Fotogalería 2008, convocada por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Facultad de cencias sociales, sede Ramos Mejía.
lunes, 30 de junio de 2008
Muestra de fotografía ferroviaria
Atlas de Hierro
Fotogalería 2008, convocada por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Facultad de cencias sociales, sede Ramos Mejía.
Fotogalería 2008, convocada por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Facultad de cencias sociales, sede Ramos Mejía.
miércoles, 25 de junio de 2008
A.R.S. ASTILLERO RIO SANTIAGO
Sábado 5 de julio a las 18hs por Canal 7
Video documental de 1 hora de duracion. Cuenta la Historia del Astillero mas grande de latinoamerica y la lucha de sus trabajadores para mantenerlo en funcionamiento y Estatal. Este documental intenta reivindicar el rol del trabajador y su producción artesanal en contraposición a la especulación financiera y la "derrota cultural" que nos hace pensar que lo importado es mejor que la industria nacional y que lo estatal es peor que las empresas privadas. Realizada por Ivan Gotthold y estrenada en el 19º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2004.
martes, 24 de junio de 2008
Por un Campo productivo al servicio de la Nación y nuestro Pueblo
Frente a la decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso de la Nación el tratamiento de las retenciones móviles, Movimiento Proyecto Sur expresa su posición ante la "cuestión agraria", considerando que no estamos frente a una problemática sectorial sino nacional, puesto que se compromete el interés de todos los argentinos, en especial el de los sectores de más bajos recursos.
A 100 días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsabilidad central del gobierno, quien con una medida desacertada aglutinó a los diversos sectores del campo a pesar de la diversidad de sus intereses. También es un deber mencionar la responsabilidad de las entidades gremiales agrarias, históricamente representativas de muy distintos intereses, pero hoy abroqueladas. Para nosotros, no es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dictaduras y al saqueo de la nación, que quienes nacieron del "Grito de Alcorta". A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoyados en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes multinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.
Por último, también marcamos el lamentable papel que ha jugando parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pretenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al gobierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de "golpe" para cerrar filas e impedir el debate que nos debemos.
Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gradualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería, que incluso goza de exenciones impositivas y subsidios. Política que también beneficia a las corporaciones petroleras y a la actividad itícola.
Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal – Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria. Es el caso de los pools de siembra y arrendatarios; los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de 10 has. cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblaciones. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.
Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino, exige atender el reclamo de las dos terceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto actual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones (Mocafor, Mocase, Frente Nacional Campesino, entre otros). No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Central 50.000 millones de dólares de reservas, existen regiones del país - como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco- con 50% de desnutrición, con más de 2,8 millones argentinos en estado de indigencia y más 5 millones en la pobreza?
Por estas razones, Proyecto Sur propicia:
Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.
Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evolución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad (en contraposición al monocultivo sojero), todo ello garantizado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.
Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa (de Soros, con 600.000 hectáreas) estén exentos del impuesto a la ganancia; el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con "mesas de concertación" por producto agrícola; una equitativa coparticipación federal; limitación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la producción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como herramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las Universidades Nacionales en la cuestión agraria; desarrollo de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multinacionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.
Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la iniciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones necesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la resolución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores de las enunciadas, (22% al 27%), mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no sólo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sector más concentrado.
Se puede. Sólo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la defensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la alimentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispensable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.
Desde sus inicios Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse sin no se recuperan para la Nación, los recursos naturales. Hoy volvemos a reiterarlo.
Por PROYECTO SUR: Fernando "Pino" Solanas – Alcira Argumedo – Luis Brunati - Claudio Lozano - Jorge Cardelli - Rubén Ruiz – Mario Mazzitelli – Jorge Selser – Carlos Del Frade
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A 100 días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsabilidad central del gobierno, quien con una medida desacertada aglutinó a los diversos sectores del campo a pesar de la diversidad de sus intereses. También es un deber mencionar la responsabilidad de las entidades gremiales agrarias, históricamente representativas de muy distintos intereses, pero hoy abroqueladas. Para nosotros, no es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dictaduras y al saqueo de la nación, que quienes nacieron del "Grito de Alcorta". A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoyados en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes multinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.
Por último, también marcamos el lamentable papel que ha jugando parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pretenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al gobierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de "golpe" para cerrar filas e impedir el debate que nos debemos.
Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gradualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería, que incluso goza de exenciones impositivas y subsidios. Política que también beneficia a las corporaciones petroleras y a la actividad itícola.
Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal – Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria. Es el caso de los pools de siembra y arrendatarios; los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de 10 has. cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblaciones. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.
Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino, exige atender el reclamo de las dos terceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto actual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones (Mocafor, Mocase, Frente Nacional Campesino, entre otros). No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Central 50.000 millones de dólares de reservas, existen regiones del país - como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco- con 50% de desnutrición, con más de 2,8 millones argentinos en estado de indigencia y más 5 millones en la pobreza?
Por estas razones, Proyecto Sur propicia:
Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.
Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evolución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad (en contraposición al monocultivo sojero), todo ello garantizado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.
Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa (de Soros, con 600.000 hectáreas) estén exentos del impuesto a la ganancia; el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con "mesas de concertación" por producto agrícola; una equitativa coparticipación federal; limitación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la producción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como herramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las Universidades Nacionales en la cuestión agraria; desarrollo de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multinacionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.
Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la iniciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones necesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la resolución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores de las enunciadas, (22% al 27%), mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no sólo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sector más concentrado.
Se puede. Sólo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la defensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la alimentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispensable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.
Desde sus inicios Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse sin no se recuperan para la Nación, los recursos naturales. Hoy volvemos a reiterarlo.
Por PROYECTO SUR: Fernando "Pino" Solanas – Alcira Argumedo – Luis Brunati - Claudio Lozano - Jorge Cardelli - Rubén Ruiz – Mario Mazzitelli – Jorge Selser – Carlos Del Frade
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miércoles, 18 de junio de 2008
La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta
Luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el referente de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas aseguró que "el debate que hoy queda abierto es cuáles son las rentas excepcionales que tiene la Argentina para acabar con la indigencia y la pobreza" y agregó: "¿Cuánto significa la renta de hidrocarburos?, ¿cuánto la de la minería, la de los pooles sojeros exentos del pago al impuesto a las ganancias, la de las multinacionales de exportación de granos y las pesqueras?"
Además, Solanas dijo que "el envío del proyecto de ley sobre las retenciones al Congreso debe permitir un amplio debate y no un paquete cerrado que impida la discusión sobre el tema. La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta, y que no son sólo las del agro. Esto merece un debate, además de discutir el modelo impositivo que arrastramos desde antes de Menem".
El Gobierno demostró tener menos cintura que un pavo al esperar
más de 90 días para que intervenga el Congreso en un tema tan conflictivo
El referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas se refirió a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agregó:
Por otro lado, la apreciación de la presidenta respecto a los principios democráticos es compartida por el referente de Proyecto Sur, quien aseguró: "nosotros recibimos con beneplácito la reafirmación de los principios democráticos y republicanos del cual el país no puede apartarse." "Las retenciones no pueden cuestionarse, pero el uso de este instrumento debe ampliarse a sectores donde se ponen en juego riquezas argentinas de mayor magnitud. Lo hemos dicho desde el primer momento: las retenciones móviles y bien segmentadas son legítimas y necesarias y no se justifica la continuidad del paro rural o los cortes de rutas", sostuvo Solanas y continuó: "el Gobierno sigue teniendo doble discurso porque las retenciones móviles también deben aplicarse al petróleo que en los últimos cien meses duplicó su precio. La disputa por los 800 millones que aportan las nuevas retenciones rurales es mucho menor que lo que podría haberse obtenido con el aumento de las retenciones petroleras".
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Además, Solanas dijo que "el envío del proyecto de ley sobre las retenciones al Congreso debe permitir un amplio debate y no un paquete cerrado que impida la discusión sobre el tema. La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta, y que no son sólo las del agro. Esto merece un debate, además de discutir el modelo impositivo que arrastramos desde antes de Menem".
El Gobierno demostró tener menos cintura que un pavo al esperar
más de 90 días para que intervenga el Congreso en un tema tan conflictivo
El referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas se refirió a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agregó:
Por otro lado, la apreciación de la presidenta respecto a los principios democráticos es compartida por el referente de Proyecto Sur, quien aseguró: "nosotros recibimos con beneplácito la reafirmación de los principios democráticos y republicanos del cual el país no puede apartarse." "Las retenciones no pueden cuestionarse, pero el uso de este instrumento debe ampliarse a sectores donde se ponen en juego riquezas argentinas de mayor magnitud. Lo hemos dicho desde el primer momento: las retenciones móviles y bien segmentadas son legítimas y necesarias y no se justifica la continuidad del paro rural o los cortes de rutas", sostuvo Solanas y continuó: "el Gobierno sigue teniendo doble discurso porque las retenciones móviles también deben aplicarse al petróleo que en los últimos cien meses duplicó su precio. La disputa por los 800 millones que aportan las nuevas retenciones rurales es mucho menor que lo que podría haberse obtenido con el aumento de las retenciones petroleras".
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viernes, 6 de junio de 2008
¿Es necesario que un obispo se crucifique en La Quiaca para que los gobiernos se enteren de que hay desnutrición y desocupados?
El obispo Jesús Olmedo junto a otros diez parroquianos representaron su crucifixión en La Quiaca y tres mil personas cortaron y ocuparon el puente internacional denunciando la gran emergencia social en que se encuentra el norte de Jujuy. Al respecto, el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas expresó: "¿Es necesario que un obispo se crucifique en La Quiaca para que los gobiernos se enteren de que el 50% de la población está desnutrida y el 60% desocupada?". "La presidenta habla de enfrentar la pobreza pero ¿qué explicación puede darnos teniendo cincuenta mil millones de dólares en el banco y habiendo recaudado miles de millones de las retenciones del campo?", agregó.
Solanas finalizó: ¿Cuántos más deberán crucificarse para movilizar la opinión pública? ¿Y el Gobierno cuándo seguirá teniendo tres millones y medio de indigentes y hambrientos mientras se producen en el país ciento treinta y cuatro millones de toneladas de alimentos?
Imitando lo de Cerro Dragón
Ahora Neuquén prorroga las concesiones petroleras
El Gobierno de Neuquén anunció que renegociará los contratos con las empresas petroleras
El referente de Proyecto Sur y Presidente del Grupo MORENO, Fernando "Pino" Solanas, se refirió al nuevo anuncio: "Imitando lo de Cerro Dragón, ahora es en Neuquén donde el gobernador Jorge Sapag prorroga las concesiones petroleras 10 años antes de lo que marca la ley, entregando una vez más, nuestro recursos estratégicos"."Como consecuencia de la transferencia que Kirchner hizo de los yacimientos a las provincias, el Gobierno de Sapag (como el de Das Neves en Chubut) pretende prorrogar las concesiones por 20 ó 30 años, 10 años antes de su vencimiento", añadió Solanas.Respecto a la falta de gas, el referente de Proyecto Sur expresó que "nos han chupado las reservas que teníamos y nuestro gas y petróleo se va al exterior mientras aquí falta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que saqueen nuestros recursos, que le pertenecen no sólo a nuestra generación sino a la de nuestros hijos y nietos?"
Solanas finalizó: ¿Cuántos más deberán crucificarse para movilizar la opinión pública? ¿Y el Gobierno cuándo seguirá teniendo tres millones y medio de indigentes y hambrientos mientras se producen en el país ciento treinta y cuatro millones de toneladas de alimentos?
Imitando lo de Cerro Dragón
Ahora Neuquén prorroga las concesiones petroleras
El Gobierno de Neuquén anunció que renegociará los contratos con las empresas petroleras
El referente de Proyecto Sur y Presidente del Grupo MORENO, Fernando "Pino" Solanas, se refirió al nuevo anuncio: "Imitando lo de Cerro Dragón, ahora es en Neuquén donde el gobernador Jorge Sapag prorroga las concesiones petroleras 10 años antes de lo que marca la ley, entregando una vez más, nuestro recursos estratégicos"."Como consecuencia de la transferencia que Kirchner hizo de los yacimientos a las provincias, el Gobierno de Sapag (como el de Das Neves en Chubut) pretende prorrogar las concesiones por 20 ó 30 años, 10 años antes de su vencimiento", añadió Solanas.Respecto a la falta de gas, el referente de Proyecto Sur expresó que "nos han chupado las reservas que teníamos y nuestro gas y petróleo se va al exterior mientras aquí falta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que saqueen nuestros recursos, que le pertenecen no sólo a nuestra generación sino a la de nuestros hijos y nietos?"
martes, 3 de junio de 2008
Coalición por una Radiodifusión Democrática
INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Los 21 puntos
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
Los 21 puntos
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
viernes, 30 de mayo de 2008
Proyecto Sur se expresa ante la crisis agropecuaria
El conflicto entre los empresarios del campo y el gobierno nacional debe resolverse en los marcos de la unidad nacional y la búsqueda de la felicidad del pueblo argentino y la soberanía nacional
La crisis una oportunidad
Si las crisis constituyen una oportunidad, las ciudadanas y ciudadanos que constituimos Proyecto Sur, planteamos una nueva posibilidad: que el gobierno y los medianos productores modifiquen sus políticas de alianzas a favor de recuperar la renta agraria para el pueblo y la nación, en desmedro de las multinacionales cerealeras, de agrotóxicos y la oligarquía terrateniente.En ese contexto reafirmamos nuestra defensa del orden institucional legítimo que debemos custodiar de cualquier intento desestabilizador. En esa perspectiva creemos que la lucha que viene desplegándose desde hace dos meses entre 'gobierno vs campo', conforma una falsa antinomia alimentada por varias fuentes.Respecto del gobierno nacional:
1.- Sectores externos, especialmente vinculados al gobierno norteamericano y a la administración Bush en retirada, que apuestan al deterioro de los gobiernos surgidos tras el derrumbe del neoliberalismo en la región latinoamericana. Estos gobiernos han conformado un bloque que cierra, por el momento, las indebidas intromisiones imperiales, y de hecho con sus políticas más o menos autónomas e independientes, generan nuevos caminos de unidad continental y de liberación nacional, inadmisible para los históricos intereses imperiales de sujeción colonial.
2.- Aquellos que desean ver debilitada la administración nacional para lograr ventajas económicas en negociaciones sectoriales, fueran ellas legítimas u oligárquicas.
3.- Quienes desde una posición antipopular y gorila, pretenden la caída del gobierno, pues desean acabar especialmente con el juzgamiento a los genocidas y el fin de la impunidad. Cabe recordar al respecto que tanto CRA como la SRA fueron parte integrante del staff permanente de todas las dictaduras habidas desde 1861 y sus cuadros integraron de manera notable la última de 1976-1983.
4.- La derecha que busca el fracaso de los llamados 'populismos' con la finalidad de retomar el control del Estado para retornar al modelo neoliberal descarnado, reinante durante los años '90.
5.- El doble discurso del gobierno nacional, que promueve justas retenciones para el campo pero las ignora para los negocios petrolero, minero y pesquero, permitiendo la depredación salvaje de nuestros recursos naturales. Lo mismo ocurre con los activos y negocios financieros que gozan de una escandalosa exención impositiva, mientras que el conjunto del pueblo trabajador carga sobre sus espaldas con los gravosos impuestos al consumo, sistema que debe reemplazarse cuanto antes. Tampoco se promueve una redistribución de los recursos producidos por el conjunto de la nación, a través de una correcta política de coparticipación federal, ni se avanza seriamente en una redistribución del ingreso que acabe definitivamente con el hambre y la miseria en el país de 'los granos y las vacas'.
Sobre los medianos y pequeños productores:
1.- Las grandes empresas exportadoras multinacionales (Cargill-Monsanto, Dreyfus, Bunge y Born, Nidera, ADM, AGD, etc.) que, montados en las justas reivindicaciones de los más débiles, observan la posibilidad de seguir amasando fortunas a costa del hambre del pueblo argentino.
2.- Los pools de siembra (administradores de dinero volcados a la actividad agropecuaria con el único fin de optimizar la renta del capital financiero en el menor tiempo, y sin medir costos sociales o ambientales), entrelazados y asociados con los grandes terratenientes, conforman un lazo que oprime por igual a los trabajadores del campo, a los pequeños productores, a los cientos de miles de minifundistas y dueños originarios de la tierra, expulsados y expropiados manu-militari por el proceso de sojización, y al pueblo argentino en general, mediante la destrucción de la soberanía alimentaria y la degradación del ecosistema pampeano y extrapampeano.
3.- Los grandes terratenientes nativos o extranjeros, tales como Fortabat, Martínez de Hoz, Bemberg, Born, Benetton, Blaquier, Anchorena, Whertein, Gómez Álzaga, Irsa-Cresud (Soros), Urquía, Gualtieri, Passaglia, etc. Tan sólo 6900 familias-empresas poseen el 49.7 % de toda la tierra nacional y 930 terratenientes poseen 35 millones de hectáreas. Ellos están representados especialmente por la SRA y CRA Sólo por el arriendo de sus inmensos latifundios a los pools de siembra, recibirán en esta campaña una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares. Esa cifra colosal no incluye sin embargo, la ganancia extra obtenida por el uso directo de 'sus tierras'.
4.- Los arrendatarios de los pools de siembra, que usufructúan enormes superficies (Grobocopatel, Urquía, Reutemann, Britos, etc) depredando y destruyendo nuestra soberanía alimentaria y nuestro ecosistema, consolidando un sistema de producción que destruye el trabajo, la pequeña propiedad y la producción de alimentos, generando un campo sin gente y un ecosistema sin vida, consolidando la posición de Argentina como abastecedor de forraje barato subsidiando la industrialización de China e India y la producción de alimentos baratos en la UE. Posición neocolonial otorgada por el poder multinacional a nuestro país, luego de la derrota nacional y popular de 1976, profundizada entre 1989 y diciembre de 2001. Derrotas que destruyeran la nación industrial, tecnológica y científica existente entre 1945 y 1989. De hecho hoy la nación se comporta frente a China de manera similar a como lo fuera cuando éramos 'la Granja Británica' y nuestros terratenientes se ufanaban de que 'éramos parte integrante del imperio británico'. La presencia en la lucha de los empresarios rurales, de fuerzas políticas afines a China repite las peores páginas de la ingerencia colonial en nuestra Patria.
5.- La crisis estructural del campo argentino, iniciada en 1966-1976 y arreciada por la sojización, que ha implicado que de 660.000 productores existentes en 1970, hoy sólo resten 330.000 y que de ellos 220.000 realicen una agricultura de subsistencia, es decir no producen para la exportación y por ende, están fuera de este reclamo de empresarios rurales, que sí lo hacen para el mercado. Ello reduce el número de chacareros-empresarios expresados por las cuatro entidades rurales, a apenas 110.000 productores. Crisis que especialmente se manifiesta en la propagación indetenible del monocultivo de soja transgénica forrajera, que ocupa ya más de la mitad del área sembrada y de la producción total de granos, devastando la producción de alimentos y el ecosistema nacional incluida la salud presente y futura de los argentinos. Siendo además agravante el hecho que la misma se destina en un 95% a la exportación casi sin valor agregado alguno. Esto ha llevado a que hoy el campo argentino sea casi un desierto verde sin gente y sin vida, y sólo existan 1.120.00 trabajadores rurales, de los cuales sólo alrededor de 310.000 (menos de un tercio) trabajan en blanco con salarios menores a los 1200 pesos mensuales.
6.- Los productores agropecuarios deben entender que pudieron recuperar su rentabilidad, su capital, y salvaron sus campos del remate, a partir de la devaluación asimétrica de 2002, que les permitió salir del colapso absoluto en que se encontraban, mediante una colosal transferencia de ingresos que les pagara toda la sociedad, pero especialmente los trabajadores -que no tuvieron sus salarios cotizados en las bolsas de Chicago, Londres o Pekín- y los consumidores de todo el país. Es decir que todos los argentinos y argentinas salvamos al 'campo'. El 'campo' debe entender entonces, la justeza de las retenciones diferenciales, graduales y segmentadas que afectan una rentabilidad extraordinaria producida por el aumento extraordinario de los granos, que no posee ningún otro sector de la economía –a excepción claro está del escandaloso negocio de las aceiteras y biocombustibles o el conjunto de empresarios amigos del gobierno- y menos aun los trabajadores. Claro está que esto, no nos impide no contemplar la situación de pequeños productores afectados por la baja de rentabilidad de otras producciones o por el aumento desmedido de algunos insumos.
Volver a pensar en Nacional
Creemos así que el contexto del conflicto excede largamente los argumentos primarios esgrimidos de uno y otro lado, entre 'un gobierno popular que quiere la redistribución del ingreso frente a un campo oligárquico, opulento y avaro' o 'un campo lleno de productores trabajadores que es esquilmado por un gobierno que desea concentrar poder y se rige por el principio de la chequera'. Tales argumentos conforman una zoncera que lleva a un enfrentamiento sin salida entre un gobierno surgido de la voluntad popular y las franjas del empresariado rural.Creemos imprescindible encontrar un diálogo que unifique a los sectores populares comprometidos con el destino de la Nación. Así, sería oportuno discutir y proponer un nuevo modelo rural para la Argentina. Lo decimos pensando en superar las políticas diseñadas por el 'mercado mundial' y el neoliberalismo para nuestra nación, planteándonos una profunda reforma que imponga el criterio de la oferta argentina sobre la demanda extranjera, partiendo de resolver primero las necesidades alimenticias de nuestro pueblo y las materias primas de nuestro desarrollo interno. Sólo mediante una poderosa recuperación industrial, ferroviaria, tecnológica, científica, ganadera, lechera, frutícola, hortícola, forestal, agroindustrial, agro-ecológica, mediante la creación cientos de miles de nuevos productores agropecuarios familiares, podremos los argentinos inclinar la balanza en favor de nuestros intereses nacionales y populares estratégicos, con el desarrollo de nuestro mercado interno -es decir nuestro pueblo- como insignia central, abandonando el modelo agro-exportador neocolonial al que hemos retornado.
En este marco de un nuevo proyecto agropecuario creemos central que el Estado Nacional recupere el control de la exportación de granos y carnes, recuperando los roles y bienes de la antigua Junta Nacional de Granos y de Carnes, garantizando al productor un precio justo, abasteciendo en primer lugar el mercado interno e independizando el precio interno de los alimentos de su cotización internacional.La cuestión agraria –la cuestión de la distribución y apropiación de la tierra- ha sido estructural en la conformación y deformación de la estructura económica argentina y es demasiado importante para dejarla sólo en manos de las entidades del 'campo' y el Poder Ejecutivo Nacional. En su discusión y resolución debe involucrarse toda la sociedad ya que 'el campo' nos afecta a todos. Hay actores que no pueden seguir permaneciendo al margen, como es el caso de los trabajadores rurales, las organizaciones de pequeños campesinos, productores familiares y de pueblos originarios y minifundistas. Por ello creemos que el Congreso Nacional hasta hoy observador pasivo de este gran drama nacional, debe asumir un rol relevante en su resolución democrática.Una agenda democrática de debate agrarioLos principios rectores de una agenda agropecuaria deberían incluir: Soberanía Alimentaria, Repoblamiento Rural y Nacional (¿por qué no pensar en las políticas necesarias para llegar a poseer un millón de productores en el corto plazo?), Régimen democrático de tenencia de la tierra, Créditos, estímulos y apoyos a nuevos productores y áreas de colonización rural, Reconstrucción ferroviaria, Autonomía Tecnológica, Producción Sustentable, Agricultura con Agricultores que protejan y conserven el ecosistema, Jerarquización, reorientación y defensa del INTA, Junta Nacional de Granos y Carnes, Recuperación de puertos, silos y flota nacionales, creación de Institutos que fomenten la diversificación productiva, defensa de las economías regionales, régimen de subsidios directos e indirectos que protejan las producciones estratégicas, discusión sustancial del sistema impositivo gravando de manera creciente la propiedad de la tierra, reforma impositiva integral liberando de impuestos a la producción de alimentos básicos, fuerte control del sistema de arriendos en base a defender el ecosistema y el trabajo, una efectiva coparticipación federal, política nacional y federal de impuestos a la tierra, combate decidido del empleo en negro y las pésimas condiciones laborales inducidas por la sojización y la concentración de la tierra, investigación, reconversión y limitación de la extranjerización de la tierra.Proyecto Sur está convencido de que esta crisis agraria demuestra la crisis terminal de un modelo agropecuario agotado, basado en la sojización, en la penetración incontrolada del capital financiero en el campo y en la brutal concentración de la tierra, crisis que debemos resolver y abordar entre todos. De cara a un nuevo 25 de Mayo pensemos en la reformulación de un Proyecto Nacional de Liberación y Realización que retome el proyecto liminar de nuestros héroes Castelli, Moreno y Belgrano, para los cuales la cuestión agraria -tal cual lo señalaran en sus escritos y obras de gobierno, fuera en el Plan de Operaciones de Moreno, en el gobierno de las Misiones realizado por Belgrano o en el del Alto Perú por Castelli-, era de una centralidad absoluta y no se lo regalemos casualmente, a sus asesinos y vencedores.
El país entero reclama que el campo y el Gobierno depongan rivalidades
Así lo expresó el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas sobre el nuevo paro del campo.
En tanto, aseguró que "el conjunto del país pide madurez y no más problemas por quién gane o pierda".
"Los empresarios del campo están amotinados defendiendo fervientemente la renta agraria como si fuese propia cuando en realidad le pertenece a la Nación entera y no a los dueños de la tierra, porque es producida por la naturaleza y por ende no depende del trabajo humano, razón por la cual debe ser repartida entre toda la economía del país para su uso en beneficio colectivo". Pino Solanas hizo hincapié en la necesidad de las retenciones móviles y segmentadas como instrumento de redistribución de la riqueza y agregó que "el Gobierno debe, de una vez por todas, cuestionar a los monopolios exportadores, que parecieran quedar todavía fuera de la discusión, y crear la Junta Nacional de Granos".
El referente de Proyecto Sur aseguró que "también se deben aplicar las retenciones a los sectores de la exportación como la pesca y especialmente a la minería que es un recurso no renovable. Además, debe discutirse un nuevo plan agropecuario que garantice la soberanía alimentaria, repoblar el campo y dar solución a los otros 200 mil productores agropecuarios que no producen cereales para la exportación".
"No debemos olvidar que en el acto de Rosario, entre la multitud, se encontraban muchos cómplices de la dictadura y el genocidio, así como un sector que hoy es rentista de la sojización y que nada le importa de la vida nacional más allá de cuántos miles de pesos va a cobrar por arrendar sus campos pequeños, medianos o grandes a los pools sojeros", finalizó Solanas.
Proyecto Sur convoca a que el gobierno nacional agote los caminos que permitan una solución patriótica al conflicto y a tomar medidas drásticas para acabar con el privilegio, redistribuir la renta, grabar todas las rentas de materias primas no tocadas hasta hoy, y rediseñar un Plan nacional Agropecuario discutido por toda la sociedad, con especial participación de los pequeños productores campesinos organizados en el Frente Nacional Campesino.
La crisis una oportunidad
Si las crisis constituyen una oportunidad, las ciudadanas y ciudadanos que constituimos Proyecto Sur, planteamos una nueva posibilidad: que el gobierno y los medianos productores modifiquen sus políticas de alianzas a favor de recuperar la renta agraria para el pueblo y la nación, en desmedro de las multinacionales cerealeras, de agrotóxicos y la oligarquía terrateniente.En ese contexto reafirmamos nuestra defensa del orden institucional legítimo que debemos custodiar de cualquier intento desestabilizador. En esa perspectiva creemos que la lucha que viene desplegándose desde hace dos meses entre 'gobierno vs campo', conforma una falsa antinomia alimentada por varias fuentes.Respecto del gobierno nacional:
1.- Sectores externos, especialmente vinculados al gobierno norteamericano y a la administración Bush en retirada, que apuestan al deterioro de los gobiernos surgidos tras el derrumbe del neoliberalismo en la región latinoamericana. Estos gobiernos han conformado un bloque que cierra, por el momento, las indebidas intromisiones imperiales, y de hecho con sus políticas más o menos autónomas e independientes, generan nuevos caminos de unidad continental y de liberación nacional, inadmisible para los históricos intereses imperiales de sujeción colonial.
2.- Aquellos que desean ver debilitada la administración nacional para lograr ventajas económicas en negociaciones sectoriales, fueran ellas legítimas u oligárquicas.
3.- Quienes desde una posición antipopular y gorila, pretenden la caída del gobierno, pues desean acabar especialmente con el juzgamiento a los genocidas y el fin de la impunidad. Cabe recordar al respecto que tanto CRA como la SRA fueron parte integrante del staff permanente de todas las dictaduras habidas desde 1861 y sus cuadros integraron de manera notable la última de 1976-1983.
4.- La derecha que busca el fracaso de los llamados 'populismos' con la finalidad de retomar el control del Estado para retornar al modelo neoliberal descarnado, reinante durante los años '90.
5.- El doble discurso del gobierno nacional, que promueve justas retenciones para el campo pero las ignora para los negocios petrolero, minero y pesquero, permitiendo la depredación salvaje de nuestros recursos naturales. Lo mismo ocurre con los activos y negocios financieros que gozan de una escandalosa exención impositiva, mientras que el conjunto del pueblo trabajador carga sobre sus espaldas con los gravosos impuestos al consumo, sistema que debe reemplazarse cuanto antes. Tampoco se promueve una redistribución de los recursos producidos por el conjunto de la nación, a través de una correcta política de coparticipación federal, ni se avanza seriamente en una redistribución del ingreso que acabe definitivamente con el hambre y la miseria en el país de 'los granos y las vacas'.
Sobre los medianos y pequeños productores:
1.- Las grandes empresas exportadoras multinacionales (Cargill-Monsanto, Dreyfus, Bunge y Born, Nidera, ADM, AGD, etc.) que, montados en las justas reivindicaciones de los más débiles, observan la posibilidad de seguir amasando fortunas a costa del hambre del pueblo argentino.
2.- Los pools de siembra (administradores de dinero volcados a la actividad agropecuaria con el único fin de optimizar la renta del capital financiero en el menor tiempo, y sin medir costos sociales o ambientales), entrelazados y asociados con los grandes terratenientes, conforman un lazo que oprime por igual a los trabajadores del campo, a los pequeños productores, a los cientos de miles de minifundistas y dueños originarios de la tierra, expulsados y expropiados manu-militari por el proceso de sojización, y al pueblo argentino en general, mediante la destrucción de la soberanía alimentaria y la degradación del ecosistema pampeano y extrapampeano.
3.- Los grandes terratenientes nativos o extranjeros, tales como Fortabat, Martínez de Hoz, Bemberg, Born, Benetton, Blaquier, Anchorena, Whertein, Gómez Álzaga, Irsa-Cresud (Soros), Urquía, Gualtieri, Passaglia, etc. Tan sólo 6900 familias-empresas poseen el 49.7 % de toda la tierra nacional y 930 terratenientes poseen 35 millones de hectáreas. Ellos están representados especialmente por la SRA y CRA Sólo por el arriendo de sus inmensos latifundios a los pools de siembra, recibirán en esta campaña una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares. Esa cifra colosal no incluye sin embargo, la ganancia extra obtenida por el uso directo de 'sus tierras'.
4.- Los arrendatarios de los pools de siembra, que usufructúan enormes superficies (Grobocopatel, Urquía, Reutemann, Britos, etc) depredando y destruyendo nuestra soberanía alimentaria y nuestro ecosistema, consolidando un sistema de producción que destruye el trabajo, la pequeña propiedad y la producción de alimentos, generando un campo sin gente y un ecosistema sin vida, consolidando la posición de Argentina como abastecedor de forraje barato subsidiando la industrialización de China e India y la producción de alimentos baratos en la UE. Posición neocolonial otorgada por el poder multinacional a nuestro país, luego de la derrota nacional y popular de 1976, profundizada entre 1989 y diciembre de 2001. Derrotas que destruyeran la nación industrial, tecnológica y científica existente entre 1945 y 1989. De hecho hoy la nación se comporta frente a China de manera similar a como lo fuera cuando éramos 'la Granja Británica' y nuestros terratenientes se ufanaban de que 'éramos parte integrante del imperio británico'. La presencia en la lucha de los empresarios rurales, de fuerzas políticas afines a China repite las peores páginas de la ingerencia colonial en nuestra Patria.
5.- La crisis estructural del campo argentino, iniciada en 1966-1976 y arreciada por la sojización, que ha implicado que de 660.000 productores existentes en 1970, hoy sólo resten 330.000 y que de ellos 220.000 realicen una agricultura de subsistencia, es decir no producen para la exportación y por ende, están fuera de este reclamo de empresarios rurales, que sí lo hacen para el mercado. Ello reduce el número de chacareros-empresarios expresados por las cuatro entidades rurales, a apenas 110.000 productores. Crisis que especialmente se manifiesta en la propagación indetenible del monocultivo de soja transgénica forrajera, que ocupa ya más de la mitad del área sembrada y de la producción total de granos, devastando la producción de alimentos y el ecosistema nacional incluida la salud presente y futura de los argentinos. Siendo además agravante el hecho que la misma se destina en un 95% a la exportación casi sin valor agregado alguno. Esto ha llevado a que hoy el campo argentino sea casi un desierto verde sin gente y sin vida, y sólo existan 1.120.00 trabajadores rurales, de los cuales sólo alrededor de 310.000 (menos de un tercio) trabajan en blanco con salarios menores a los 1200 pesos mensuales.
6.- Los productores agropecuarios deben entender que pudieron recuperar su rentabilidad, su capital, y salvaron sus campos del remate, a partir de la devaluación asimétrica de 2002, que les permitió salir del colapso absoluto en que se encontraban, mediante una colosal transferencia de ingresos que les pagara toda la sociedad, pero especialmente los trabajadores -que no tuvieron sus salarios cotizados en las bolsas de Chicago, Londres o Pekín- y los consumidores de todo el país. Es decir que todos los argentinos y argentinas salvamos al 'campo'. El 'campo' debe entender entonces, la justeza de las retenciones diferenciales, graduales y segmentadas que afectan una rentabilidad extraordinaria producida por el aumento extraordinario de los granos, que no posee ningún otro sector de la economía –a excepción claro está del escandaloso negocio de las aceiteras y biocombustibles o el conjunto de empresarios amigos del gobierno- y menos aun los trabajadores. Claro está que esto, no nos impide no contemplar la situación de pequeños productores afectados por la baja de rentabilidad de otras producciones o por el aumento desmedido de algunos insumos.
Volver a pensar en Nacional
Creemos así que el contexto del conflicto excede largamente los argumentos primarios esgrimidos de uno y otro lado, entre 'un gobierno popular que quiere la redistribución del ingreso frente a un campo oligárquico, opulento y avaro' o 'un campo lleno de productores trabajadores que es esquilmado por un gobierno que desea concentrar poder y se rige por el principio de la chequera'. Tales argumentos conforman una zoncera que lleva a un enfrentamiento sin salida entre un gobierno surgido de la voluntad popular y las franjas del empresariado rural.Creemos imprescindible encontrar un diálogo que unifique a los sectores populares comprometidos con el destino de la Nación. Así, sería oportuno discutir y proponer un nuevo modelo rural para la Argentina. Lo decimos pensando en superar las políticas diseñadas por el 'mercado mundial' y el neoliberalismo para nuestra nación, planteándonos una profunda reforma que imponga el criterio de la oferta argentina sobre la demanda extranjera, partiendo de resolver primero las necesidades alimenticias de nuestro pueblo y las materias primas de nuestro desarrollo interno. Sólo mediante una poderosa recuperación industrial, ferroviaria, tecnológica, científica, ganadera, lechera, frutícola, hortícola, forestal, agroindustrial, agro-ecológica, mediante la creación cientos de miles de nuevos productores agropecuarios familiares, podremos los argentinos inclinar la balanza en favor de nuestros intereses nacionales y populares estratégicos, con el desarrollo de nuestro mercado interno -es decir nuestro pueblo- como insignia central, abandonando el modelo agro-exportador neocolonial al que hemos retornado.
En este marco de un nuevo proyecto agropecuario creemos central que el Estado Nacional recupere el control de la exportación de granos y carnes, recuperando los roles y bienes de la antigua Junta Nacional de Granos y de Carnes, garantizando al productor un precio justo, abasteciendo en primer lugar el mercado interno e independizando el precio interno de los alimentos de su cotización internacional.La cuestión agraria –la cuestión de la distribución y apropiación de la tierra- ha sido estructural en la conformación y deformación de la estructura económica argentina y es demasiado importante para dejarla sólo en manos de las entidades del 'campo' y el Poder Ejecutivo Nacional. En su discusión y resolución debe involucrarse toda la sociedad ya que 'el campo' nos afecta a todos. Hay actores que no pueden seguir permaneciendo al margen, como es el caso de los trabajadores rurales, las organizaciones de pequeños campesinos, productores familiares y de pueblos originarios y minifundistas. Por ello creemos que el Congreso Nacional hasta hoy observador pasivo de este gran drama nacional, debe asumir un rol relevante en su resolución democrática.Una agenda democrática de debate agrarioLos principios rectores de una agenda agropecuaria deberían incluir: Soberanía Alimentaria, Repoblamiento Rural y Nacional (¿por qué no pensar en las políticas necesarias para llegar a poseer un millón de productores en el corto plazo?), Régimen democrático de tenencia de la tierra, Créditos, estímulos y apoyos a nuevos productores y áreas de colonización rural, Reconstrucción ferroviaria, Autonomía Tecnológica, Producción Sustentable, Agricultura con Agricultores que protejan y conserven el ecosistema, Jerarquización, reorientación y defensa del INTA, Junta Nacional de Granos y Carnes, Recuperación de puertos, silos y flota nacionales, creación de Institutos que fomenten la diversificación productiva, defensa de las economías regionales, régimen de subsidios directos e indirectos que protejan las producciones estratégicas, discusión sustancial del sistema impositivo gravando de manera creciente la propiedad de la tierra, reforma impositiva integral liberando de impuestos a la producción de alimentos básicos, fuerte control del sistema de arriendos en base a defender el ecosistema y el trabajo, una efectiva coparticipación federal, política nacional y federal de impuestos a la tierra, combate decidido del empleo en negro y las pésimas condiciones laborales inducidas por la sojización y la concentración de la tierra, investigación, reconversión y limitación de la extranjerización de la tierra.Proyecto Sur está convencido de que esta crisis agraria demuestra la crisis terminal de un modelo agropecuario agotado, basado en la sojización, en la penetración incontrolada del capital financiero en el campo y en la brutal concentración de la tierra, crisis que debemos resolver y abordar entre todos. De cara a un nuevo 25 de Mayo pensemos en la reformulación de un Proyecto Nacional de Liberación y Realización que retome el proyecto liminar de nuestros héroes Castelli, Moreno y Belgrano, para los cuales la cuestión agraria -tal cual lo señalaran en sus escritos y obras de gobierno, fuera en el Plan de Operaciones de Moreno, en el gobierno de las Misiones realizado por Belgrano o en el del Alto Perú por Castelli-, era de una centralidad absoluta y no se lo regalemos casualmente, a sus asesinos y vencedores.
El país entero reclama que el campo y el Gobierno depongan rivalidades
Así lo expresó el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas sobre el nuevo paro del campo.
En tanto, aseguró que "el conjunto del país pide madurez y no más problemas por quién gane o pierda".
"Los empresarios del campo están amotinados defendiendo fervientemente la renta agraria como si fuese propia cuando en realidad le pertenece a la Nación entera y no a los dueños de la tierra, porque es producida por la naturaleza y por ende no depende del trabajo humano, razón por la cual debe ser repartida entre toda la economía del país para su uso en beneficio colectivo". Pino Solanas hizo hincapié en la necesidad de las retenciones móviles y segmentadas como instrumento de redistribución de la riqueza y agregó que "el Gobierno debe, de una vez por todas, cuestionar a los monopolios exportadores, que parecieran quedar todavía fuera de la discusión, y crear la Junta Nacional de Granos".
El referente de Proyecto Sur aseguró que "también se deben aplicar las retenciones a los sectores de la exportación como la pesca y especialmente a la minería que es un recurso no renovable. Además, debe discutirse un nuevo plan agropecuario que garantice la soberanía alimentaria, repoblar el campo y dar solución a los otros 200 mil productores agropecuarios que no producen cereales para la exportación".
"No debemos olvidar que en el acto de Rosario, entre la multitud, se encontraban muchos cómplices de la dictadura y el genocidio, así como un sector que hoy es rentista de la sojización y que nada le importa de la vida nacional más allá de cuántos miles de pesos va a cobrar por arrendar sus campos pequeños, medianos o grandes a los pools sojeros", finalizó Solanas.
Proyecto Sur convoca a que el gobierno nacional agote los caminos que permitan una solución patriótica al conflicto y a tomar medidas drásticas para acabar con el privilegio, redistribuir la renta, grabar todas las rentas de materias primas no tocadas hasta hoy, y rediseñar un Plan nacional Agropecuario discutido por toda la sociedad, con especial participación de los pequeños productores campesinos organizados en el Frente Nacional Campesino.
miércoles, 21 de mayo de 2008
Pino Solanas les achaca lo mismo al Gobierno y a los ruralistas
"Hay doble discurso"
En este reportaje con Página/12, el referente de Proyecto Sur defiende las retenciones móviles, pero reclama su cobro diferenciado. Sus críticas llegan a Carrió y a los medios.
"Es un error que la Federación Agraria luche junto a la Sociedad Rural", opinó Solanas.
En este reportaje con Página/12, Solanas las critica la alianza de la Federación Agraria con la Sociedad Rural, afirma que se sumaron a la protesta sectores golpistas, acusa a Elisa Carrió por su discurso "demagógico" y sostiene que la cobertura mediática fue parcial. Pero es igual de contundente en su denuncia del "doble discurso" del Gobierno.
–¿Cuál es su visión del conflicto?
–El conflicto estalló no sólo por el aumento de las retenciones, sino por la falta de solución a un conjunto de demandas del sector agropecuario, en especial de los pequeños productores. En los últimos años se acentuó lo peor del modelo agrario menemista: concentración de la tierra, extensión del área sojera, expansión de los pooles de siembra. El avance de la soja arrasó con miles de productores que hacen agricultura de subsistencia en Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
–Pero la suerte de esos productores no estuvo en la agenda de las entidades ruralistas, incluida la Federación Agraria.
–Yo tengo amistad y mucho respeto por Eduardo Buzzi, pero he considerado un error que se haya lanzado a esta lucha con la Sociedad Rural. Esa alianza genera una enorme confusión, porque se mezclan intereses antagónicos. Estoy de acuerdo con la mayoría de los postulados de la Federación Agraria, salvo su rechazo a las retenciones móviles. También me parece mal que no haya colocado como primer punto de la agenda la identificación de las grandes exportadoras agrarias –Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, Aceitera General Deheza– como su principal enemigo. De los dos lados hay contradicciones flagrantes. El Gobierno habla de redistribuir y deja de lado a esos exportadores, que son quienes se quedan con la mayor parte de la renta agraria.
–¿Qué opina de las retenciones móviles?
–Desde el primer momento hicimos una defensa absoluta de las retenciones como política de Estado. Queremos las retenciones móviles, pero queremos que sean segmentadas. Es decir, no se le puede cobrar lo mismo al que tiene mucho y al que tiene poco. Además, las retenciones deben ser una política generalizada, no sectorial. El Gobierno se olvida de aplicarles retenciones a las millonarias exportaciones pesqueras, cobra muy poco por las exportaciones de aceites y deja de lado la minería. No hay forma de justificar que la minería esté libre del impuesto, cuando los precios de los metales subieron entre 300 y 400 por ciento.
–El Gobierno dice que ahora les está empezando a cobrar a las mineras.
–La retención es bajísima y no se está aplicando. La política del Gobierno es absolutamente contradictoria. Todo eso ha enervado al campo y se suman las broncas de otros sectores que aprovechan este conflicto para exteriorizar su enojo, y en el extremo hay quienes quieren desestabilizar, se suman sectores golpistas.
–¿Por qué un sector del progresismo retaceó apoyo a la instrumentación de retenciones móviles?
–No es nuestro caso. Las retenciones son un instrumento legítimo al que echan mano todas las naciones para reconstruir su economía o financiar su desarrollo. El productor que siente que le están sacando algo que es suyo olvida que si ha podido recuperarse y ahora está ganando dinero es porque el conjunto del pueblo soportó la espectacular devaluación del 2002. El productor rural no puede quejarse de las retenciones, pero el Gobierno cometió un error al aplicarlas a todos por igual.
–El Gobierno interpretó el lockout como la resistencia de un sector del poder económico a una medida redistributiva. ¿Coincide?
–Por supuesto que hay quienes no quieren ceder un peso. Pero el Gobierno lo que busca es construir dos grandes bloques antagónicos: nosotros somos el bien y ellos son el mal. Y eso es una mentira. Este Gobierno mantiene la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, no se mete con las corporaciones del cereal y extiende las concesiones petroleras hasta el 2047. El Gobierno apeló a ese discurso de buenos y malos el año pasado para enfrentar a Macri en Capital. Mientras decía que Macri era la derecha mala, ellos eran la derecha pésima, porque mandaban a aprobar la Ley Antiterrorista. Acá hay dobles discursos de todos lados. Y si uno escucha a Carrió es un discurso demagógico en el peor sentido: esconde temas, tiene una visión apocalíptica.
–¿Cómo analiza el papel de los medios?
–La cobertura fue parcial. Los grandes grupos jugaron para el campo. Pero el Gobierno es responsable de lo que está pasando: quién prorrogó a dedo por diez años las licencias de televisión, quién permitió el monopolio del cable al autorizar la fusión entre Multicanal y Cablevisión. No obstante, saludo de pie, porque así como critico los grandes errores saludo las grandes medidas, la extraordinaria convocatoria de 21 puntos para discutir una nueva Ley de Radiodifusión. Es un tema central que impulsé cuando fui diputado. La clase política todavía no responde a la convocatoria porque obra con mezquindad.
En este reportaje con Página/12, el referente de Proyecto Sur defiende las retenciones móviles, pero reclama su cobro diferenciado. Sus críticas llegan a Carrió y a los medios.
"Es un error que la Federación Agraria luche junto a la Sociedad Rural", opinó Solanas.
En este reportaje con Página/12, Solanas las critica la alianza de la Federación Agraria con la Sociedad Rural, afirma que se sumaron a la protesta sectores golpistas, acusa a Elisa Carrió por su discurso "demagógico" y sostiene que la cobertura mediática fue parcial. Pero es igual de contundente en su denuncia del "doble discurso" del Gobierno.
–¿Cuál es su visión del conflicto?
–El conflicto estalló no sólo por el aumento de las retenciones, sino por la falta de solución a un conjunto de demandas del sector agropecuario, en especial de los pequeños productores. En los últimos años se acentuó lo peor del modelo agrario menemista: concentración de la tierra, extensión del área sojera, expansión de los pooles de siembra. El avance de la soja arrasó con miles de productores que hacen agricultura de subsistencia en Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
–Pero la suerte de esos productores no estuvo en la agenda de las entidades ruralistas, incluida la Federación Agraria.
–Yo tengo amistad y mucho respeto por Eduardo Buzzi, pero he considerado un error que se haya lanzado a esta lucha con la Sociedad Rural. Esa alianza genera una enorme confusión, porque se mezclan intereses antagónicos. Estoy de acuerdo con la mayoría de los postulados de la Federación Agraria, salvo su rechazo a las retenciones móviles. También me parece mal que no haya colocado como primer punto de la agenda la identificación de las grandes exportadoras agrarias –Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, Aceitera General Deheza– como su principal enemigo. De los dos lados hay contradicciones flagrantes. El Gobierno habla de redistribuir y deja de lado a esos exportadores, que son quienes se quedan con la mayor parte de la renta agraria.
–¿Qué opina de las retenciones móviles?
–Desde el primer momento hicimos una defensa absoluta de las retenciones como política de Estado. Queremos las retenciones móviles, pero queremos que sean segmentadas. Es decir, no se le puede cobrar lo mismo al que tiene mucho y al que tiene poco. Además, las retenciones deben ser una política generalizada, no sectorial. El Gobierno se olvida de aplicarles retenciones a las millonarias exportaciones pesqueras, cobra muy poco por las exportaciones de aceites y deja de lado la minería. No hay forma de justificar que la minería esté libre del impuesto, cuando los precios de los metales subieron entre 300 y 400 por ciento.
–El Gobierno dice que ahora les está empezando a cobrar a las mineras.
–La retención es bajísima y no se está aplicando. La política del Gobierno es absolutamente contradictoria. Todo eso ha enervado al campo y se suman las broncas de otros sectores que aprovechan este conflicto para exteriorizar su enojo, y en el extremo hay quienes quieren desestabilizar, se suman sectores golpistas.
–¿Por qué un sector del progresismo retaceó apoyo a la instrumentación de retenciones móviles?
–No es nuestro caso. Las retenciones son un instrumento legítimo al que echan mano todas las naciones para reconstruir su economía o financiar su desarrollo. El productor que siente que le están sacando algo que es suyo olvida que si ha podido recuperarse y ahora está ganando dinero es porque el conjunto del pueblo soportó la espectacular devaluación del 2002. El productor rural no puede quejarse de las retenciones, pero el Gobierno cometió un error al aplicarlas a todos por igual.
–El Gobierno interpretó el lockout como la resistencia de un sector del poder económico a una medida redistributiva. ¿Coincide?
–Por supuesto que hay quienes no quieren ceder un peso. Pero el Gobierno lo que busca es construir dos grandes bloques antagónicos: nosotros somos el bien y ellos son el mal. Y eso es una mentira. Este Gobierno mantiene la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, no se mete con las corporaciones del cereal y extiende las concesiones petroleras hasta el 2047. El Gobierno apeló a ese discurso de buenos y malos el año pasado para enfrentar a Macri en Capital. Mientras decía que Macri era la derecha mala, ellos eran la derecha pésima, porque mandaban a aprobar la Ley Antiterrorista. Acá hay dobles discursos de todos lados. Y si uno escucha a Carrió es un discurso demagógico en el peor sentido: esconde temas, tiene una visión apocalíptica.
–¿Cómo analiza el papel de los medios?
–La cobertura fue parcial. Los grandes grupos jugaron para el campo. Pero el Gobierno es responsable de lo que está pasando: quién prorrogó a dedo por diez años las licencias de televisión, quién permitió el monopolio del cable al autorizar la fusión entre Multicanal y Cablevisión. No obstante, saludo de pie, porque así como critico los grandes errores saludo las grandes medidas, la extraordinaria convocatoria de 21 puntos para discutir una nueva Ley de Radiodifusión. Es un tema central que impulsé cuando fui diputado. La clase política todavía no responde a la convocatoria porque obra con mezquindad.
jueves, 15 de mayo de 2008
La segunda muerte de Scalabrini
Raúl Scalabrini Ortiz fue boxeador, ingeniero agrimensor, poeta y uno de los más formidables pensadores de la existencia colectiva de los argentinos. Terminó empobrecido pero peleando contra los traidores que enajenaron el patrimonio del pueblo al servicio de muy pocos y de acuerdo a los intereses extranjeros.
De sólida formación marxista, Scalabrini adhirió al yrigoyenismo, en primer lugar, para después integrar la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), verdadero puente ideológico que abrevó en un nuevo movimiento nacional, el peronismo, al que llamó 'el susbsuelo de la patria sublevado' en aquella jornada del 17 de octubre de 1945.
Hoy, seis décadas después, el fantasma de Scalabrini se remueve inquieto. En nombre del peronismo, la administración de Cristina Fernández pretende instalar ferrocarriles a imagen y semejanza de los intereses de empresas francesas, firmas totalmente alejadas de la realidad del pueblo.
Scalabrini, alguna vez, escribió que 'quien afirma que los ferrocarriles son hierro viejo, afirma una verdad clara como la luz del sol. Pero quien de allí deduce que no deben ser expropiados y nacionalizados incurre en un error de lógica porque no ha percibido el problema en toda su dimensión. El material ferroviario está viejo indudablemente… Pero a pesar de esto, el poder de los ferrocarriles no ceja… Aunque el material es viejo, el poder político de los ferrocarriles se muestra lozano y brioso… Por eso el problema ferroviario puede sintetizarse en la simple fórmula: adquirir los ferrocarriles equivale a adquirir soberanía'.
Ahora es al revés, se crean empresas nacionales que sirven de cabecera de playa para los proyectos extranjeros y no hay límite para el rol que desempeñarán los cipayos del tercer milenio. La Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 'estarán exentas de respetar las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos. Es decir que podrán disponer de los fondos y los bienes públicos sin que medie la aprobación del Congreso, y sus responsables, por ejemplo, no podrán ser acusados de favorecer a empresas amigas, incluso si lo hacen. Ocurre que el formato de Sociedad del Estado los habilita a contratar en forma directa, con los mismos criterios que las empresas privadas', sostiene la información periodística. De tal forma, un funcionario designado por el propio ministro de Planificación, Julio De Vido, 'tendrá plenos poderes para disponer, a su criterio, del servicio de trenes. Podrá concesionar nuevos ramales sin llamar a licitación, hacer obras sin concursos públicos de precios, estará autorizado a comprar, alquilar e incluso desprenderse de los millonarios inmuebles que pertenecieron a Ferrocarriles Argentinos y que están distribuidos en todo el país. Todo eso, sin ningún control, salvo el propio: ese mismo funcionario será el encargado de elegir su cuerpo de auditores', relatan las noticias.
Seis décadas atrás, Scalabrini soñaba que el ferrocarril para todos y al servicio de los intereses argentinos serviría para 'regular la circulación interna de mercaderías y de pasajeros, orientar las corrientes de tráfico y de comercio exterior, distribuir la fabrilidad y las manufacturas, diseminar la actividad y la población, estimular las iniciativas de las provincias sofocadas por el alejamiento ferroviario y organizar coordinadamente el transporte del país'.
Ahora es distinto, muy distinto. Plenos poderes para instalar trenes al servicio del privilegio. Por eso Scalabrini advertía: Para que el ferrocarril nacionalizado pueda orientarse en el exclusivo servicio del país, es indispensable liberarlo de la tiranía del interés'. La tiranía del interés ha regresado. Scalabrini vuelve a morir por segunda vez.
De sólida formación marxista, Scalabrini adhirió al yrigoyenismo, en primer lugar, para después integrar la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), verdadero puente ideológico que abrevó en un nuevo movimiento nacional, el peronismo, al que llamó 'el susbsuelo de la patria sublevado' en aquella jornada del 17 de octubre de 1945.
Hoy, seis décadas después, el fantasma de Scalabrini se remueve inquieto. En nombre del peronismo, la administración de Cristina Fernández pretende instalar ferrocarriles a imagen y semejanza de los intereses de empresas francesas, firmas totalmente alejadas de la realidad del pueblo.
Scalabrini, alguna vez, escribió que 'quien afirma que los ferrocarriles son hierro viejo, afirma una verdad clara como la luz del sol. Pero quien de allí deduce que no deben ser expropiados y nacionalizados incurre en un error de lógica porque no ha percibido el problema en toda su dimensión. El material ferroviario está viejo indudablemente… Pero a pesar de esto, el poder de los ferrocarriles no ceja… Aunque el material es viejo, el poder político de los ferrocarriles se muestra lozano y brioso… Por eso el problema ferroviario puede sintetizarse en la simple fórmula: adquirir los ferrocarriles equivale a adquirir soberanía'.
Ahora es al revés, se crean empresas nacionales que sirven de cabecera de playa para los proyectos extranjeros y no hay límite para el rol que desempeñarán los cipayos del tercer milenio. La Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 'estarán exentas de respetar las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos. Es decir que podrán disponer de los fondos y los bienes públicos sin que medie la aprobación del Congreso, y sus responsables, por ejemplo, no podrán ser acusados de favorecer a empresas amigas, incluso si lo hacen. Ocurre que el formato de Sociedad del Estado los habilita a contratar en forma directa, con los mismos criterios que las empresas privadas', sostiene la información periodística. De tal forma, un funcionario designado por el propio ministro de Planificación, Julio De Vido, 'tendrá plenos poderes para disponer, a su criterio, del servicio de trenes. Podrá concesionar nuevos ramales sin llamar a licitación, hacer obras sin concursos públicos de precios, estará autorizado a comprar, alquilar e incluso desprenderse de los millonarios inmuebles que pertenecieron a Ferrocarriles Argentinos y que están distribuidos en todo el país. Todo eso, sin ningún control, salvo el propio: ese mismo funcionario será el encargado de elegir su cuerpo de auditores', relatan las noticias.
Seis décadas atrás, Scalabrini soñaba que el ferrocarril para todos y al servicio de los intereses argentinos serviría para 'regular la circulación interna de mercaderías y de pasajeros, orientar las corrientes de tráfico y de comercio exterior, distribuir la fabrilidad y las manufacturas, diseminar la actividad y la población, estimular las iniciativas de las provincias sofocadas por el alejamiento ferroviario y organizar coordinadamente el transporte del país'.
Ahora es distinto, muy distinto. Plenos poderes para instalar trenes al servicio del privilegio. Por eso Scalabrini advertía: Para que el ferrocarril nacionalizado pueda orientarse en el exclusivo servicio del país, es indispensable liberarlo de la tiranía del interés'. La tiranía del interés ha regresado. Scalabrini vuelve a morir por segunda vez.
Por: Carlos del Frade
martes, 13 de mayo de 2008
El kirchnerismo: ¿mitos o cambios reales?
El proyecto del tren bala es inadmisible. La polarización entre el “Gobierno” y el “campo” es tan falsa como la anunciada argentinización de YPF. El modelo económico favorece el desguace y la privatización. Es atendible el plan oficial para modificar la Ley de Radiodifusión que rige desde la dictadura.
El actual modelo de país encabezado por la pareja Kirchner puede ser sostenido sólo sobre la base de la construcción de ciertos mitos. No pueden ser discutidos determinados avances que se han dado, pero tampoco podemos dejar de remarcar que los discursos acerca de la “ruptura neoliberal”, el “modelo de desarrollo inclusivo”, el “desendeudamiento”, la “reconstrucción del Estado”, entre otros, son mitos políticos, es decir, no existen como tales en la realidad.
Recientemente se abrió el debate sobre la comunicación en el país. Esto implica poner bajo la lupa el rol de las grandes empresas monopólicas que se benefician con la vigente Ley de Radiodifusión de la dictadura, que les permite controlar la información que circula en diferentes canales. Este esquema de control privado constituye un obstáculo para el verdadero ejercicio democrático. A pesar de las benéficas concesiones hechas por Kirchner al Grupo Clarín, resulta bienvenida la nueva iniciativa, siempre que la democratización sea real según los criterios del debate nacional.
Pero la supuesta intención de democratizar la comunicación se contradice con la decisión de imponer a la sociedad el proyecto del tren bala. A espaldas del pueblo argentino, y desoyendo las numerosas críticas provenientes de todo el espectro político, el gobierno nacional firmó el contrato para realizar el faraónico proyecto del tren de alta velocidad que recorrerá el tramo Buenos Aires- Rosario-Córdoba. Para la presidenta Cristina Fernández, la obra es un “salto a la modernidad”. Pero ¿quiénes darán ese “salto a la modernidad”? ¿Puede ser considerado “popular” un medio de transporte cuyo boleto será inaccesible para la mayoría de los argentinos y que lo pagarán con los subsidios del Estado aunque no viajen en él? ¿Qué tan “estratégica” es una obra que, elitista y antinacional, se llevará adelante emitiendo, sólo en el inicio, nueva deuda pública por 4.000 millones de dólares a 30 años con una tasa del 12% anual, y que implicará, sin mediación alguna, la importación de tecnología extranjera? Resulta inadmisible que no se haya convocado a un debate nacional sobre la crisis colosal del transporte argentino que, entre otros problemas, ocasiona más de 8.000 muertes al año en calles y rutas, y que no constituya una prioridad para el Gobierno la reconstrucción del ferrocarril nacional que tanto precisan millones de pasajeros y productores de la nación; más aún cuando con la mitad de lo que realmente costará el tren bala se podrían reconstruir todos los grandes ramales troncales de pasajeros a las ciudades más importantes del país, incluyendo equipos, locomotoras y vagones nuevos.
La decisión de reconstruir el tren podría ser incluso uno de los elementos que ayudaría a resolver la protesta de los pequeños y medianos productores rurales, que nuevamente han tomado estado de conflicto abierto. La falsa polarización del escenario político que se ha construido esquiva a un tercer protagonista que disputa la renta agraria y castiga permanentemente a los pequeños y medianos productores: los monopolios privados exportadores que fijan el precio de la producción y evitan así que las siempre útiles y necesarias retenciones afecten su rentabilidad. Son los Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, Aceitera Gral. Deheza (del oficialista senador Roberto Urquía) y otros, que se apropian de un tercio de la renta agraria al imponer bajos precios a los productos, estafar al fisco, tercerizar las exportaciones y monopolizar la comercialización de insumos.
Pero los pequeños y medianos productores agrarios sufren también la carencia de gasoil para el período de cosecha mientras se siguen exportando crudo y naftas. Carencia que también se explica por la estructura de la matriz energética dependiente del petróleo y gas en un 85% y las características de su explotación y comercialización: un puñado de empresas multinacionales monopolizan toda la cadena del sector, con el agravante de que no invierten, depredan los recursos y son beneficiadas con jugosas renegociaciones que les ofrece el gobierno nacional.
Resulta irrisorio que en este marco se haya hecho creer a la ciudadanía que la reciente “argentinización” de nuestra histórica YPF, hoy en manos de Repsol, iba a revertir la tremenda caída de reservas energéticas sufrida en los últimos años. La “argentinización” consistió lisa y llanamente en una nueva “reprivatización”, como ocurre ahora con Aerolíneas Argentinas.
Un mito comparable es el “desendeudamiento”. La Argentina continúa endeudada muy por encima de su capacidad de repago. A menos de tres años de la megarreestructuración Kirchner- Lavagna-Nielsen, los argentinos debemos u$s200.000 millones y pagamos tasas de interés de más de 10%, niveles que teníamos en los momentos inmediatamente anteriores a la crisis de 2001. Estos datos explican que, en pleno conflicto con los productores rurales, el ahora ex ministro de Economía Martín Lousteau estuviera en Washington rogando por nuevos créditos del BID y el BM y que, sólo de intereses, este año pagaremos u$s15.000 millones.
Vivimos todavía un modelo de saqueo basado en privatizaciones, desguace estatal y libre mercado. Pero su piedra de toque fue la traición de la reforma constitucional de 1994, que traspasó el dominio del subsuelo a las provincias, quebrando la unidad de la Nación, la única que puede defenderse frente a la voracidad de los trusts multinacionales. Que el vicepresidente Cobos haya renegociado las 12 áreas petroleras mendocinas (la mitad de las cuales quedaron en manos del menemista Manzano), en forma similar a los nefastos contratos de Cerro Dragón, entregando los recursos del subsuelo por 40 años hasta su agotamiento, es una muestra clara del peligro que representa que los gobernadores dispongan individualmente del recurso de todos los argentinos.
Los recursos naturales, así como la producción agropecuaria, son las dos piernas con las que la Argentina caminó durante gran parte del siglo XX. La obtención de recursos a partir de ellos permitió el desarrollo y la industrialización del país: el plan siderúrgico nacional con Somisa, hoy privatizada con Techint, la construcción de las industrias hidrocarburífera, aeronáutica, ferroviaria y servicios como las aerolíneas y el transporte marítimo, etcétera.
En Ecuador, Venezuela y Bolivia se está planteando claramente la importancia de retomar para los pueblos, a través del Estado, el control de las inversiones que constituyen prioridades para una estrategia de desarrollo nacional; situación que no ocurre en nuestro país, donde las líneas de prioridad parten de escritorios privados y resultan en reprivatizaciones, subsidios al capital local e internacional más concentrado, aumentos tarifarios y proyectos como el del tren bala. Pero estas inversiones las podrá hacer el sector público sólo si podemos disponer de las rentas que genera la explotación de nuestros recursos naturales no renovables.
Nuestro subsuelo cuenta con reservas de petróleo que pueden generar, si el barril de crudo en el mercado internacional alcanza los u$s200 estimados para fin de año por la OPEP, u$s41 mil millones anuales. Sumada a la renta minera, unos u$s10 mil millones (sin contar gran cantidad de proyectos no contemplados y no registrados) y la renta agropecuaria, cuya gran tajada se la quedan las cerealeras exportadoras, más los u$s50 mil millones de reservas del BCRA, estamos hablando de enormes sumas de dinero que quedan en su gran mayoría en manos privadas, cuando los datos actuales enseñan que la brecha de pobreza ha alcanzado niveles récord. Por ello hablamos de la reconstrucción del Estado en un agente eficiente y moderno que recupere esta renta y la reinvierta para beneficio del pueblo y la infraestructura técnica, científica e industrial del país.
Una reconstrucción del Estado que permita apropiarse de los recursos que permiten el desarrollo nacional es algo que están haciendo todos los países del mundo que entienden que estamos ante un escenario global donde, como dice la misma presidenta Fernández, alimentos y energías serán las claves del futuro. Pensar que los principales servicios e industrias pueden estar en manos privadas es no entender la forma en que la Argentina se inserta en el mundo y en el mercado mundial. La Argentina continúa siendo un país cuya función fundamental en la división internacional del trabajo sigue siendo la de provisión de recursos: en forma de capital a través del endeudamiento y en forma de materias primas, hoy la soja y los minerales, así como ayer el cuero, la lana y el trigo, maíz y carne.
Para todo esto se precisa fundamentalmente que el campo nacional, popular y democrático consiga vencer a sus principales enemigos: la desconfianza y la resignación. Unidos en un gran movimiento social, político y cultural, los argentinos podemos desandar estos mitos y rescatar todos nuestros recursos y de esta manera reconstruir la nación para felicidad de todos los argentinos.
El actual modelo de país encabezado por la pareja Kirchner puede ser sostenido sólo sobre la base de la construcción de ciertos mitos. No pueden ser discutidos determinados avances que se han dado, pero tampoco podemos dejar de remarcar que los discursos acerca de la “ruptura neoliberal”, el “modelo de desarrollo inclusivo”, el “desendeudamiento”, la “reconstrucción del Estado”, entre otros, son mitos políticos, es decir, no existen como tales en la realidad.
Recientemente se abrió el debate sobre la comunicación en el país. Esto implica poner bajo la lupa el rol de las grandes empresas monopólicas que se benefician con la vigente Ley de Radiodifusión de la dictadura, que les permite controlar la información que circula en diferentes canales. Este esquema de control privado constituye un obstáculo para el verdadero ejercicio democrático. A pesar de las benéficas concesiones hechas por Kirchner al Grupo Clarín, resulta bienvenida la nueva iniciativa, siempre que la democratización sea real según los criterios del debate nacional.
Pero la supuesta intención de democratizar la comunicación se contradice con la decisión de imponer a la sociedad el proyecto del tren bala. A espaldas del pueblo argentino, y desoyendo las numerosas críticas provenientes de todo el espectro político, el gobierno nacional firmó el contrato para realizar el faraónico proyecto del tren de alta velocidad que recorrerá el tramo Buenos Aires- Rosario-Córdoba. Para la presidenta Cristina Fernández, la obra es un “salto a la modernidad”. Pero ¿quiénes darán ese “salto a la modernidad”? ¿Puede ser considerado “popular” un medio de transporte cuyo boleto será inaccesible para la mayoría de los argentinos y que lo pagarán con los subsidios del Estado aunque no viajen en él? ¿Qué tan “estratégica” es una obra que, elitista y antinacional, se llevará adelante emitiendo, sólo en el inicio, nueva deuda pública por 4.000 millones de dólares a 30 años con una tasa del 12% anual, y que implicará, sin mediación alguna, la importación de tecnología extranjera? Resulta inadmisible que no se haya convocado a un debate nacional sobre la crisis colosal del transporte argentino que, entre otros problemas, ocasiona más de 8.000 muertes al año en calles y rutas, y que no constituya una prioridad para el Gobierno la reconstrucción del ferrocarril nacional que tanto precisan millones de pasajeros y productores de la nación; más aún cuando con la mitad de lo que realmente costará el tren bala se podrían reconstruir todos los grandes ramales troncales de pasajeros a las ciudades más importantes del país, incluyendo equipos, locomotoras y vagones nuevos.
La decisión de reconstruir el tren podría ser incluso uno de los elementos que ayudaría a resolver la protesta de los pequeños y medianos productores rurales, que nuevamente han tomado estado de conflicto abierto. La falsa polarización del escenario político que se ha construido esquiva a un tercer protagonista que disputa la renta agraria y castiga permanentemente a los pequeños y medianos productores: los monopolios privados exportadores que fijan el precio de la producción y evitan así que las siempre útiles y necesarias retenciones afecten su rentabilidad. Son los Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, Aceitera Gral. Deheza (del oficialista senador Roberto Urquía) y otros, que se apropian de un tercio de la renta agraria al imponer bajos precios a los productos, estafar al fisco, tercerizar las exportaciones y monopolizar la comercialización de insumos.
Pero los pequeños y medianos productores agrarios sufren también la carencia de gasoil para el período de cosecha mientras se siguen exportando crudo y naftas. Carencia que también se explica por la estructura de la matriz energética dependiente del petróleo y gas en un 85% y las características de su explotación y comercialización: un puñado de empresas multinacionales monopolizan toda la cadena del sector, con el agravante de que no invierten, depredan los recursos y son beneficiadas con jugosas renegociaciones que les ofrece el gobierno nacional.
Resulta irrisorio que en este marco se haya hecho creer a la ciudadanía que la reciente “argentinización” de nuestra histórica YPF, hoy en manos de Repsol, iba a revertir la tremenda caída de reservas energéticas sufrida en los últimos años. La “argentinización” consistió lisa y llanamente en una nueva “reprivatización”, como ocurre ahora con Aerolíneas Argentinas.
Un mito comparable es el “desendeudamiento”. La Argentina continúa endeudada muy por encima de su capacidad de repago. A menos de tres años de la megarreestructuración Kirchner- Lavagna-Nielsen, los argentinos debemos u$s200.000 millones y pagamos tasas de interés de más de 10%, niveles que teníamos en los momentos inmediatamente anteriores a la crisis de 2001. Estos datos explican que, en pleno conflicto con los productores rurales, el ahora ex ministro de Economía Martín Lousteau estuviera en Washington rogando por nuevos créditos del BID y el BM y que, sólo de intereses, este año pagaremos u$s15.000 millones.
Vivimos todavía un modelo de saqueo basado en privatizaciones, desguace estatal y libre mercado. Pero su piedra de toque fue la traición de la reforma constitucional de 1994, que traspasó el dominio del subsuelo a las provincias, quebrando la unidad de la Nación, la única que puede defenderse frente a la voracidad de los trusts multinacionales. Que el vicepresidente Cobos haya renegociado las 12 áreas petroleras mendocinas (la mitad de las cuales quedaron en manos del menemista Manzano), en forma similar a los nefastos contratos de Cerro Dragón, entregando los recursos del subsuelo por 40 años hasta su agotamiento, es una muestra clara del peligro que representa que los gobernadores dispongan individualmente del recurso de todos los argentinos.
Los recursos naturales, así como la producción agropecuaria, son las dos piernas con las que la Argentina caminó durante gran parte del siglo XX. La obtención de recursos a partir de ellos permitió el desarrollo y la industrialización del país: el plan siderúrgico nacional con Somisa, hoy privatizada con Techint, la construcción de las industrias hidrocarburífera, aeronáutica, ferroviaria y servicios como las aerolíneas y el transporte marítimo, etcétera.
En Ecuador, Venezuela y Bolivia se está planteando claramente la importancia de retomar para los pueblos, a través del Estado, el control de las inversiones que constituyen prioridades para una estrategia de desarrollo nacional; situación que no ocurre en nuestro país, donde las líneas de prioridad parten de escritorios privados y resultan en reprivatizaciones, subsidios al capital local e internacional más concentrado, aumentos tarifarios y proyectos como el del tren bala. Pero estas inversiones las podrá hacer el sector público sólo si podemos disponer de las rentas que genera la explotación de nuestros recursos naturales no renovables.
Nuestro subsuelo cuenta con reservas de petróleo que pueden generar, si el barril de crudo en el mercado internacional alcanza los u$s200 estimados para fin de año por la OPEP, u$s41 mil millones anuales. Sumada a la renta minera, unos u$s10 mil millones (sin contar gran cantidad de proyectos no contemplados y no registrados) y la renta agropecuaria, cuya gran tajada se la quedan las cerealeras exportadoras, más los u$s50 mil millones de reservas del BCRA, estamos hablando de enormes sumas de dinero que quedan en su gran mayoría en manos privadas, cuando los datos actuales enseñan que la brecha de pobreza ha alcanzado niveles récord. Por ello hablamos de la reconstrucción del Estado en un agente eficiente y moderno que recupere esta renta y la reinvierta para beneficio del pueblo y la infraestructura técnica, científica e industrial del país.
Una reconstrucción del Estado que permita apropiarse de los recursos que permiten el desarrollo nacional es algo que están haciendo todos los países del mundo que entienden que estamos ante un escenario global donde, como dice la misma presidenta Fernández, alimentos y energías serán las claves del futuro. Pensar que los principales servicios e industrias pueden estar en manos privadas es no entender la forma en que la Argentina se inserta en el mundo y en el mercado mundial. La Argentina continúa siendo un país cuya función fundamental en la división internacional del trabajo sigue siendo la de provisión de recursos: en forma de capital a través del endeudamiento y en forma de materias primas, hoy la soja y los minerales, así como ayer el cuero, la lana y el trigo, maíz y carne.
Para todo esto se precisa fundamentalmente que el campo nacional, popular y democrático consiga vencer a sus principales enemigos: la desconfianza y la resignación. Unidos en un gran movimiento social, político y cultural, los argentinos podemos desandar estos mitos y rescatar todos nuestros recursos y de esta manera reconstruir la nación para felicidad de todos los argentinos.
jueves, 8 de mayo de 2008
Asesoran a Bolivia para optimizar histórico superávit
LA PLATA-BUENOS AIRES, Mayo 06 (Agencia NOVA)
Dirigentes de Proyecto Sur, el partido que postuló a Pino Solanas para las elecciones presidenciales pasadas, promocionaron sus ideas recientemente en el vecino país de Bolivia, de donde rescataron que “el fuertísimo superávit fiscal obtenido a partir de la renta petrolera por la estatización de los hidrocarburos, les permite tener un momento histórico desde el punto de vista económico jamás antes visto”.
El ex compañero de fórmula presidencial de Solanas, Ángel Cadelli, señaló que: “A partir del cambio de la distribución de la renta petrolera Bolivia se hace cargo del 82% y el 18 restante a las multinacionales, y eso les generó un superávit de 6 mil millones de dólares, algo que en Argentina, de aplicarse esta política, sería un equivalente a unos 150 mil millones”, explicó el dirigente en diálogo con el programa de radio de FM Platense “El enfoque provincial”, de Agencia NOVA.
“Es una fortuna gigantesca la que tiene Bolivia", dijo Cadelli, quien concurrió a asesorar y promover ideas para sostener este crecimiento histórico hace unos 20 días, poco antes de anunciarse la estatización de los hidrocarburos.
Según el dirigente, desde su óptica “El gobierno boliviano tiene una conducta de oposición, sin darse cuenta que la gestión pública es su principal responsabilidad, con una actitud fiscalizadora cuando desde nuestro punto de vista deberían pasar a la acción".
“Nuestras propuestas fueron bien recibidas y esperamos ser llamados en un futuro próximo”, agregó.
Asimismo, explicó que ese dinero fresco de a poco se va administrando y en ese sentido señaló que “hay muchos problemas sociales que ya se están solucionando, de hecho hay una muy buena alimentación en los bolsones pobrezas, lo cual no es poca cosa, hay planes educativos respetando las etnias y costumbres".
"A nosotros -añadió- nos escucharon por la gran obra pública y cómo manejar ese tipo de inversiones, entre otras ellos tienen muchas tierras improductivas que dejarían de serlo en la medida de mejorar su red carretera y agroquímicos”.
Respecto de la situación en Santa Cruz de la Sierra, opinó que "es una parte próspera de Bolivia que vende gran parte de su producción en la otra parte del país; es como pelearse con el cliente. Es como el caso de Venezuela, que se pelea con Estados Unidos y le vende un 60% de su producción petrolera”.
La exportación de ideas "sureñas" no se reduce sólo a Bolivia, dado que otro dirigente, Alejandro Olmos Gaona, el hijo de quien denunciara la deuda ilegítima argentina ante el juez Jorge Ballestero, actualmente asesora al presidente de Ecuador, Rafael Correa.
En ese sentido, Cadelli afirmó que Olmos Gaona está ayudando en ese país "en una negociación para la quita permanente de la deuda externa, y ayuda a descubrir deuda fraudulenta a través de una auditoría, comprobándose casos de usura y de deuda dibujada".
Dirigentes de Proyecto Sur, el partido que postuló a Pino Solanas para las elecciones presidenciales pasadas, promocionaron sus ideas recientemente en el vecino país de Bolivia, de donde rescataron que “el fuertísimo superávit fiscal obtenido a partir de la renta petrolera por la estatización de los hidrocarburos, les permite tener un momento histórico desde el punto de vista económico jamás antes visto”.
El ex compañero de fórmula presidencial de Solanas, Ángel Cadelli, señaló que: “A partir del cambio de la distribución de la renta petrolera Bolivia se hace cargo del 82% y el 18 restante a las multinacionales, y eso les generó un superávit de 6 mil millones de dólares, algo que en Argentina, de aplicarse esta política, sería un equivalente a unos 150 mil millones”, explicó el dirigente en diálogo con el programa de radio de FM Platense “El enfoque provincial”, de Agencia NOVA.
“Es una fortuna gigantesca la que tiene Bolivia", dijo Cadelli, quien concurrió a asesorar y promover ideas para sostener este crecimiento histórico hace unos 20 días, poco antes de anunciarse la estatización de los hidrocarburos.
Según el dirigente, desde su óptica “El gobierno boliviano tiene una conducta de oposición, sin darse cuenta que la gestión pública es su principal responsabilidad, con una actitud fiscalizadora cuando desde nuestro punto de vista deberían pasar a la acción".
“Nuestras propuestas fueron bien recibidas y esperamos ser llamados en un futuro próximo”, agregó.
Asimismo, explicó que ese dinero fresco de a poco se va administrando y en ese sentido señaló que “hay muchos problemas sociales que ya se están solucionando, de hecho hay una muy buena alimentación en los bolsones pobrezas, lo cual no es poca cosa, hay planes educativos respetando las etnias y costumbres".
"A nosotros -añadió- nos escucharon por la gran obra pública y cómo manejar ese tipo de inversiones, entre otras ellos tienen muchas tierras improductivas que dejarían de serlo en la medida de mejorar su red carretera y agroquímicos”.
Respecto de la situación en Santa Cruz de la Sierra, opinó que "es una parte próspera de Bolivia que vende gran parte de su producción en la otra parte del país; es como pelearse con el cliente. Es como el caso de Venezuela, que se pelea con Estados Unidos y le vende un 60% de su producción petrolera”.
La exportación de ideas "sureñas" no se reduce sólo a Bolivia, dado que otro dirigente, Alejandro Olmos Gaona, el hijo de quien denunciara la deuda ilegítima argentina ante el juez Jorge Ballestero, actualmente asesora al presidente de Ecuador, Rafael Correa.
En ese sentido, Cadelli afirmó que Olmos Gaona está ayudando en ese país "en una negociación para la quita permanente de la deuda externa, y ayuda a descubrir deuda fraudulenta a través de una auditoría, comprobándose casos de usura y de deuda dibujada".
martes, 6 de mayo de 2008
Proyectos para pequeños productores
Legisladores opositores junto a Eduardo Buzzi, titular de FAA
Por Miguel Jorquera
El conflicto con el campo volverá hoy al Congreso. Un grupo de diputados opositores y algunos filokirchneristas firmarán junto a Eduardo Buzzi y otros dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) un “compromiso parlamentario” para impulsar una serie de proyectos con “soluciones” para distintas problemáticas de pequeños y medianos productores.
Legisladores del socialismo, el ARI Autónomo, la Coalición Cívica, de la CTA y del Encuentro Social y Popular volverán a la carga con una decena de iniciativas que nunca llegaron al recinto y que van desde “retenciones y compensaciones diferenciadas” hasta recuperar las desmanteladas instituciones reguladoras, como las juntas nacionales de granos y carnes. El máximo dirigente de la FAA se hará un lugar en su agenda para mostrarse rodeado de legisladores que movilizarán en el Congreso una serie de proyectos, “como aporte a la solución del conflicto con el campo”.
“Nos comprometemos a impulsar en el Congreso nacional una serie de proyectos como aporte a que la resolución del conflicto agropecuario permita garantizar la soberanía alimentaria y atender la difícil situación que atraviesan los pequeños y medianos productores de nuestro país”, dice el texto que rubricarán diputados y dirigentes de la FAA.
La iniciativa que impulsó el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano cuenta con el aval de los aristas disidentes María América González, Eduardo Macaluse y Delia Bisutti; los socialistas Silvia Augsburger, Lisandro Viale y María Elena Martín; Fernanda Gil Lozano (CC), el entrerriano Emilio Martínez Garbino; Cecilia Merchan (Libres del Sur) y el socialista K Ariel Basteiro. Estos dos últimos no participarán de la rueda de prensa, aunque sus proyectos también serán parte de esa agenda.
Varios de estos proyectos –que nunca llegaron al recinto para su discusión– fueron elaborados en conjunto por los técnicos de la FAA y distintos legisladores. Entre ellos, los que abordan los temas coyunturales como las retenciones “segmentadas que tengan en cuenta el tamaño del productor, de manera de beneficiar a los productores más chicos”. Aunque la lista de propuestas parlamentarias también sumará iniciativas estructurales como una ley de “arrendamiento” que ponga límites a los pooles de siembra y contratistas y otra sobre la “extranjerización de la tierra”. También se presentarán proyectos para implementar un Instituto de Colonización de Tierras, que toma la experiencia uruguaya para regular el acceso a la tierra y que, entre sus funciones, se destaca “la obligatoriedad de un vendedor o arrendatario de tierra de otorgarle preferencia al Estado, quien de este modo puede incidir en la planificación real del sector”.
Por Miguel Jorquera
El conflicto con el campo volverá hoy al Congreso. Un grupo de diputados opositores y algunos filokirchneristas firmarán junto a Eduardo Buzzi y otros dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) un “compromiso parlamentario” para impulsar una serie de proyectos con “soluciones” para distintas problemáticas de pequeños y medianos productores.
Legisladores del socialismo, el ARI Autónomo, la Coalición Cívica, de la CTA y del Encuentro Social y Popular volverán a la carga con una decena de iniciativas que nunca llegaron al recinto y que van desde “retenciones y compensaciones diferenciadas” hasta recuperar las desmanteladas instituciones reguladoras, como las juntas nacionales de granos y carnes. El máximo dirigente de la FAA se hará un lugar en su agenda para mostrarse rodeado de legisladores que movilizarán en el Congreso una serie de proyectos, “como aporte a la solución del conflicto con el campo”.
“Nos comprometemos a impulsar en el Congreso nacional una serie de proyectos como aporte a que la resolución del conflicto agropecuario permita garantizar la soberanía alimentaria y atender la difícil situación que atraviesan los pequeños y medianos productores de nuestro país”, dice el texto que rubricarán diputados y dirigentes de la FAA.
La iniciativa que impulsó el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano cuenta con el aval de los aristas disidentes María América González, Eduardo Macaluse y Delia Bisutti; los socialistas Silvia Augsburger, Lisandro Viale y María Elena Martín; Fernanda Gil Lozano (CC), el entrerriano Emilio Martínez Garbino; Cecilia Merchan (Libres del Sur) y el socialista K Ariel Basteiro. Estos dos últimos no participarán de la rueda de prensa, aunque sus proyectos también serán parte de esa agenda.
Varios de estos proyectos –que nunca llegaron al recinto para su discusión– fueron elaborados en conjunto por los técnicos de la FAA y distintos legisladores. Entre ellos, los que abordan los temas coyunturales como las retenciones “segmentadas que tengan en cuenta el tamaño del productor, de manera de beneficiar a los productores más chicos”. Aunque la lista de propuestas parlamentarias también sumará iniciativas estructurales como una ley de “arrendamiento” que ponga límites a los pooles de siembra y contratistas y otra sobre la “extranjerización de la tierra”. También se presentarán proyectos para implementar un Instituto de Colonización de Tierras, que toma la experiencia uruguaya para regular el acceso a la tierra y que, entre sus funciones, se destaca “la obligatoriedad de un vendedor o arrendatario de tierra de otorgarle preferencia al Estado, quien de este modo puede incidir en la planificación real del sector”.
viernes, 2 de mayo de 2008
No al Tren Bala, Sí al Tren Para Todos
Por la reconstrucción del Sistema Ferroviario
Actos por un TREN PARA TODOS:
* Lunes 5 de mayo
En el Hall de Estación Once a las 16 hs.Conferencia de prensa
Estarán presentes Pino Solanas, los Diputados Claudio Lozano y Eduardo Macaluse
y los delegados de la línea Sarmiento de TBA, Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso
*Jueves 8 de mayo
A las 17 hs.
Acto en Estación Once: "No al Tren Bala, Sí al Tren Para Todos" y por la reconstrucción del Sistema Ferroviario
Estarán presentes Pino Solanas, los Diputados Claudio Lozano y Eduardo Macaluse
y los delegados de la línea Sarmiento de TBA, Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso
A las 18:35 hs.
Parte el "Tren de la Reconstrucción". Nos subiremos a un tren desde la Estación de Once hasta Mercedes con paradas en Haedo y Luján. En cada una de ellas se realizará un acto mientras esperamos al Tren de la Reconstrucción.
Al cierre, gran acto final
Cronograma de actos mientras esperamos llegar al Tren de la Reconstrucción:
Estación Haedo, Acto 18 hs.
Estación Luján, Acto 18.30 hs.
Estación Mercedes, Acto 19 hs.
Participan:
Agrupación Ferroviarios por el cambio líneas Mitre y Sarmiento
Asamblea Coghlan
Asociación vecinos de Haedo
Bloque ARI Autónomo
Bloque Regional de Poder Popular en Proyecto Sur
Buenos Aires Para Todos en Proyecto Sur.
Comisión de Asambleas Barriales por la recuperación de las Privatizadas
Comisión de Reclamos y cuerpo de Delegados Unión Ferroviaria Líneas Mitre, Sarmiento y Belgrano Norte
Comisión Nacional Salvemos al Tren
Comisión Nacional Salvemos al Tren ciudad de Lobos
CTA
Dignidad Ferroviaria
Encuentro latinoamericano y caribeño de trabajadores.
Encuentro solidario para el cambio (ITUA) en Proyecto Sur
Izquierda de los trabajadores.
Izquierda socialista
Jubilados Clasistas
Movimiento Patriótico 20 de diciembre (Morón) en Proyecto Sur
Partido Socialista Autentico en Proyecto Sur
Pino Solanas en Proyecto Sur.
Proyecto sur.
Red encuentro social (Redes)
Resistencia Lautaro
Vilma Ripol MST
Actos por un TREN PARA TODOS:
* Lunes 5 de mayo
En el Hall de Estación Once a las 16 hs.Conferencia de prensa
Estarán presentes Pino Solanas, los Diputados Claudio Lozano y Eduardo Macaluse
y los delegados de la línea Sarmiento de TBA, Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso
*Jueves 8 de mayo
A las 17 hs.
Acto en Estación Once: "No al Tren Bala, Sí al Tren Para Todos" y por la reconstrucción del Sistema Ferroviario
Estarán presentes Pino Solanas, los Diputados Claudio Lozano y Eduardo Macaluse
y los delegados de la línea Sarmiento de TBA, Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso
A las 18:35 hs.
Parte el "Tren de la Reconstrucción". Nos subiremos a un tren desde la Estación de Once hasta Mercedes con paradas en Haedo y Luján. En cada una de ellas se realizará un acto mientras esperamos al Tren de la Reconstrucción.
Al cierre, gran acto final
Cronograma de actos mientras esperamos llegar al Tren de la Reconstrucción:
Estación Haedo, Acto 18 hs.
Estación Luján, Acto 18.30 hs.
Estación Mercedes, Acto 19 hs.
Participan:
Agrupación Ferroviarios por el cambio líneas Mitre y Sarmiento
Asamblea Coghlan
Asociación vecinos de Haedo
Bloque ARI Autónomo
Bloque Regional de Poder Popular en Proyecto Sur
Buenos Aires Para Todos en Proyecto Sur.
Comisión de Asambleas Barriales por la recuperación de las Privatizadas
Comisión de Reclamos y cuerpo de Delegados Unión Ferroviaria Líneas Mitre, Sarmiento y Belgrano Norte
Comisión Nacional Salvemos al Tren
Comisión Nacional Salvemos al Tren ciudad de Lobos
CTA
Dignidad Ferroviaria
Encuentro latinoamericano y caribeño de trabajadores.
Encuentro solidario para el cambio (ITUA) en Proyecto Sur
Izquierda de los trabajadores.
Izquierda socialista
Jubilados Clasistas
Movimiento Patriótico 20 de diciembre (Morón) en Proyecto Sur
Partido Socialista Autentico en Proyecto Sur
Pino Solanas en Proyecto Sur.
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