que desde la ONCCA, en el debate de la comisión nos dijeron que iban a comenzar a demandar. Hay un conjunto importante de empresas, en general las aceiteras, como Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín Molinos Cañuelas -que fueron las que apropiaron la mayor parte de estos 1.200 millones de dólares- que ni siquiera forman parte del listado que nos dieron. (Aplausos.)
Es por esta razón que sostenemos que el debate no significa mantener o suspender una resolución que no se cumple. Hay que hacer otra cosa, y esa otra cosa es el dictamen conjunto que hemos presentado con los compañeros del SI, en el que planteamos que efectivamente en la práctica se necesitan retenciones. No somos de los que descreemos de ese instrumento. Sabemos que existe renta extraordinaria en el sector agropecuario y sabemos también que hay que captarla. Los estudios del INTA nos muestran, por ejemplo, que para la zona de Balcarce la renta extraordinaria está en el orden del 82,6 por ciento al nivel de los precios internacionales. Pero esa es una zona, y hay que entender que no todas las zonas ni todos los productores son iguales, sino que hay actores diversos dentro de la cadena agropecuaria. Por ende, no alcanza con un solo instrumento como la retención para captar la renta extraordinaria que allí existe.
Por lo tanto, dado que llegamos a este debate mal, como no tenemos políticas integrales sobre el sector agropecuario, terminamos discutiendo de manera dificultosa cómo diferenciar las retenciones.
Estamos de acuerdo con que existan retenciones, incluso retenciones móviles. Pero planteamos que no pueden existir ni fijar techos si no hay también un índice de costos. Ese índice de costos local debe estar también dentro de la norma para poder ir maniobrando con las retenciones de manera tal que tengan razonabilidad y justicia. Por eso nuestro proyecto incorpora un índice de costos a ser definido por la Secretaría de Agricultura.
Asimismo, hemos planteado una segmentación al interior de las retenciones para que el mayor apoyo llegue a los pequeños y medianos productores.
Hemos hecho divisiones hasta 300, hasta 600, entre 600 y 1.000 y entre 1.000 y 1.500 toneladas, y propusimos retenciones distintas: de 20, 25, 30 y 35 por ciento. Y por encima de las 1.500 toneladas, sí regirán las retenciones móviles plenas. Este planteo permite resolver la situación en la que nos encontramos; permite dar respuesta a una burguesía media rural que está pidiendo lugar en el marco de este conflicto, y que si fuéramos serios deberíamos brindarle las condiciones para consolidarse de manera autónoma respecto a aquellos actores del campo que efectivamente son parte de estrategias que no contribuyen al desarrollo nacional.
Necesitamos pequeños y medianos productores, para que junto con los trabajadores rurales, los aborígenes y los campesinos hagan posible la construcción de un horizonte de soberanía alimentaria en la Argentina.
Nuestro proyecto además incorpora los beneficios y compensaciones no sólo en soja y girasol, como el proyecto oficial, sino también en maíz y trigo, por la sencilla razón que que resulta contradictorio que digamos que vamos a "desojizar" el campo pero las compensaciones sean para la soja y no para el maíz y el trigo.(Aplausos.)
Estamos elevando la rentabilidad de los sojeros en desmedro de los demás (Aplausos.)
Este es el proyecto que presentamos. El compañero Carlos Raimundi hará referencia a otras cuestiones relativas a esta iniciativa. Vuelvo a insistir en que propusimos una mesa de consenso, y ojalá podamos razonar en este recinto, abrir la cabeza y garantizar el consenso para que además de votar, resolvamos el conflicto existente. (Aplausos).
Sr. Lozano.- Señora presidenta: saludando la posibilidad que nos hemos dado del debate parlamentario, debo decir que desde un comienzo hemos tratado de trabajar en dos direcciones. La primera de ellas es no discutir en abstracto sino en concreto; y la segunda, tratar de abrir los mejores y mayores mecanismos para alcanzar el mínimo consenso y garantizar una solución al conflicto que tenemos planteado.
Lo hemos dicho con todas las letras: esto no se resuelve desde la lucha de oficialismo y oposición. No se resuelve con un oficialismo derrotando al campo ni con una oposición que, en todo caso? tenga como objetivo derrotar al gobierno.
No va a ser con un amontonamiento anti-oficial donde convivan las mejores intenciones con aquellos que no quieren la regulación estatal, ni tampoco con una regulación vinculada a un frente oficialista debilitado que asocia la regulación con el negociado.
Ninguna de esas dos variantes es la que tenemos que transitar.
Antes del comienzo de esta sesión planteamos la posibilidad de hacer una mesa de trabajo donde los distintos dictámenes que existen pudieran confluir en una propuesta que permitiera terminar de resolver el problema. Esto es lo que falta, y aspiramos a que esta sesión -si fuera posible- sea esa mesa de consenso.
Se ha hablado y casi se ha dividido el debate en términos de ratificar o derogar la resolución 125, o en todo caso? -como algunos plantean- suspenderla. Desde el comienzo del debate dijimos: no hablemos de abstracciones. Desde que existe la resolución 125 el Estado argentino no ha cobrado un peso de las retenciones que esa resolución estipula. A pesar de que existen retenciones que superan el 40 por ciento, esas retenciones las pagan los productores, mientras que el Estado percibe como mucho el 24 por ciento. Por detrás de esta situación y en este contexto, no hay una situación donde estemos captando rentas extraordinarias, sino que en la práctica se ha consumado un negociado extraordinario en favor de las trasnacionales que manejan el comercio de cereales y en desmedro de los productores y del Estado argentino.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Esa cifra significa 1.200 millones de dólares que salieron del bolsillo de los productores pero que no están en manos del Estado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Es exactamente la misma cifra que se quería recaudar por retenciones para financiar políticas públicas de distribución del ingreso.
Por lo tanto, para no hablar en el aire, hay que decir que no tiene sentido discutir si hay que mantener una resolución que no se cumple. Tampoco se puede proponer que se suspenda lo que no existe.
Acá hay que parar el negociado! Hay que identificar a los cómplices y responsables, y hay que instituir un nuevo régimen de retenciones compatible con una propuesta agropecuaria seria! Ese es el camino razonable del debate que tenemos planteado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Y hablo de complicidad dado que esto se pudo hacer porque hubo funcionarios gubernamentales que no cerraron el registro de exportaciones en el momento en que debieron cerrarlo. También lo digo porque cuando en esta Cámara de Diputados elaboramos una ley para que esto no siguiera ocurriendo, hubo un senador oficialista, Urquía (dueño de Aceitera General Deheza), que limitó la capacidad y potencialidad de esa norma?
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- y porque además demoraron cinco meses en reglamentar el instrumento que teníamos.
Este Parlamento no puede pasar por alto este tema, por lo que en la próxima sesión vamos a plantear con toda claridad una preferencia para que se constituya una comisión parlamentaria de seguimiento de lo que ha ocurrido en esta cuestión.
Quiero decir también que hay sospechosas ausencias en la lista de empresas que desde la ONCCA, en el debate de la comisión nos dijeron que iban a comenzar a demandar. Hay un conjunto importante de empresas, en general las aceiteras, como Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín Molinos Cañuelas -que fueron las que apropiaron la mayor parte de estos 1.200 millones de dólares- que ni siquiera forman parte del listado que nos dieron. (Aplausos.)
Es por esta razón que sostenemos que el debate no significa mantener o suspender una resolución que no se cumple. Hay que hacer otra cosa, y esa otra cosa es el dictamen conjunto que hemos presentado con los compañeros del SI, en el que planteamos que efectivamente en la práctica se necesitan retenciones. No somos de los que descreemos de ese instrumento. Sabemos que existe renta extraordinaria en el sector agropecuario y sabemos también que hay que captarla. Los estudios del INTA nos muestran, por ejemplo, que para la zona de Balcarce la renta extraordinaria está en el orden del 82,6 por ciento al nivel de los precios internacionales. Pero esa es una zona, y hay que entender que no todas las zonas ni todos los productores son iguales, sino que hay actores diversos dentro de la cadena agropecuaria. Por ende, no alcanza con un solo instrumento como la retención para captar la renta extraordinaria que allí existe.
Por lo tanto, dado que llegamos a este debate mal, como no tenemos políticas integrales sobre el sector agropecuario, terminamos discutiendo de manera dificultosa cómo diferenciar las retenciones.
Estamos de acuerdo con que existan retenciones, incluso retenciones móviles. Pero planteamos que no pueden existir ni fijar techos si no hay también un índice de costos. Ese índice de costos local debe estar también dentro de la norma para poder ir maniobrando con las retenciones de manera tal que tengan razonabilidad y justicia. Por eso nuestro proyecto incorpora un índice de costos a ser definido por la Secretaría de Agricultura.
Asimismo, hemos planteado una segmentación al interior de las retenciones para que el mayor apoyo llegue a los pequeños y medianos productores.
Hemos hecho divisiones hasta 300, hasta 600, entre 600 y 1.000 y entre 1.000 y 1.500 toneladas, y propusimos retenciones distintas: de 20, 25, 30 y 35 por ciento. Y por encima de las 1.500 toneladas, sí regirán las retenciones móviles plenas. Este planteo permite resolver la situación en la que nos encontramos; permite dar respuesta a una burguesía media rural que está pidiendo lugar en el marco de este conflicto, y que si fuéramos serios deberíamos brindarle las condiciones para consolidarse de manera autónoma respecto a aquellos actores del campo que efectivamente son parte de estrategias que no contribuyen al desarrollo nacional.
Necesitamos pequeños y medianos productores, para que junto con los trabajadores rurales, los aborígenes y los campesinos hagan posible la construcción de un horizonte de soberanía alimentaria en la Argentina.
Nuestro proyecto además incorpora los beneficios y compensaciones no sólo en soja y girasol, como el proyecto oficial, sino también en maíz y trigo, por la sencilla razón que que resulta contradictorio que digamos que vamos a "desojizar" el campo pero las compensaciones sean para la soja y no para el maíz y el trigo.(Aplausos.)
Estamos elevando la rentabilidad de los sojeros en desmedro de los demás (Aplausos.)
Este es el proyecto que presentamos. El compañero Carlos Raimundi hará referencia a otras cuestiones relativas a esta iniciativa. Vuelvo a insistir en que propusimos una mesa de consenso, y ojalá podamos razonar en este recinto, abrir la cabeza y garantizar el consenso para que además de votar, resolvamos el conflicto existente. (Aplausos).
martes, 8 de julio de 2008
9 de Julio: Jornadas del 'Tren Para Todos' en Corrientes
El día miércoles 9 de julio se llevará a cabo en todo el país la Primera Jornada Nacional del Movimiento Tren Para Todos. Por la reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Y por la anulación del proyecto del Tren Bala.-
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