Finalizó una etapa en Aerolíneas Argentinas. Muchos respiraron tranquilos tras el anuncio de que la empresa volvía al control del Estado, sin embargo no hubo desbordes ni clima de triunfo. Se fueron (o todavía en eso están) los principales artífices de la mayor debacle de la historia de Aerolíneas y Austral, y con ello cierra un período de la historia que nunca se tuvo que haber iniciado. Pero cosas de la vida, Marsans hoy se va con los bolsillos llenos y deja a más de 9.000 trabajadoras/es en una situación de total precarización, con salarios muy por debajo de nuestras expectativas, y a todo un país con su sistema aerocomercial prácticamente devastado. Quizá por ello la falta de euforia y triunfalismo. Al fin de cuentas, ¿qué hay para festejar? Fuera del hecho que se hayan ido y que en principio la continuidad de las empresas está garantizado, ¡nada más!
LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS , DEBEN SER DEBIDAMENTE SANCIONADOS
Un tema que amenaza con diluirse y quedar en la nada, es el de la responsabilidad que les cabe a los artífices de la situación patrimonial, financiera y operativa en la que Marsans entrega la empresa. Recordemos que la línea de bandera fue entregada a Iberia sin pasivos, iniciándose así un proceso de vaciamiento que fue profundizado por todo grupo empresario que se sucedió en el control de Aerolíneas. Su “venta” y posterior traspaso de manos, fueron a las claras maniobras fraudulentas ejecutadas en perjuicio de trabajadores, usuarios y la sociedad en su conjunto. Logrando revertir la imagen de una empresa que hasta el momento de su entrega por parte del menemismo gozaba de una gran reputación internacional.
Esto nos lleva a preguntarnos además por qué la Secretaria de Transporte avaló la aprobación de los balances de Aerolíneas, seriamente cuestionados por auditorias, en momentos en que Marsans ya afrontaba una causa abierta en un juzgado español por haberse quedado con dinero destinado a Aerolíneas.
Capítulo aparte merece el rol que desempeñaron las conducciones sindicales, particularmente APA que es la que nos representa, desde el momento en que Marsans se hizo cargo de las empresas del Grupo Aerolíneas. ¿Qué hizo para enfrentar el vaciamiento de las empresas desde el 2001 hasta la fecha? Ni siquiera salió a denunciar ni judicial ni públicamentemente, el vaciamiento. Para peor, días atrás firmó junto a otras organizaciones gremiales un pacto social, por el cual no se pueden realizar medidas gremiales por el termino de 60 dias, el cual resulta a todas luces innecesario e injustificado (APTA p ej. no lo firmo). Pacto Social para que? Los aeronáuticos, lo que entre tantas cosas necesitamos, es que tanto Marsans como el Gobierno Nacional cumplan con la legislación vigente.
Es hora de que también nuestros representantes comiencen a dar cuentas acerca del por qué actúan de manera inconsulta sobre temas tan trascendentes. Recordemos que esos mismos representantes son los que en el 2005 se pronunciaba en TV a favor de la gestión de Antonio Mata al frente de ARSA, en medio de un conflicto que otros sindicatos estaban protagonizando por salarios, y que ahora manifiestan a través del mismo medio que siempre “pelearon” por la estatización.
Finalmente, la justicia argentina debe seguir los mismos pasos que la de España e iniciar una investigación que permita establecer cuánto dinero fue desviado, quién se benefició de esa maniobra, y actuar consecuentemente. Ni como trabajadores ni como ciudadanos podemos mostrarnos indiferente ante tanto saqueo, ni permitir que el Estado se comporte de manera “boba” haciéndose cargo de la deuda que debe pagar Marsans. O sea, cargando en todo el pueblo argentino la deuda generada por Marsans, para dentro de 60 días entregarla nuevamente a un privado, pero obviamente sin pasivos.
REESTATIZACION SIN PAGO A MARSANS PARA CONFORMAR UNA UNICA Y PODEROSA LINEA NACIONAL DE BANDERA, GESTIONADA POR TRABAJADORES Y USUARIOS
Es hora de que esta situación termine de una vez y para siempre.. Absolutamente nadie podrá negar que los altos costos operativos tornan por demás onerosa la actividad aerocomercial. Ni hablar de la incidencia que en ella tiene el precio del petróleo. Sin embargo, en ningún país del mundo ha desaparecido el transporte de cargas y pasajeros vía aérea. Todo lo contrario, el tráfico aéreo se sigue incrementando e incluso la proyección de vuelos resulta también ascendente al igual que la explotación de nuevas rutas. Dentro de ese contexto, quienes integramos AITA estamos de acuerdo en que Aerolíneas retorne al Estado, pero porque nunca estuvimos de acuerdo con su privatización. Por ello el Estado no sólo debe hacerse cargo de las empresas, sino definir una verdadera política aerocomercial. Desandando el camino que se inició allá, por inicios de los 90 con la “privatización”, o entrega y descuartización de Aerolíneas.
En sí misma, esa maniobra atentó contra los intereses de la nación entera, en tanto el Estado entregó un medio de transporte que garantizaba la integración regional hacia dentro del país, y desde éste, hacia gran parte del mundo. La “línea aérea de bandera” es, ante todo, un servicio que el Estado debe garantizar a la sociedad, por lo que no puede deslindarse de su manejo entregándosela a una empresa privada, sea de capitales nacionales, extranjeros o mixtos, ya que más allá de su nacionalidad, toda empresa privada busca el beneficio económico y no el social.
DEBEMOS SABER APROVECHAR ESTA OCASION
Algunos funcionarios del gobierno ya han señalado que la empresa será reprivatizada, con lo cual todo lo expresado acerca de la importancia y necesidad de que el Estado cuente con una “línea aérea de bandera”, caería en saco roto. Ahora bien, ¿es posible evitarlo? ¡Claro que sí! Se necesitará de algo que por diversas causas hoy día pareciera difícil de concretar: LA UNIDAD DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES. Al igual que en la crisis del 2001 sólo la movilización de todos los trabajadores de Aerolíneas, convirtiéndola en causa nacional, logrará impedir una nueva falsa esperanza que se abre con este proceso. Esa es la única alternativa que nos queda para elaborar junto a técnicos, especialistas y sobre todo con el control de los trabajadores, un proyecto que permita crear una línea aérea de bandera eficiente y competitiva pero que priorice el rol social. Y, por sobre todas las cosas, debemos apuntar a esa unidad como la única alternativa que nos queda al conjunto de trabajadores de las empresas del hasta hoy Grupo ARSA, para lograr verdaderas mejoras en lo concerniente a lo salarial tanto como a las condiciones de trabajo. Política que debe tener su punto de partida en una verdadera recomposición salarial, la que debe permitir que ningún trabajador gane un salario inferior a los $3.500 –Costo de la Canasta Familiar –. Y junto a ello, se debe apuntar al mejoramiento de los factores de seguridad, higiene y medio ambiente para evitar que los trabajadores se enfermen o renuncien ante las graves condiciones en las que cumplen sus tareas. Sólo entonces podremos creer que estamos ante la verdadera y definitiva recuperación de nuestra línea aérea de bandera para beneficio de trabajadores, usuarios y la sociedad entera.
A.I.T.A en APA-CTA
Agrupación Independiente de Trabajadores Aeronauticos
jueves, 24 de julio de 2008
miércoles, 23 de julio de 2008
Pino Solanas ante las críticas desinformadas
1. Ante las operaciones desinformantes que han hecho creer a muchos ciudadanos y compañeros que en la reciente votación parlamentaria sobre la cuestión agraria, voté o impulsé el voto junto a la reacción y la oligarquía, debo aclarar, en primer lugar, que no soy diputado y estuve muy lejos de la capital durante el debate del Congreso. Proyecto Sur no "militó" en las filas del "campo" sino que optó siempre por las retenciones móviles y segmentadas y por una propuesta integral que atendiera a la demanda de los 220.000 pequeños productores rurales que padecen el abandono oficial, la sojización y los abusos de los acopiadores y exportadores. Proyecto Sur apoyó y votó su propio proyecto de ley luego de haber agotado todas las instancias para acercar posiciones y consensuar un proyecto único con el oficialismo que incluyera la formación de una comisión bicameral que investigara la más grave estafa contra el Fisco de los últimos años que se consumaba bajo el paraguas de la Resolución 125. Se trata de una defraudación por US$ 1.169 millones en las exportaciones de soja y de un total de US$ 1763 millones contando el maíz, girasol y trigo como finalmente lo establece el diario Página 12 en su artículo de fondo del último domingo.
La cifra de la defraudación duplica lo que el gobierno nacional pretendía recaudar con la Resolución 125 y tiene como protagonista al único gran actor que quedó en las sombras: las multinacionales exportadoras de granos, a quienes nosotros señalamos desde marzo con la denuncia penal que presentamos con Claudio Lozano y todas las declaraciones y documentos, de los cuales los más importantes aquí adjuntamos. Semanas después Mario Cafiero y Ricardo Monner Sans ampliaron la denuncia penal y en la votación de la Cámara, Lozano fundamentó que no acompañaba el proyecto oficial por la negativa de incluir el pedido de investigación. En consecuencia, Proyecto Sur no tuvo otra alternativa que presentar el proyecto propio para no asociarse a la impunidad y la estafa. Recién hoy se la empieza a reconocer y el gobierno nacional comenzó a tomarla en cuenta.
2. La estafa consistió en que a fines de 2007, las Cerealeras- Exportadoras de granos y derivados presentaron falsas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por más de 23 millones de toneladas de soja que todavía no habían comprado, adelantándose a un eventual aumento de retenciones. Esta operación se realizó con la complicidad de funcionarios del gobierno nacional y ha tenido como uno de sus principales beneficiaros al senador cordobés del Frente para la Victoria, Roberto Urquía, dueño de un monopolio exportador privado, la Aceitera Gral. Deheza que, además, recibe el 4% de subsidio a sus exportaciones de aceite. Llama la atención que la maniquea visión con que se ha abordado este tema hizo olvidar a todos esta denuncia y se ocultó las propuestas avanzadas que traía el proyecto que presentamos junto con otro diez diputados para profundizar las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa distribución. Lo más notable de todo, es que buena parte del país creyó que se estaba tratando en el Congreso de la Nación una ley que iba a dar beneficio a los sectores postergados del escenario rural, cuando se estaba votando una resolución cuyo efecto se extendía sólo hasta octubre y no resolvía de ninguna forma el conflicto desatado. El paroxismo y delirio fue tan grande que el presidente del Partido Justicialista puso en juego la continuidad del gobierno nacional y, según los trascendidos, hasta consideró pedir a la Presidente que renunciara a su cargo.
3. Proyecto Sur nunca aceptó considerar que había dos bandos excluyentes en la contienda. Desde un inicio, dijimos que la línea de polarización política estaba mal trazada, porque dejaba afuera del conflicto a las multinacionales exportadoras (Dreyfus, Molinos Bunge, Cargill, Nidera, ADM, Aceitera Gral. Deheza,) que se llevan un tercio de la renta agraria y estafan al fisco con exportaciones en negro y tercerizadas. Denunciamos a la Sociedad Rural, al lock out patronal y a las reprochables medidas de desabastecimiento que duraron meses y perjudicaron al pueblo. Dijimos también que entre el gobierno y "el campo" estaba el pueblo argentino que reclamaba una pronta y verdadera solución al conflicto. La "cinchada" tuvo que prolongarse más de 100 días para que el gobierno comprendiera que debía girar el tema al Congreso. Las retenciones móviles -tal como las establecía la Resolución 125- no cayeron sólo por la conjura de la reacción. La verdad es que el gobierno, con mayoría parlamentaria, fue traicionado por los hombres de sus propias filas que fueron incorporados por el mismo Kirchner en su Frente Para la Victoria, como Romero, Schiaretti, Reutemann, etc. El voto del vicepresidente Cobos fue el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias y traiciones.
4. No perdamos las energías en un desorientador maniqueísmo. Es necesario construir una gran alternativa para el país. Estamos ante la oportunidad de construir un Proyecto Agropecuario Nacional, cuyo actor principal, junto a los pequeños y medianos productores (pequeña burguesía agraria, campesinos, indígenas, trabajadores rurales), es el Estado, a través del restablecimiento de las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, monopolio público del comercio exterior, líneas de créditos baratos, el INTA y las universidades aportando semillas y tecnología, quien puede contrarrestar la destructiva tendencia al monocultivo sojero. Se ha logrado debatir con profundidad y se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del tema agrario. Hay presentados en el Parlamento iniciativas y proyectos que establecen retenciones móviles minuciosamente segmentadas, ley de arrendamientos, entre otros. El gobierno nacional tiene la oportunidad de reconstruir el consenso para un verdadero proyecto agropecuario que procure el repoblamiento del campo y la soberanía alimentaria de los argentinos. Allí está la propuesta y predisposición de Proyecto Sur para confluir con otras fuerzas en un gran camino de reconstrucción. Esperamos que el gobierno nacional oiga y tome nota de estos aportes.
Fernando "Pino" Solanas
22 de julio de 2008
La cifra de la defraudación duplica lo que el gobierno nacional pretendía recaudar con la Resolución 125 y tiene como protagonista al único gran actor que quedó en las sombras: las multinacionales exportadoras de granos, a quienes nosotros señalamos desde marzo con la denuncia penal que presentamos con Claudio Lozano y todas las declaraciones y documentos, de los cuales los más importantes aquí adjuntamos. Semanas después Mario Cafiero y Ricardo Monner Sans ampliaron la denuncia penal y en la votación de la Cámara, Lozano fundamentó que no acompañaba el proyecto oficial por la negativa de incluir el pedido de investigación. En consecuencia, Proyecto Sur no tuvo otra alternativa que presentar el proyecto propio para no asociarse a la impunidad y la estafa. Recién hoy se la empieza a reconocer y el gobierno nacional comenzó a tomarla en cuenta.
2. La estafa consistió en que a fines de 2007, las Cerealeras- Exportadoras de granos y derivados presentaron falsas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por más de 23 millones de toneladas de soja que todavía no habían comprado, adelantándose a un eventual aumento de retenciones. Esta operación se realizó con la complicidad de funcionarios del gobierno nacional y ha tenido como uno de sus principales beneficiaros al senador cordobés del Frente para la Victoria, Roberto Urquía, dueño de un monopolio exportador privado, la Aceitera Gral. Deheza que, además, recibe el 4% de subsidio a sus exportaciones de aceite. Llama la atención que la maniquea visión con que se ha abordado este tema hizo olvidar a todos esta denuncia y se ocultó las propuestas avanzadas que traía el proyecto que presentamos junto con otro diez diputados para profundizar las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa distribución. Lo más notable de todo, es que buena parte del país creyó que se estaba tratando en el Congreso de la Nación una ley que iba a dar beneficio a los sectores postergados del escenario rural, cuando se estaba votando una resolución cuyo efecto se extendía sólo hasta octubre y no resolvía de ninguna forma el conflicto desatado. El paroxismo y delirio fue tan grande que el presidente del Partido Justicialista puso en juego la continuidad del gobierno nacional y, según los trascendidos, hasta consideró pedir a la Presidente que renunciara a su cargo.
3. Proyecto Sur nunca aceptó considerar que había dos bandos excluyentes en la contienda. Desde un inicio, dijimos que la línea de polarización política estaba mal trazada, porque dejaba afuera del conflicto a las multinacionales exportadoras (Dreyfus, Molinos Bunge, Cargill, Nidera, ADM, Aceitera Gral. Deheza,) que se llevan un tercio de la renta agraria y estafan al fisco con exportaciones en negro y tercerizadas. Denunciamos a la Sociedad Rural, al lock out patronal y a las reprochables medidas de desabastecimiento que duraron meses y perjudicaron al pueblo. Dijimos también que entre el gobierno y "el campo" estaba el pueblo argentino que reclamaba una pronta y verdadera solución al conflicto. La "cinchada" tuvo que prolongarse más de 100 días para que el gobierno comprendiera que debía girar el tema al Congreso. Las retenciones móviles -tal como las establecía la Resolución 125- no cayeron sólo por la conjura de la reacción. La verdad es que el gobierno, con mayoría parlamentaria, fue traicionado por los hombres de sus propias filas que fueron incorporados por el mismo Kirchner en su Frente Para la Victoria, como Romero, Schiaretti, Reutemann, etc. El voto del vicepresidente Cobos fue el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias y traiciones.
4. No perdamos las energías en un desorientador maniqueísmo. Es necesario construir una gran alternativa para el país. Estamos ante la oportunidad de construir un Proyecto Agropecuario Nacional, cuyo actor principal, junto a los pequeños y medianos productores (pequeña burguesía agraria, campesinos, indígenas, trabajadores rurales), es el Estado, a través del restablecimiento de las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, monopolio público del comercio exterior, líneas de créditos baratos, el INTA y las universidades aportando semillas y tecnología, quien puede contrarrestar la destructiva tendencia al monocultivo sojero. Se ha logrado debatir con profundidad y se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del tema agrario. Hay presentados en el Parlamento iniciativas y proyectos que establecen retenciones móviles minuciosamente segmentadas, ley de arrendamientos, entre otros. El gobierno nacional tiene la oportunidad de reconstruir el consenso para un verdadero proyecto agropecuario que procure el repoblamiento del campo y la soberanía alimentaria de los argentinos. Allí está la propuesta y predisposición de Proyecto Sur para confluir con otras fuerzas en un gran camino de reconstrucción. Esperamos que el gobierno nacional oiga y tome nota de estos aportes.
Fernando "Pino" Solanas
22 de julio de 2008
martes, 22 de julio de 2008
Encuentro de reflexión y propuestas políticas en Moreno
Encuentro de reflexión y propuestas políticas colectivas de Moreno
El sábado 12 de Julio se realizó convocado por PROYECTO SUR MORENO un Encuentro de reflexión y propuestas políticas colectivas para Moreno.
Desde tempranito fueron llegando los primeros compañeros y compañeras para comenzar a preparar el locro que mas tarde seria uno de los momentos principales de la reunión: compartir la comida, el vino, la palabra, en fin... la vida. Lentamente se fue colmando el local de la Martín Fierro donde Proyecto Sur Moreno tiene como lugar de Encuentro desde los inicios para lo polìtico, lo social y lo cultural; en unclima de verdadera camaradería nos fuimos encontrando y reencontrado, no faltaron los referentes que peinan canas con toda su experiencia incluyendo a Jorge Lascalea, vecino sabio entre los sabios, escritor del diario local más importante, siempre dispuesto a brindar generosamente su experiencia de décadas y décadas de lucha y de coherencia.
Por otra parte varios jóvenes se repartían por el salón a la hora de las presentaciones , en síntesis una mezcla de entusiasmo y experiencia: dos elementos claves a la hora de construir Proyecto Sur.
Respondieron al cordial llamado vecinos y vecinas de distintos puntos de Moreno: FCO. ALVAREZ, PASO DEL REY, LOMAS , TRUJUI ,CUARTEL V , LA REJA,VILLA ANITA, SAN JOSÉ, y para destacar la presencia del barrio LAS CATONAS con referentes del Centro Cultural Catonas y la Banda de Sikus del mismo barrio que nos acompaño infundiendo mensaje, ritmo y energía al sonido del viento y de los bombos. Para el debate del Encuentro se pasó un video mostrando los contrastes de la localidad: marginalidad, basura, inexistente sistema de salud, transporte monopòlico e ineficiente, etc; al mismo tiempo un fuerte crecimiento de countries y barrios cerrados, bingos, timba y la creciente desigualdad como realidad.
Pero también mostraba la esperanza, cantidad de vecinos y vecinas dispuestos a organizar colectivo, a crear, a mostrar que se puede. Hubo reconocidos aplausos para los compañeros de Proyecto Sur Moreno que realizaron el video. La jornada nos brindo a todas y todos la posibilidad de conocernos, de saber que no estamos solos, que se van sumando valiosos compañeros y compañeras.
Al final las propuestas del Encuentro llegaron:
1- por el lado de las distintas oportunidades que abre el barrio. Aquì se plantearon acciones concretas de articulación.
2- el rescate de lo pedagógico como desafió crucial de esta etapa. La propuesta esta en marcha, guarda todo el potencial de lo nuevo y transmite la alegría y la confianza que esta creciendo en buenas manos.
Gustavo Zarza
Proyecto Sur Moreno realiza sus reuniones todos los días martes a las 19 hs. en Av. Libertador 875 Moreno.
El sábado 12 de Julio se realizó convocado por PROYECTO SUR MORENO un Encuentro de reflexión y propuestas políticas colectivas para Moreno.
Desde tempranito fueron llegando los primeros compañeros y compañeras para comenzar a preparar el locro que mas tarde seria uno de los momentos principales de la reunión: compartir la comida, el vino, la palabra, en fin... la vida. Lentamente se fue colmando el local de la Martín Fierro donde Proyecto Sur Moreno tiene como lugar de Encuentro desde los inicios para lo polìtico, lo social y lo cultural; en unclima de verdadera camaradería nos fuimos encontrando y reencontrado, no faltaron los referentes que peinan canas con toda su experiencia incluyendo a Jorge Lascalea, vecino sabio entre los sabios, escritor del diario local más importante, siempre dispuesto a brindar generosamente su experiencia de décadas y décadas de lucha y de coherencia.
Por otra parte varios jóvenes se repartían por el salón a la hora de las presentaciones , en síntesis una mezcla de entusiasmo y experiencia: dos elementos claves a la hora de construir Proyecto Sur.
Respondieron al cordial llamado vecinos y vecinas de distintos puntos de Moreno: FCO. ALVAREZ, PASO DEL REY, LOMAS , TRUJUI ,CUARTEL V , LA REJA,VILLA ANITA, SAN JOSÉ, y para destacar la presencia del barrio LAS CATONAS con referentes del Centro Cultural Catonas y la Banda de Sikus del mismo barrio que nos acompaño infundiendo mensaje, ritmo y energía al sonido del viento y de los bombos. Para el debate del Encuentro se pasó un video mostrando los contrastes de la localidad: marginalidad, basura, inexistente sistema de salud, transporte monopòlico e ineficiente, etc; al mismo tiempo un fuerte crecimiento de countries y barrios cerrados, bingos, timba y la creciente desigualdad como realidad.
Pero también mostraba la esperanza, cantidad de vecinos y vecinas dispuestos a organizar colectivo, a crear, a mostrar que se puede. Hubo reconocidos aplausos para los compañeros de Proyecto Sur Moreno que realizaron el video. La jornada nos brindo a todas y todos la posibilidad de conocernos, de saber que no estamos solos, que se van sumando valiosos compañeros y compañeras.
Al final las propuestas del Encuentro llegaron:
1- por el lado de las distintas oportunidades que abre el barrio. Aquì se plantearon acciones concretas de articulación.
2- el rescate de lo pedagógico como desafió crucial de esta etapa. La propuesta esta en marcha, guarda todo el potencial de lo nuevo y transmite la alegría y la confianza que esta creciendo en buenas manos.
Gustavo Zarza
Proyecto Sur Moreno realiza sus reuniones todos los días martes a las 19 hs. en Av. Libertador 875 Moreno.
viernes, 18 de julio de 2008
LA NOCHE DEL SENADO
Alcira Argumedo y Pino Solanas.
La decisión de la Cámara Alta, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política y un llamado de atención hacia las formas de conducción gubernamental del kischnerismo. El proyecto del gobierno no cayó solamente por el voto de Cobos o gracias a una confabulación reaccionaria. También aportaron la tozudez y la negativa del gobierno, que se negó a consensuar determinadas reformas al proyecto con otros sectores que buscaban segmentar las retenciones y dar prioridad a la investigación de la grosera defraudación realizada contra el Estado por las grandes exportadoras de granos y oleaginosas. A partir de noviembre del 2007 y hasta fines de mayo del 2008, debido a la negligencia o complicidad de las autoridades, las retenciones sirvieron para estafar al Fisco en 1.169 millones de dólares, que las exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al Fisco. En esta dirección apuntaba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de Claudio Lozano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.
La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevo al país a atravesar más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en diputados no sirvió como advertencia: durante su tratamiento en el Senado, el gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentamiento con “el campo”.
Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones –dentro de una lógica de confrontación amigos-enemigos- tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la Ley Antiterrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del P.J -uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del conourbano, y más cómplices del saqueo nacional- fueron considerados golpistas, anti-democráticos, integrantes de una “nueva derecha” anti-popular; con los cuales es imposible llegar a cualquier tipo de consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del gobierno busquen ese consenso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.
Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas -un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país- que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo –impidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales- el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden cometerse “errores de escala”. Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos doscientos mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta, como son las retenciones móviles, e ignorando además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomicios no tributan ganancias.
Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra “el campo” durante más de cuatro meses, ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del INDEC; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica.
Proyecto Sur 17/7/08
La decisión de la Cámara Alta, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política y un llamado de atención hacia las formas de conducción gubernamental del kischnerismo. El proyecto del gobierno no cayó solamente por el voto de Cobos o gracias a una confabulación reaccionaria. También aportaron la tozudez y la negativa del gobierno, que se negó a consensuar determinadas reformas al proyecto con otros sectores que buscaban segmentar las retenciones y dar prioridad a la investigación de la grosera defraudación realizada contra el Estado por las grandes exportadoras de granos y oleaginosas. A partir de noviembre del 2007 y hasta fines de mayo del 2008, debido a la negligencia o complicidad de las autoridades, las retenciones sirvieron para estafar al Fisco en 1.169 millones de dólares, que las exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al Fisco. En esta dirección apuntaba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de Claudio Lozano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.
La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevo al país a atravesar más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en diputados no sirvió como advertencia: durante su tratamiento en el Senado, el gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentamiento con “el campo”.
Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones –dentro de una lógica de confrontación amigos-enemigos- tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la Ley Antiterrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del P.J -uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del conourbano, y más cómplices del saqueo nacional- fueron considerados golpistas, anti-democráticos, integrantes de una “nueva derecha” anti-popular; con los cuales es imposible llegar a cualquier tipo de consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del gobierno busquen ese consenso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.
Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas -un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país- que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo –impidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales- el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden cometerse “errores de escala”. Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos doscientos mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta, como son las retenciones móviles, e ignorando además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomicios no tributan ganancias.
Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra “el campo” durante más de cuatro meses, ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del INDEC; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica.
Proyecto Sur 17/7/08
miércoles, 16 de julio de 2008
UNA NUEVA ESTAFA AL PUEBLO ARGENTINO
Frente al tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de Ley sobre las retenciones, Movimiento Proyecto Sur denuncia una nueva y grave estafa económica e informativa.
Entre el 11 de noviembre del 2007 y el 31 de mayo del 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones.
En ese período, las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones.
Este hecho, reconocido en el debate en la Cámara de Diputados, por funcionarios del gobierno nacional y las propias cerealeras, fue denunciado por nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse (SI), Verónica Benas (SI), Lisandro Viale (PS) y Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana).
Además, Claudio Lozano presentó –junto al bloque del SI- un proyecto alternativo, alineado con lo que venimos planteando desde un principio: RETENCIONES MOVILES Y MUY GRADUALMENTE SEGMENTADAS, para no recargar al pequeño y beneficiar al grande.
Resulta inadmisible que esta denuncia parlamentaria contra los exportadores de granos por defraudación y estafa en perjuicio del Estado haya sido desoída e incluso silenciada.
No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores. No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado. Los elementos son obvios y contundentes y se requiere de una Comisión Investigadora que desde el Parlamento produzca todas las pruebas que correspondan, pero que además deje en claro si estamos en presencia de un simple negocio de algunos funcionarios con las cerealeras, o si la propia Resolución 125 se definió con el solo objetivo de cubrirles las espaldas a las mismas. Tamaña cuestión no puede soslayarse. Es más, resulta francamente absurdo y abstracto luego de esta demostración, que el Parlamento siga debatiendo ratificar o suspender una resolución por la cual el Estado no ha cobrado un peso. ¡Y que ha servido para que los productores paguen retenciones por encima del 35 y 40% mientras el Estado ha percibido, como máximo, el 24,45%! Las diferencias de entre 11 y 25 puntos entre lo que le retienen al productor al comprarle la cosecha, y lo que terminan liquidándole al Estado, explican los u$s 1.1169 millones que Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, LDC, Nidera, Molinos y otros se han apropiado a expensas de todos los argentinos. Lo expuesto no supone solo una denuncia. Implica un cambio drástico del eje político bajo el cual se debe abordar la resolución de este conflicto. Este es el camino que desde un primer momento le propusimos al oficialismo parlamentario y que consiste en desplazar falacias y abstracciones para avanzar en:
- Frenar el negociado;
- Constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación;
- Remoción de los funcionarios sospechados;
- Recuperar los recursos públicos;
- Instituir un nuevo sistema de retenciones móviles que tome en cuenta los costos de producción locales, que profundice la diferencia a favor de los pequeños y medianos productores con y sin tierra, al tiempo que compense adecuadamente al conjunto de los cultivos y no solo a la soja tal cual lo hace el proyecto oficial.
Sintetizando, la Resolución 125 no se cumple. El Estado no ha cobrado un dólar de las famosas retenciones móviles por encima del 35% que las exportadoras sí les han cobrado a los productores, y lo más paradójico del caso, es que de esta forma no se están entrando un solo peso al Fondo para hospitales y escuelas creado por el gobierno en el medio del conflicto.
PROYECTO SUR fue -oportuno es recordarlo- la primera fuerza que desde los orígenes del conflicto planteo que tanto el gobierno como el campo estaban dejando afuera del problema a las mayores beneficiarias de la renta agraria -las exportadoras del cereal- y denunciamos las reiteradas estafas contra el fisco producidas por la tercerización de las exportaciones y operaciones en negro. ¿Qué puede decirse de un gobierno que todavía ha sido incapaz de imponer un eficaz control público sobre las exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos? ¿Cómo puede aceptarse que la riqueza de la Nación, que son sus recursos naturales, se extraiga y exporte a simple declaración jurada de las corporaciones? ¿A qué ciudadano o empresario nacional le permiten llevarse divisas de los bancos públicos y meses después declarar lo extraído? ¿La justicia no debería proceder contra estos delitos de negligencia o complicidad de los mayores funcionarios con el saqueo de la Nación?
PROYECTO SUR ha defendido desde sus orígenes las retenciones móviles y segmentadas y exigió que se hagan extensivas a la minería. Hemos criticado la aplicación del proyecto que metía en la misma bolsa a poderosos y pequeños, como lo hace con su reaccionario sistema impositivo que iguala injustamente a todos con el IVA.
PROYECTO SUR, a través de Claudio lozano, presento junto al bloque del SI un proyecto alternativo al del oficialismo que –estamos seguros- hubiera puesto fin a este conflicto, consolidando la facultad del Estado de intervenir en la economía. Y reclamó ante todo, la formación de una Comisión Investigadora de la Estafa que se está cometiendo.
Estamos convencidos que no es cierto de que haya dos posiciones, la del gobierno y la del campo. Una popular y democrática y otra golpista y "destituyente". La realidad es más compleja. Y no puede ser simplificada por la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación "golpista" que pretenden sacar provecho del reclamo del "campo". Este planteo dicotómico, por un lado, relativiza el negociado y, por otro, niega la existencia de miles de pequeños y medianos productores junto a la emergencia de una burguesía media rural, todos protagonistas de los pueblos del interior y que son claves –junto a las comunidades originarias, los agricultores familiares y los y las trabajadores/as rurales y urbanos- para un proyecto de desarrollo nacional con soberanía popular y justicia social.
En tal sentido, ratificamos la necesidad de definir una política agropecuaria nacional de amplio consenso, regida por los principios de la soberanía alimentaria y la democratización de las relaciones económicas, que sea capaz de distinguir los diferentes sectores sociales del agro y también las diferentes regiones a la hora de los costos, con políticas que tengan especialmente en cuenta a los agricultores familiares y que castiguen fuertemente el trabajo precario e ilegal en el campo.
Ha sido la negativa tozuda e incomprensible a la justa solución que planteamos lo que ha impedido la construcción de un proyecto de consenso y lo que explica nuestro voto negativo. Voto conciente contra la mentira y la estafa. Voto que en todo momento sostuvo que este problema no se resolvía ni con un amontonamiento antikirchnerista en el que conviven las buenas intenciones con los que no quieren regulación alguna, ni tampoco con propuestas regulatorias asociadas al negociado. Es el gobierno y sus profundas contradicciones el responsable de tanto desatino y, por supuesto, de sus consecuencias.
MOVIMIENTO PROYECTO SUR
Claudio Lozano, Pino Solanas, Mario Mazzitelli, Leopoldo González, Alcira Argumedo, Jorge Selser, Jorge Cardelli, Luis Brunati, Carlos Del Frade
Entre el 11 de noviembre del 2007 y el 31 de mayo del 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones.
En ese período, las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones.
Este hecho, reconocido en el debate en la Cámara de Diputados, por funcionarios del gobierno nacional y las propias cerealeras, fue denunciado por nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse (SI), Verónica Benas (SI), Lisandro Viale (PS) y Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana).
Además, Claudio Lozano presentó –junto al bloque del SI- un proyecto alternativo, alineado con lo que venimos planteando desde un principio: RETENCIONES MOVILES Y MUY GRADUALMENTE SEGMENTADAS, para no recargar al pequeño y beneficiar al grande.
Resulta inadmisible que esta denuncia parlamentaria contra los exportadores de granos por defraudación y estafa en perjuicio del Estado haya sido desoída e incluso silenciada.
No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores. No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado. Los elementos son obvios y contundentes y se requiere de una Comisión Investigadora que desde el Parlamento produzca todas las pruebas que correspondan, pero que además deje en claro si estamos en presencia de un simple negocio de algunos funcionarios con las cerealeras, o si la propia Resolución 125 se definió con el solo objetivo de cubrirles las espaldas a las mismas. Tamaña cuestión no puede soslayarse. Es más, resulta francamente absurdo y abstracto luego de esta demostración, que el Parlamento siga debatiendo ratificar o suspender una resolución por la cual el Estado no ha cobrado un peso. ¡Y que ha servido para que los productores paguen retenciones por encima del 35 y 40% mientras el Estado ha percibido, como máximo, el 24,45%! Las diferencias de entre 11 y 25 puntos entre lo que le retienen al productor al comprarle la cosecha, y lo que terminan liquidándole al Estado, explican los u$s 1.1169 millones que Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, LDC, Nidera, Molinos y otros se han apropiado a expensas de todos los argentinos. Lo expuesto no supone solo una denuncia. Implica un cambio drástico del eje político bajo el cual se debe abordar la resolución de este conflicto. Este es el camino que desde un primer momento le propusimos al oficialismo parlamentario y que consiste en desplazar falacias y abstracciones para avanzar en:
- Frenar el negociado;
- Constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación;
- Remoción de los funcionarios sospechados;
- Recuperar los recursos públicos;
- Instituir un nuevo sistema de retenciones móviles que tome en cuenta los costos de producción locales, que profundice la diferencia a favor de los pequeños y medianos productores con y sin tierra, al tiempo que compense adecuadamente al conjunto de los cultivos y no solo a la soja tal cual lo hace el proyecto oficial.
Sintetizando, la Resolución 125 no se cumple. El Estado no ha cobrado un dólar de las famosas retenciones móviles por encima del 35% que las exportadoras sí les han cobrado a los productores, y lo más paradójico del caso, es que de esta forma no se están entrando un solo peso al Fondo para hospitales y escuelas creado por el gobierno en el medio del conflicto.
PROYECTO SUR fue -oportuno es recordarlo- la primera fuerza que desde los orígenes del conflicto planteo que tanto el gobierno como el campo estaban dejando afuera del problema a las mayores beneficiarias de la renta agraria -las exportadoras del cereal- y denunciamos las reiteradas estafas contra el fisco producidas por la tercerización de las exportaciones y operaciones en negro. ¿Qué puede decirse de un gobierno que todavía ha sido incapaz de imponer un eficaz control público sobre las exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos? ¿Cómo puede aceptarse que la riqueza de la Nación, que son sus recursos naturales, se extraiga y exporte a simple declaración jurada de las corporaciones? ¿A qué ciudadano o empresario nacional le permiten llevarse divisas de los bancos públicos y meses después declarar lo extraído? ¿La justicia no debería proceder contra estos delitos de negligencia o complicidad de los mayores funcionarios con el saqueo de la Nación?
PROYECTO SUR ha defendido desde sus orígenes las retenciones móviles y segmentadas y exigió que se hagan extensivas a la minería. Hemos criticado la aplicación del proyecto que metía en la misma bolsa a poderosos y pequeños, como lo hace con su reaccionario sistema impositivo que iguala injustamente a todos con el IVA.
PROYECTO SUR, a través de Claudio lozano, presento junto al bloque del SI un proyecto alternativo al del oficialismo que –estamos seguros- hubiera puesto fin a este conflicto, consolidando la facultad del Estado de intervenir en la economía. Y reclamó ante todo, la formación de una Comisión Investigadora de la Estafa que se está cometiendo.
Estamos convencidos que no es cierto de que haya dos posiciones, la del gobierno y la del campo. Una popular y democrática y otra golpista y "destituyente". La realidad es más compleja. Y no puede ser simplificada por la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación "golpista" que pretenden sacar provecho del reclamo del "campo". Este planteo dicotómico, por un lado, relativiza el negociado y, por otro, niega la existencia de miles de pequeños y medianos productores junto a la emergencia de una burguesía media rural, todos protagonistas de los pueblos del interior y que son claves –junto a las comunidades originarias, los agricultores familiares y los y las trabajadores/as rurales y urbanos- para un proyecto de desarrollo nacional con soberanía popular y justicia social.
En tal sentido, ratificamos la necesidad de definir una política agropecuaria nacional de amplio consenso, regida por los principios de la soberanía alimentaria y la democratización de las relaciones económicas, que sea capaz de distinguir los diferentes sectores sociales del agro y también las diferentes regiones a la hora de los costos, con políticas que tengan especialmente en cuenta a los agricultores familiares y que castiguen fuertemente el trabajo precario e ilegal en el campo.
Ha sido la negativa tozuda e incomprensible a la justa solución que planteamos lo que ha impedido la construcción de un proyecto de consenso y lo que explica nuestro voto negativo. Voto conciente contra la mentira y la estafa. Voto que en todo momento sostuvo que este problema no se resolvía ni con un amontonamiento antikirchnerista en el que conviven las buenas intenciones con los que no quieren regulación alguna, ni tampoco con propuestas regulatorias asociadas al negociado. Es el gobierno y sus profundas contradicciones el responsable de tanto desatino y, por supuesto, de sus consecuencias.
MOVIMIENTO PROYECTO SUR
Claudio Lozano, Pino Solanas, Mario Mazzitelli, Leopoldo González, Alcira Argumedo, Jorge Selser, Jorge Cardelli, Luis Brunati, Carlos Del Frade
jueves, 10 de julio de 2008
Claudio Lozano en el Congreso
Versión Taquigráfica del Dip. Claudio Lozano el Viernes 4 de julio de 2008
Sr. Lozano.- Señora presidenta: saludando la posibilidad que nos hemos dado del debate parlamentario, debo decir que desde un comienzo hemos tratado de trabajar en dos direcciones. La primera de ellas es no discutir en abstracto sino en concreto; y la segunda, tratar de abrir los mejores y mayores mecanismos para alcanzar el mínimo consenso y garantizar una solución al conflicto que tenemos planteado.
Lo hemos dicho con todas las letras: esto no se resuelve desde la lucha de oficialismo y oposición. No se resuelve con un oficialismo derrotando al campo ni con una oposición que, en todo caso? tenga como objetivo derrotar al gobierno.
No va a ser con un amontonamiento anti-oficial donde convivan las mejores intenciones con aquellos que no quieren la regulación estatal, ni tampoco con una regulación vinculada a un frente oficialista debilitado que asocia la regulación con el negociado.
Ninguna de esas dos variantes es la que tenemos que transitar.
Antes del comienzo de esta sesión planteamos la posibilidad de hacer una mesa de trabajo donde los distintos dictámenes que existen pudieran confluir en una propuesta que permitiera terminar de resolver el problema. Esto es lo que falta, y aspiramos a que esta sesión -si fuera posible- sea esa mesa de consenso.
Se ha hablado y casi se ha dividido el debate en términos de ratificar o derogar la resolución 125, o en todo caso? -como algunos plantean- suspenderla. Desde el comienzo del debate dijimos: no hablemos de abstracciones. Desde que existe la resolución 125 el Estado argentino no ha cobrado un peso de las retenciones que esa resolución estipula. A pesar de que existen retenciones que superan el 40 por ciento, esas retenciones las pagan los productores, mientras que el Estado percibe como mucho el 24 por ciento. Por detrás de esta situación y en este contexto, no hay una situación donde estemos captando rentas extraordinarias, sino que en la práctica se ha consumado un negociado extraordinario en favor de las trasnacionales que manejan el comercio de cereales y en desmedro de los productores y del Estado argentino.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Esa cifra significa 1.200 millones de dólares que salieron del bolsillo de los productores pero que no están en manos del Estado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Es exactamente la misma cifra que se quería recaudar por retenciones para financiar políticas públicas de distribución del ingreso.
Por lo tanto, para no hablar en el aire, hay que decir que no tiene sentido discutir si hay que mantener una resolución que no se cumple. Tampoco se puede proponer que se suspenda lo que no existe.
Acá hay que parar el negociado! Hay que identificar a los cómplices y responsables, y hay que instituir un nuevo régimen de retenciones compatible con una propuesta agropecuaria seria! Ese es el camino razonable del debate que tenemos planteado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Y hablo de complicidad dado que esto se pudo hacer porque hubo funcionarios gubernamentales que no cerraron el registro de exportaciones en el momento en que debieron cerrarlo. También lo digo porque cuando en esta Cámara de Diputados elaboramos una ley para que esto no siguiera ocurriendo, hubo un senador oficialista, Urquía (dueño de Aceitera General Deheza), que limitó la capacidad y potencialidad de esa norma?
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- y porque además demoraron cinco meses en reglamentar el instrumento que teníamos.
Este Parlamento no puede pasar por alto este tema, por lo que en la próxima sesión vamos a plantear con toda claridad una preferencia para que se constituya una comisión parlamentaria de seguimiento de lo que ha ocurrido en esta cuestión.
Quiero decir también que hay sospechosas ausencias en la lista de empresas que desde la ONCCA, en el debate de la comisión nos dijeron que iban a comenzar a demandar. Hay un conjunto importante de empresas, en general las aceiteras, como Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín Molinos Cañuelas -que fueron las que apropiaron la mayor parte de estos 1.200 millones de dólares- que ni siquiera forman parte del listado que nos dieron. (Aplausos.)
Es por esta razón que sostenemos que el debate no significa mantener o suspender una resolución que no se cumple. Hay que hacer otra cosa, y esa otra cosa es el dictamen conjunto que hemos presentado con los compañeros del SI, en el que planteamos que efectivamente en la práctica se necesitan retenciones. No somos de los que descreemos de ese instrumento. Sabemos que existe renta extraordinaria en el sector agropecuario y sabemos también que hay que captarla. Los estudios del INTA nos muestran, por ejemplo, que para la zona de Balcarce la renta extraordinaria está en el orden del 82,6 por ciento al nivel de los precios internacionales. Pero esa es una zona, y hay que entender que no todas las zonas ni todos los productores son iguales, sino que hay actores diversos dentro de la cadena agropecuaria. Por ende, no alcanza con un solo instrumento como la retención para captar la renta extraordinaria que allí existe.
Por lo tanto, dado que llegamos a este debate mal, como no tenemos políticas integrales sobre el sector agropecuario, terminamos discutiendo de manera dificultosa cómo diferenciar las retenciones.
Estamos de acuerdo con que existan retenciones, incluso retenciones móviles. Pero planteamos que no pueden existir ni fijar techos si no hay también un índice de costos. Ese índice de costos local debe estar también dentro de la norma para poder ir maniobrando con las retenciones de manera tal que tengan razonabilidad y justicia. Por eso nuestro proyecto incorpora un índice de costos a ser definido por la Secretaría de Agricultura.
Asimismo, hemos planteado una segmentación al interior de las retenciones para que el mayor apoyo llegue a los pequeños y medianos productores.
Hemos hecho divisiones hasta 300, hasta 600, entre 600 y 1.000 y entre 1.000 y 1.500 toneladas, y propusimos retenciones distintas: de 20, 25, 30 y 35 por ciento. Y por encima de las 1.500 toneladas, sí regirán las retenciones móviles plenas. Este planteo permite resolver la situación en la que nos encontramos; permite dar respuesta a una burguesía media rural que está pidiendo lugar en el marco de este conflicto, y que si fuéramos serios deberíamos brindarle las condiciones para consolidarse de manera autónoma respecto a aquellos actores del campo que efectivamente son parte de estrategias que no contribuyen al desarrollo nacional.
Necesitamos pequeños y medianos productores, para que junto con los trabajadores rurales, los aborígenes y los campesinos hagan posible la construcción de un horizonte de soberanía alimentaria en la Argentina.
Nuestro proyecto además incorpora los beneficios y compensaciones no sólo en soja y girasol, como el proyecto oficial, sino también en maíz y trigo, por la sencilla razón que que resulta contradictorio que digamos que vamos a "desojizar" el campo pero las compensaciones sean para la soja y no para el maíz y el trigo.(Aplausos.)
Estamos elevando la rentabilidad de los sojeros en desmedro de los demás (Aplausos.)
Este es el proyecto que presentamos. El compañero Carlos Raimundi hará referencia a otras cuestiones relativas a esta iniciativa. Vuelvo a insistir en que propusimos una mesa de consenso, y ojalá podamos razonar en este recinto, abrir la cabeza y garantizar el consenso para que además de votar, resolvamos el conflicto existente. (Aplausos).
Sr. Lozano.- Señora presidenta: saludando la posibilidad que nos hemos dado del debate parlamentario, debo decir que desde un comienzo hemos tratado de trabajar en dos direcciones. La primera de ellas es no discutir en abstracto sino en concreto; y la segunda, tratar de abrir los mejores y mayores mecanismos para alcanzar el mínimo consenso y garantizar una solución al conflicto que tenemos planteado.
Lo hemos dicho con todas las letras: esto no se resuelve desde la lucha de oficialismo y oposición. No se resuelve con un oficialismo derrotando al campo ni con una oposición que, en todo caso? tenga como objetivo derrotar al gobierno.
No va a ser con un amontonamiento anti-oficial donde convivan las mejores intenciones con aquellos que no quieren la regulación estatal, ni tampoco con una regulación vinculada a un frente oficialista debilitado que asocia la regulación con el negociado.
Ninguna de esas dos variantes es la que tenemos que transitar.
Antes del comienzo de esta sesión planteamos la posibilidad de hacer una mesa de trabajo donde los distintos dictámenes que existen pudieran confluir en una propuesta que permitiera terminar de resolver el problema. Esto es lo que falta, y aspiramos a que esta sesión -si fuera posible- sea esa mesa de consenso.
Se ha hablado y casi se ha dividido el debate en términos de ratificar o derogar la resolución 125, o en todo caso? -como algunos plantean- suspenderla. Desde el comienzo del debate dijimos: no hablemos de abstracciones. Desde que existe la resolución 125 el Estado argentino no ha cobrado un peso de las retenciones que esa resolución estipula. A pesar de que existen retenciones que superan el 40 por ciento, esas retenciones las pagan los productores, mientras que el Estado percibe como mucho el 24 por ciento. Por detrás de esta situación y en este contexto, no hay una situación donde estemos captando rentas extraordinarias, sino que en la práctica se ha consumado un negociado extraordinario en favor de las trasnacionales que manejan el comercio de cereales y en desmedro de los productores y del Estado argentino.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Esa cifra significa 1.200 millones de dólares que salieron del bolsillo de los productores pero que no están en manos del Estado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Es exactamente la misma cifra que se quería recaudar por retenciones para financiar políticas públicas de distribución del ingreso.
Por lo tanto, para no hablar en el aire, hay que decir que no tiene sentido discutir si hay que mantener una resolución que no se cumple. Tampoco se puede proponer que se suspenda lo que no existe.
Acá hay que parar el negociado! Hay que identificar a los cómplices y responsables, y hay que instituir un nuevo régimen de retenciones compatible con una propuesta agropecuaria seria! Ese es el camino razonable del debate que tenemos planteado.
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- Y hablo de complicidad dado que esto se pudo hacer porque hubo funcionarios gubernamentales que no cerraron el registro de exportaciones en el momento en que debieron cerrarlo. También lo digo porque cuando en esta Cámara de Diputados elaboramos una ley para que esto no siguiera ocurriendo, hubo un senador oficialista, Urquía (dueño de Aceitera General Deheza), que limitó la capacidad y potencialidad de esa norma?
- Aplausos y manifestaciones en las galería.
Sr. Lozano.- y porque además demoraron cinco meses en reglamentar el instrumento que teníamos.
Este Parlamento no puede pasar por alto este tema, por lo que en la próxima sesión vamos a plantear con toda claridad una preferencia para que se constituya una comisión parlamentaria de seguimiento de lo que ha ocurrido en esta cuestión.
Quiero decir también que hay sospechosas ausencias en la lista de empresas que desde la ONCCA, en el debate de la comisión nos dijeron que iban a comenzar a demandar. Hay un conjunto importante de empresas, en general las aceiteras, como Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín Molinos Cañuelas -que fueron las que apropiaron la mayor parte de estos 1.200 millones de dólares- que ni siquiera forman parte del listado que nos dieron. (Aplausos.)
Es por esta razón que sostenemos que el debate no significa mantener o suspender una resolución que no se cumple. Hay que hacer otra cosa, y esa otra cosa es el dictamen conjunto que hemos presentado con los compañeros del SI, en el que planteamos que efectivamente en la práctica se necesitan retenciones. No somos de los que descreemos de ese instrumento. Sabemos que existe renta extraordinaria en el sector agropecuario y sabemos también que hay que captarla. Los estudios del INTA nos muestran, por ejemplo, que para la zona de Balcarce la renta extraordinaria está en el orden del 82,6 por ciento al nivel de los precios internacionales. Pero esa es una zona, y hay que entender que no todas las zonas ni todos los productores son iguales, sino que hay actores diversos dentro de la cadena agropecuaria. Por ende, no alcanza con un solo instrumento como la retención para captar la renta extraordinaria que allí existe.
Por lo tanto, dado que llegamos a este debate mal, como no tenemos políticas integrales sobre el sector agropecuario, terminamos discutiendo de manera dificultosa cómo diferenciar las retenciones.
Estamos de acuerdo con que existan retenciones, incluso retenciones móviles. Pero planteamos que no pueden existir ni fijar techos si no hay también un índice de costos. Ese índice de costos local debe estar también dentro de la norma para poder ir maniobrando con las retenciones de manera tal que tengan razonabilidad y justicia. Por eso nuestro proyecto incorpora un índice de costos a ser definido por la Secretaría de Agricultura.
Asimismo, hemos planteado una segmentación al interior de las retenciones para que el mayor apoyo llegue a los pequeños y medianos productores.
Hemos hecho divisiones hasta 300, hasta 600, entre 600 y 1.000 y entre 1.000 y 1.500 toneladas, y propusimos retenciones distintas: de 20, 25, 30 y 35 por ciento. Y por encima de las 1.500 toneladas, sí regirán las retenciones móviles plenas. Este planteo permite resolver la situación en la que nos encontramos; permite dar respuesta a una burguesía media rural que está pidiendo lugar en el marco de este conflicto, y que si fuéramos serios deberíamos brindarle las condiciones para consolidarse de manera autónoma respecto a aquellos actores del campo que efectivamente son parte de estrategias que no contribuyen al desarrollo nacional.
Necesitamos pequeños y medianos productores, para que junto con los trabajadores rurales, los aborígenes y los campesinos hagan posible la construcción de un horizonte de soberanía alimentaria en la Argentina.
Nuestro proyecto además incorpora los beneficios y compensaciones no sólo en soja y girasol, como el proyecto oficial, sino también en maíz y trigo, por la sencilla razón que que resulta contradictorio que digamos que vamos a "desojizar" el campo pero las compensaciones sean para la soja y no para el maíz y el trigo.(Aplausos.)
Estamos elevando la rentabilidad de los sojeros en desmedro de los demás (Aplausos.)
Este es el proyecto que presentamos. El compañero Carlos Raimundi hará referencia a otras cuestiones relativas a esta iniciativa. Vuelvo a insistir en que propusimos una mesa de consenso, y ojalá podamos razonar en este recinto, abrir la cabeza y garantizar el consenso para que además de votar, resolvamos el conflicto existente. (Aplausos).
martes, 8 de julio de 2008
9 de Julio: Jornadas del 'Tren Para Todos' en Corrientes
El día miércoles 9 de julio se llevará a cabo en todo el país la Primera Jornada Nacional del Movimiento Tren Para Todos. Por la reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Y por la anulación del proyecto del Tren Bala.-
lunes, 30 de junio de 2008
Muestra de fotografía ferroviaria
Atlas de Hierro
Fotogalería 2008, convocada por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Facultad de cencias sociales, sede Ramos Mejía.
Fotogalería 2008, convocada por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Facultad de cencias sociales, sede Ramos Mejía.
miércoles, 25 de junio de 2008
A.R.S. ASTILLERO RIO SANTIAGO
Sábado 5 de julio a las 18hs por Canal 7
Video documental de 1 hora de duracion. Cuenta la Historia del Astillero mas grande de latinoamerica y la lucha de sus trabajadores para mantenerlo en funcionamiento y Estatal. Este documental intenta reivindicar el rol del trabajador y su producción artesanal en contraposición a la especulación financiera y la "derrota cultural" que nos hace pensar que lo importado es mejor que la industria nacional y que lo estatal es peor que las empresas privadas. Realizada por Ivan Gotthold y estrenada en el 19º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2004.
martes, 24 de junio de 2008
Por un Campo productivo al servicio de la Nación y nuestro Pueblo
Frente a la decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso de la Nación el tratamiento de las retenciones móviles, Movimiento Proyecto Sur expresa su posición ante la "cuestión agraria", considerando que no estamos frente a una problemática sectorial sino nacional, puesto que se compromete el interés de todos los argentinos, en especial el de los sectores de más bajos recursos.
A 100 días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsabilidad central del gobierno, quien con una medida desacertada aglutinó a los diversos sectores del campo a pesar de la diversidad de sus intereses. También es un deber mencionar la responsabilidad de las entidades gremiales agrarias, históricamente representativas de muy distintos intereses, pero hoy abroqueladas. Para nosotros, no es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dictaduras y al saqueo de la nación, que quienes nacieron del "Grito de Alcorta". A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoyados en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes multinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.
Por último, también marcamos el lamentable papel que ha jugando parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pretenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al gobierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de "golpe" para cerrar filas e impedir el debate que nos debemos.
Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gradualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería, que incluso goza de exenciones impositivas y subsidios. Política que también beneficia a las corporaciones petroleras y a la actividad itícola.
Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal – Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria. Es el caso de los pools de siembra y arrendatarios; los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de 10 has. cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblaciones. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.
Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino, exige atender el reclamo de las dos terceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto actual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones (Mocafor, Mocase, Frente Nacional Campesino, entre otros). No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Central 50.000 millones de dólares de reservas, existen regiones del país - como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco- con 50% de desnutrición, con más de 2,8 millones argentinos en estado de indigencia y más 5 millones en la pobreza?
Por estas razones, Proyecto Sur propicia:
Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.
Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evolución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad (en contraposición al monocultivo sojero), todo ello garantizado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.
Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa (de Soros, con 600.000 hectáreas) estén exentos del impuesto a la ganancia; el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con "mesas de concertación" por producto agrícola; una equitativa coparticipación federal; limitación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la producción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como herramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las Universidades Nacionales en la cuestión agraria; desarrollo de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multinacionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.
Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la iniciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones necesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la resolución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores de las enunciadas, (22% al 27%), mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no sólo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sector más concentrado.
Se puede. Sólo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la defensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la alimentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispensable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.
Desde sus inicios Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse sin no se recuperan para la Nación, los recursos naturales. Hoy volvemos a reiterarlo.
Por PROYECTO SUR: Fernando "Pino" Solanas – Alcira Argumedo – Luis Brunati - Claudio Lozano - Jorge Cardelli - Rubén Ruiz – Mario Mazzitelli – Jorge Selser – Carlos Del Frade
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A 100 días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsabilidad central del gobierno, quien con una medida desacertada aglutinó a los diversos sectores del campo a pesar de la diversidad de sus intereses. También es un deber mencionar la responsabilidad de las entidades gremiales agrarias, históricamente representativas de muy distintos intereses, pero hoy abroqueladas. Para nosotros, no es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dictaduras y al saqueo de la nación, que quienes nacieron del "Grito de Alcorta". A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoyados en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes multinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.
Por último, también marcamos el lamentable papel que ha jugando parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pretenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al gobierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de "golpe" para cerrar filas e impedir el debate que nos debemos.
Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gradualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería, que incluso goza de exenciones impositivas y subsidios. Política que también beneficia a las corporaciones petroleras y a la actividad itícola.
Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal – Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria. Es el caso de los pools de siembra y arrendatarios; los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de 10 has. cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblaciones. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.
Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino, exige atender el reclamo de las dos terceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto actual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones (Mocafor, Mocase, Frente Nacional Campesino, entre otros). No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Central 50.000 millones de dólares de reservas, existen regiones del país - como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco- con 50% de desnutrición, con más de 2,8 millones argentinos en estado de indigencia y más 5 millones en la pobreza?
Por estas razones, Proyecto Sur propicia:
Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.
Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evolución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad (en contraposición al monocultivo sojero), todo ello garantizado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.
Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa (de Soros, con 600.000 hectáreas) estén exentos del impuesto a la ganancia; el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con "mesas de concertación" por producto agrícola; una equitativa coparticipación federal; limitación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la producción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como herramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las Universidades Nacionales en la cuestión agraria; desarrollo de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multinacionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.
Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la iniciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones necesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la resolución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores de las enunciadas, (22% al 27%), mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no sólo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sector más concentrado.
Se puede. Sólo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la defensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la alimentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispensable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.
Desde sus inicios Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse sin no se recuperan para la Nación, los recursos naturales. Hoy volvemos a reiterarlo.
Por PROYECTO SUR: Fernando "Pino" Solanas – Alcira Argumedo – Luis Brunati - Claudio Lozano - Jorge Cardelli - Rubén Ruiz – Mario Mazzitelli – Jorge Selser – Carlos Del Frade
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miércoles, 18 de junio de 2008
La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta
Luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el referente de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas aseguró que "el debate que hoy queda abierto es cuáles son las rentas excepcionales que tiene la Argentina para acabar con la indigencia y la pobreza" y agregó: "¿Cuánto significa la renta de hidrocarburos?, ¿cuánto la de la minería, la de los pooles sojeros exentos del pago al impuesto a las ganancias, la de las multinacionales de exportación de granos y las pesqueras?"
Además, Solanas dijo que "el envío del proyecto de ley sobre las retenciones al Congreso debe permitir un amplio debate y no un paquete cerrado que impida la discusión sobre el tema. La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta, y que no son sólo las del agro. Esto merece un debate, además de discutir el modelo impositivo que arrastramos desde antes de Menem".
El Gobierno demostró tener menos cintura que un pavo al esperar
más de 90 días para que intervenga el Congreso en un tema tan conflictivo
El referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas se refirió a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agregó:
Por otro lado, la apreciación de la presidenta respecto a los principios democráticos es compartida por el referente de Proyecto Sur, quien aseguró: "nosotros recibimos con beneplácito la reafirmación de los principios democráticos y republicanos del cual el país no puede apartarse." "Las retenciones no pueden cuestionarse, pero el uso de este instrumento debe ampliarse a sectores donde se ponen en juego riquezas argentinas de mayor magnitud. Lo hemos dicho desde el primer momento: las retenciones móviles y bien segmentadas son legítimas y necesarias y no se justifica la continuidad del paro rural o los cortes de rutas", sostuvo Solanas y continuó: "el Gobierno sigue teniendo doble discurso porque las retenciones móviles también deben aplicarse al petróleo que en los últimos cien meses duplicó su precio. La disputa por los 800 millones que aportan las nuevas retenciones rurales es mucho menor que lo que podría haberse obtenido con el aumento de las retenciones petroleras".
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Además, Solanas dijo que "el envío del proyecto de ley sobre las retenciones al Congreso debe permitir un amplio debate y no un paquete cerrado que impida la discusión sobre el tema. La sociedad debe saber cuáles son las rentas excepcionales a las que se refiere la presidenta, y que no son sólo las del agro. Esto merece un debate, además de discutir el modelo impositivo que arrastramos desde antes de Menem".
El Gobierno demostró tener menos cintura que un pavo al esperar
más de 90 días para que intervenga el Congreso en un tema tan conflictivo
El referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas se refirió a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agregó:
Por otro lado, la apreciación de la presidenta respecto a los principios democráticos es compartida por el referente de Proyecto Sur, quien aseguró: "nosotros recibimos con beneplácito la reafirmación de los principios democráticos y republicanos del cual el país no puede apartarse." "Las retenciones no pueden cuestionarse, pero el uso de este instrumento debe ampliarse a sectores donde se ponen en juego riquezas argentinas de mayor magnitud. Lo hemos dicho desde el primer momento: las retenciones móviles y bien segmentadas son legítimas y necesarias y no se justifica la continuidad del paro rural o los cortes de rutas", sostuvo Solanas y continuó: "el Gobierno sigue teniendo doble discurso porque las retenciones móviles también deben aplicarse al petróleo que en los últimos cien meses duplicó su precio. La disputa por los 800 millones que aportan las nuevas retenciones rurales es mucho menor que lo que podría haberse obtenido con el aumento de las retenciones petroleras".
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viernes, 6 de junio de 2008
¿Es necesario que un obispo se crucifique en La Quiaca para que los gobiernos se enteren de que hay desnutrición y desocupados?
El obispo Jesús Olmedo junto a otros diez parroquianos representaron su crucifixión en La Quiaca y tres mil personas cortaron y ocuparon el puente internacional denunciando la gran emergencia social en que se encuentra el norte de Jujuy. Al respecto, el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas expresó: "¿Es necesario que un obispo se crucifique en La Quiaca para que los gobiernos se enteren de que el 50% de la población está desnutrida y el 60% desocupada?". "La presidenta habla de enfrentar la pobreza pero ¿qué explicación puede darnos teniendo cincuenta mil millones de dólares en el banco y habiendo recaudado miles de millones de las retenciones del campo?", agregó.
Solanas finalizó: ¿Cuántos más deberán crucificarse para movilizar la opinión pública? ¿Y el Gobierno cuándo seguirá teniendo tres millones y medio de indigentes y hambrientos mientras se producen en el país ciento treinta y cuatro millones de toneladas de alimentos?
Imitando lo de Cerro Dragón
Ahora Neuquén prorroga las concesiones petroleras
El Gobierno de Neuquén anunció que renegociará los contratos con las empresas petroleras
El referente de Proyecto Sur y Presidente del Grupo MORENO, Fernando "Pino" Solanas, se refirió al nuevo anuncio: "Imitando lo de Cerro Dragón, ahora es en Neuquén donde el gobernador Jorge Sapag prorroga las concesiones petroleras 10 años antes de lo que marca la ley, entregando una vez más, nuestro recursos estratégicos"."Como consecuencia de la transferencia que Kirchner hizo de los yacimientos a las provincias, el Gobierno de Sapag (como el de Das Neves en Chubut) pretende prorrogar las concesiones por 20 ó 30 años, 10 años antes de su vencimiento", añadió Solanas.Respecto a la falta de gas, el referente de Proyecto Sur expresó que "nos han chupado las reservas que teníamos y nuestro gas y petróleo se va al exterior mientras aquí falta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que saqueen nuestros recursos, que le pertenecen no sólo a nuestra generación sino a la de nuestros hijos y nietos?"
Solanas finalizó: ¿Cuántos más deberán crucificarse para movilizar la opinión pública? ¿Y el Gobierno cuándo seguirá teniendo tres millones y medio de indigentes y hambrientos mientras se producen en el país ciento treinta y cuatro millones de toneladas de alimentos?
Imitando lo de Cerro Dragón
Ahora Neuquén prorroga las concesiones petroleras
El Gobierno de Neuquén anunció que renegociará los contratos con las empresas petroleras
El referente de Proyecto Sur y Presidente del Grupo MORENO, Fernando "Pino" Solanas, se refirió al nuevo anuncio: "Imitando lo de Cerro Dragón, ahora es en Neuquén donde el gobernador Jorge Sapag prorroga las concesiones petroleras 10 años antes de lo que marca la ley, entregando una vez más, nuestro recursos estratégicos"."Como consecuencia de la transferencia que Kirchner hizo de los yacimientos a las provincias, el Gobierno de Sapag (como el de Das Neves en Chubut) pretende prorrogar las concesiones por 20 ó 30 años, 10 años antes de su vencimiento", añadió Solanas.Respecto a la falta de gas, el referente de Proyecto Sur expresó que "nos han chupado las reservas que teníamos y nuestro gas y petróleo se va al exterior mientras aquí falta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que saqueen nuestros recursos, que le pertenecen no sólo a nuestra generación sino a la de nuestros hijos y nietos?"
martes, 3 de junio de 2008
Coalición por una Radiodifusión Democrática
INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Los 21 puntos
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
Los 21 puntos
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
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